¿$6.800 millones perdidos?

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Michel MayaPor Michel Maya

Twitter: @Michel_Maya

Después de seis años de la firma del contrato entre Metrocali y la empresa israelí Hafira Ve Hatziva, esta semana, por fin, se emprendió una acción para sancionar a quienes atentaron contra el presupuesto de la ciudad y permitieron la pérdida de más de $6.800 millones.

Se trata de la apertura de investigación disciplinaria a Luis Fernando Liam, presidente de Metrocali en 2007, año en el cual se otorgó el contrato a la empresa extrajera. Sin embargo, son más las investigaciones pendientes. Los entes de control  y expresidentes de la entidad están en mora de explicar por qué se tardó tanto tiempo en reaccionar ante un hecho tan grave.

La contratación con la firma israelí fue el resultado de una serie de errores que no podemos permitir que se repitan. Las actas de la junta directiva de  Metrocali evidencian que desde 2008 había preocupación por este contrato y sin embargo nadie se atrevió a solicitar la liquidación. Ni cuando incumplieron con la garantía bancaria, ni cuando se comprobó que la obra nunca empezó.

No podemos entender cómo los estuvieron hayan tan miopes y no ver los errores, cuando en Colombia contamos con normatividad y jurisprudencia sobre la contratación estatal, como la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 del 16 de julio de 2007.

La norma dice que un contrato de obra pública requiere cumplir como mínimo cuatro etapas básicas: planeación, para hacer los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños; precontractual, en la que se hace la licitación; ejecución; y una fase poscontractual, en la que se liquida el contrato.

De acuerdo con los hallazgos de la Contraloría Municipal y con lo encontrado en nuestras indagaciones, este contrato no cumplió con elementos de una buena planeación, tampoco se hicieron todos los controles durante el periodo de la licitación. Debido a las seguidas suspensiones del contrato, nunca hubo etapa de ejecución, y en consecuencia la etapa de liquidación del contrato llega apenas ahora, seis años después, pero no por la entrega de la obra, como debería ser, sino por el incumplimiento del contratista.

Debido a todos estos incumplimientos en las etapas de contratación, se presentaron irregularidades como llegar a la licitación sin estudios ni diseños aprobados, reconociendo al contratista $1.200 millones por nuevos diseños, cuando lo pactado eran $150 millones solo por su adecuación. Posteriormente se le permitió a la firma Hafira Vehatziva tomarse un año y medio para que presentara la garantía bancaria por el anticipo –el plazo inicial era un mes–, y cuando la presentó, lo hizo por parte de un banco israelí que ahora dice no responder por el dinero porque nunca le consignaron la totalidad del anticipo en sus cuentas, que se quedó aquí en un banco nacional.

La obra tuvo un aumento en su costo de $15.300 millones, es decir, 67,4 % más del valor inicial. La Ley 80 no permite que los aumentos sean de más del 50 %, de lo contrario, hay que volver a licitar las nuevas obras. A instancias de Metrocali, del interventor y de los organismos de control, la firma israelí gastó el dinero del anticipo en rubros no autorizados. Es supremamente “casual” que el 23 de mayo de 2012, un día antes de que Metrocali le solicitara por escrito al Banco de Bogotá (donde los contratistas tenían el anticipo aquí en Colombia) que se devolviera el dinero, la firma retiró $2.700 millones del banco con un giro internacional.

Nos encontramos, entonces, frente a un gran reto para la ciudad: recuperar los $6.800 millones que esta firma extranjera recibió como anticipo por el contrato para hacer la Terminal Calima hace más de cuatro años, que nunca se construyó y por la cual ahora no ha dado respuesta ante la solicitud de Metrocali de devolución de los dineros anticipados.

No se pueden ahorrar esfuerzos para recuperarlos, la serie de irregularidades que hemos descrito nos permiten albergar la esperanza de que así sea por vías judiciales la ciudad puede rescatar dichos recursos, siempre y cuando las personas a cargo (ahora) de las entidades donde se cometieron esos errores actúen con vehemencia y los entes de control aceleren sus medidas.

¿Qué dijeron los órganos de control en su momento? ¿Qué dijeron los miembros de la junta directiva de esa época? Son muchos los interrogantes que les quedan a los ciudadanos y a los concejales sobre este contrato. ¿Por qué Metrocali permitió que quien certificaba en el pasado la experiencia de la firma Hafira Vehatziva fuera ahora representante legal de la empresa en el país? ¿Acaso no es un claro ejemplo de puerta giratoria? ¿Por qué Metrocali en su momento no tomó acciones legales de mayor envergadura al ver el informe del interventor y de la contraloría en el cual es claro que los anticipos se utilizaron en gastos no autorizados en el contrato y  el dinero es sacado del país? ¿Metrocali ya se constituyó como víctima para recuperar el anticipo? ¿Será que tendremos que resignarnos como ciudad a este tipo de situaciones y qué queden impunes?

¡Los recursos públicos son sagrados! Los $6.8000 millones del anticipo tienen que recuperarse, el terminal Calima se tiene que empezar a hacer por fin y esto no se puede volver a repetir.

La obra tuvo un aumento en su costo de $15.300 millones, es decir, 67,4 % más del valor inicial. La Ley 80 no permite que los aumentos sean de más del 50 %, de lo contrario, hay que volver a licitar las nuevas obras

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