1/8 de reforma constitucional

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ana maria ruizAna María Ruiz Perea

@anaruizpe

Esta semana se realizó el primero de ocho trámites que se deben surtir en el congreso, al proyecto de reforma general al aparato del Estado que han llamado de “equilibrio de poderes”. No se llama reforma política, porque su alcance supera los temas electorales y partidistas; ni reforma a la justicia, porque no desglosa los códigos aunque pasa por alguno de ellos. Tiene de una y otra, y otras arandelas.

Se trata de una reforma constitucional amplia, que se autodefine como “al equilibrio de poderes” seguramente para que quede claro, desde el nombre mismo, que la estructura que sostiene la relación de los tres poderes del Estado está desbalanceada. Cuando se piensa en la cantidad de veces que, desde 1991, el congreso ha reformado pedacitos de la constitución, se entiende que haya desbalance en el sistema de pesos y contrapesos que le da equilibrio al régimen democrático, algo que parecen no entender quienes consideran que eso de cambiar un articulito tampoco es que sea la gran cosa. Error.

Aunque no saquen reglas de cálculo sobre sus curules, los constituyentes debaten un régimen y estructuran su operación. Es apenas obvio que después de tanta reforma fracturada y tanto articulito modificado a lo largo de estas décadas, andemos desbalanceados todos. De ahí la relevancia de esta reforma.

El primero de ocho trámites que requiere esta reforma se surtió esta semana en la Comisión I del Senado, que entregó pata segundo debate en la Cámara, un proyecto lleno de expectativas por la ingeniería que supone intentar poner en obra el desorden que tienen armado. Esto pasa por la obligatoriedad del voto ciudadano; la elección y reelección desde el presidente hasta el procurador, contralor y fiscal; la asignación de una curul para quien quede de segundo en las elecciones presidenciales; la creación de un tribunal a cargo del juzgamiento de los aforados.

Según Claudia López, proponente del Tribunal de Aforados, este tendrá nueve miembros, se encargará de la investigación y el juzgamiento de todos los magistrados de las altas cortes, el fiscal, el contralor y el procurador, y será escogido por el legislativo y el ejecutivo. Este nuevo organismo se encargará de hacer un juicio en derecho a los cargos mencionados, a diferencia del juicio que actualmente prevé la Constitución para ellos, que es un juicio político.

Se ha aprobado eliminar la reelección para presidente, procurador y fiscal; suprimir el Consejo Superior de la Judicatura; la conformación de listas ‘cremallera’ o intercaladas -conformadas por un hombre y una mujer, y el voto obligatorio a partir del 2018 y para los próximos tres periodos presidenciales. Según Viviane Morales y Horacio Serpa, senadores del Partido Liberal y proponentes de este ajuste, la obligatoriedad reduce considerablemente el alto índice de abstención electoral que hay en el país.

Y así. De lo que los senadores piensan que debe ser la operación de esta estructura, la Comisión I de la Cámara de Representantes también opinará y de ahí saldrá para las plenarias, para luego volver a comisiones. En estricto sentido, dado lo que le falta en trámite a este proyecto, yo debería haber escrito esta columna cobre cualquier otra cosa, porque en el trámite que le falta cualquier mico puede instalarse.

Pero el hecho es que recoger en un solo articulado una fusión de temas que afectan la estructura y los procesos en la democracia, es un asunto que bien vale la pena de ser abordado, discutido y votado. Y ahora, mientras hace tránsito por siete instancias más, en lo posible hasta cuidarlo.

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