¿29 años más?

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Por Camila Zuluaga @ZuluagaCamila

En los últimos días el país ha estado hablando y cuestionando al ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, sobre Cerro Matoso. Pero, ¿qué es Cerro Matoso? Es aquella firma a la que se le tiene adjudicada la operación de la mina de ferroníquel en Montelíbano, en el departamento de Córdoba, desde 1981. Hoy busca que se le prorrogue su contrato por 29 años más.

La búsqueda de dicha prórroga ha generado múltiples denuncias y debates, y el más importante de ellos se dio en el congreso esta semana. En dichos debates varios puntos han salido a la luz, y es importante mencionar algunos de ellos.

Uno de los problemas ha sido la vigilancia del contrato. Ingeominas, entidad encargada de la auditoria de esas concesiones en el país, ha sido irresponsable a la hora de ponerle el ojo a esta concesión; a tal punto, que empleados directivos de la entidad hoy hacen parte de la junta de Cerro Matoso: el popular vaivén de funcionarios que con el estatuto anticorrupción quiso evitar el gobierno Santos desde sus inicios.

Otro punto importante y debatido, expuesto por los directivos de la empresa como punto a su favor, es el desarrollo en infraestructura de la zona y las oportunidades laborales para la población. Sin embargo, ante esta explicación surge aquella aclaración –punto importante de debate en la renegociación del contrato–, y es que las condiciones medianamente favorables y las obras con las que cuentan los habitantes de la región se deben a la riqueza de la tierra que les están explotando. Cerro Matoso ha descontado las obras realizadas, de las regalías que le corresponden a la región y al país; es decir, que aquí a la población no le están regalando nada.

Mencionando una vez más la vigilancia que le corresponde al Estado, tenemos que hablar de una gran falencia con la que cuenta esta figura. El Ministerio de Ambiente delega en la misma empresa el monitoreo ambiental; es decir, una vez más en el país de lo absurdo vemos cómo las entidades públicas delegan su labor y dejan que aquellas empresas privadas se vigilen a sí mismas.

¿Cómo puede una empresa autovigilarse? ¿En el país en donde la trampa es el pan de cada día se puede confiar en esa figura? Hay denuncias en los medios de comunicación que evidencian cómo Cerro Matoso, en esa labor de vigilarse, ha contratado estudios de salud colectivos con la Universidad de Antioquia, los que no han dado a conocer a sus empleados, situación que ha generado inquietudes y preocupación entre ellos mismos

Otro de los puntos a discutir ha sido la salud y el monitoreo ambiental, puesto que han sido los problemas principales que afronta la región y la concesión. Actualmente, y según reportes, hay cinco cabildos indígenas afectados en su salud. Los habitantes manifiestan que hay contaminación ambiental, que han derivado en enfermedades respiratorias. Pero cuando uno es quien se vigila, y el Gobierno, por vía del ministro Cárdenas, menciona que no se le puede creer a la población así no más, que se necesitan estudios científicos para confirmarlo, y que están escondidos y no se le muestran a sus empleados, es difícil garantizar lo mínimo a la región.

Por supuesto, después de que todos los reflectores están en lo que sucederá con la concesión de Cerro Matoso, es ahí en cuando el ministerio de Ambiente se pronuncia y anuncia lo que todos queremos oír: que la empresa explotadora de ferroníquel en Córdoba deberá gestionar una nueva licencia ambiental con los estándares actuales y no con los que se utilizaron en el 81, cuando por primera vez se hizo la negociación entre Colombia y la empresa canadiense.

No era menos lo que se esperaba, ministro Pearl, es apenas lógico, como su anuncio lo confirmó, que se debía garantizar el cuidado del medioambiente en las actuales condiciones.

También se ha llegado a criticar que senadores cuestionados de la región, como el popularmente conocido Ñoño Elías, sean quienes hoy, bajo la coyuntura de vencimiento del contrato, hagan las denuncias; senadores que solamente se han preocupado por la consecución de sus votos y nada más. Senadores como este han tenido a su región en el mayor abandono y simplemente han usufructuado los contratos que les permiten la cultura y el sistema clientelista de la política en Colombia.

Sin embargo, más allá de eso, es pertinente recordar que quien promovió el debate sobre este asunto en el Congreso de la República fue la senadora Nohora García Burgos, cuyo padre fue asesinado después de salir de una reunión de Cerro Matoso en 1993, por una mala liquidación de regalías.

Por supuesto la situación es mucho más grave y profunda y va más allá de las pinceladas expuestas en esta columna. No obstante, estos brochazos de la situación nos sirven para darnos cuenta de que todavía hay mucho que trabajar y mejorar por parte de las carteras encargadas de los recursos naturales y de su cuidado.

Lo que se está presentando en el departamento de Córdoba es una radiografía de lo que sucede en otras regiones del país. Y es ahí donde reiteramos lo que dijimos hace ocho días: El Ministerio del Medio Ambiente NO es una cartera de quinta categoría; debe ser tratada como una de las más importantes.

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