Acumulación por desposesión en Colombia

0

Por Hernando Uribe Castro

Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente

Para los agentes del capitalismo impulsores del modelo extractivista en América Latina y en Colombia, los elementos de la naturaleza como el agua, la tierra, el subsuelo, el aire y el oxígeno son recursos que poseen una valoración económica al ser convertidos en materia prima. Pero estos mismos agentes no realizan una valoración en términos de lo que significa hacer uso de dichos elementos de la naturaleza y de los impactos que puedan ocasionar al cambio climático. Existe, así, una paradoja en la relación capital – naturaleza.

 En Colombia, esta paradoja se evidencia de manera muy clara cuando se plantea la necesidad de conservar y proteger los espacios biodiversos, pero al mismo tiempo los planes de desarrollo nacional impulsan megaproyectos extractivos con impactos en las condiciones ambientales y sociales de muchos lugares del país con agricultura extensiva como la caña de azúcar, represas hidroeléctricas como el Quimbo, extracción de minería como Lomitas en el Cesar (carbón), minería de oro en Marmato y Zaragoza, entre otros de los muchos casos existentes a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Proyectos que vinculan al Estado, que actúa como promotor y fiscalizador al aportar dineros del presupuesto nacional y las corporaciones globales con intereses privados, de la que también se benefician las organizaciones globales del sistema financiero. Repercusiones que van a expresarse en las condiciones de miseria y pobreza para millones de colombianos, así como en la destrucción del todo el ecosistema natural. Estas son las borrosas fronteras del Estado y los grupos privados.

Aquí es importante el concepto la acumulación por desposesión propuesto por David Harvey en su libro El nuevo imperialismo (2003) : “La mercantilización y privatización de las tierras y la expulsión por fuerza de las poblaciones campesinas; la conversión de varios tipos de derecho de propiedad (comunal, colectiva, estatal etc.) en derechos de propiedad privada exclusivos; la supresión del acceso a bienes comunales; la mercantilización de la fuerza de trabajo y la supresión de formas alternativas (indígenas) de producción y consumo; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de bienes (incluido los recursos naturales); la monetización del intercambio y los impuestos, en particular sobre la tierra; la trata de esclavos; y la usura, la deuda nacional y más recientemente el sistema de crédito”.

 En Colombia esto se traduce en la ola de privatizaciones y todo tipo de Megaobras sobre los territorios locales y comunitarios, ahora convertidos en enclaves por parte de las empresas y corporaciones para su explotación, con impactos severos por las condiciones de despojo de comunidades y las dinámicas del desplazamiento promovidas, no solo por el conflicto armado, sino también en nombre del “desarrollo del Estado”.

Frente a esta situación, existen reacciones sociales, en forma de protesta y movilización social, motivadas por organizaciones sociales, algunas de ellas, vinculadas a movimientos sociales. Protestas muy recientes contra la privatización de la educación, la salud, los servicios básicos (energía, acueducto, alcantarillado, entre otros), así como su oposición a la crisis de la seguridad alimentaria, a la extranjerización de tierras y a la monopolización de la tierra y la producción. Todas estas protestas realizadas por los campesinos, grupos indígenas, comunidades afrodescendientes, estudiantes, empleados del servicio de salud y profesores oficiales, entre otros actores sociales.

La sociedad civil, la academia y la comunidad en general tenemos una obligación no solo de ser interlocutores ante el Gobierno, sino de seguir pensando alternativas y expresando nuestra inconformidad con estos gobiernos cuyas decisiones atentan contra el buen vivir de la gente y contra su ambiente.

Comments are closed.