Agenda de negociación, modelo de desarrollo y Naturaleza

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Hernando UribePor Hernando Uribe Castro
Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER
Universidad Autónoma de Occidente

Desde una perspectiva sistémica, el conflicto armado en Colombia es también un conflicto socioambiental. De esto no hay duda, puesto que las acciones armadas se dan en territorios concretos, con huellas y efectos en los seres vivos y en la naturaleza. Por ejemplo, las actividades de erradicación de los cultivos ilícitos mediante la aspersión de químicos sobre los suelos, contaminan el agua, la tierra, las plantas, los animales y las personas. El que los tecnócratas no determinen los costos de los daños ambientales a través de las fumigaciones o por medio de bombardeos a zonas estratégicas no significa que la vida y el ambiente, ahí presentes, no se afecten.

Hasta el momento no se ha hecho una evaluación del costo del desastre ambiental promovido por la guerra y este estudio hace mucha falta. De manera particular, tampoco se ha estimado el costo ambiental de programas como Plan Colombia puesto en marcha desde el año 2000, cuyo eje central era la erradicación de los cultivos ilícitos.

El que las comunidades ancestrales y campesinas, cuyo conocimiento y prácticas les permiten mantener relaciones de respeto con la naturaleza, sean violentadas y desplazadas por grupos armados, empresas extractivas o fuerzas del Estado significa que la naturaleza quedará desprotegida de sus guardianes tradicionales.

Tampoco se debe olvidar que la extracción de minerales en algunas zonas del país es una actividad que está también ligada al conflicto armado que hace presencia en estas zonas. En Lomitas (Cesar), así como en cientos de pueblos, se afectó la comunidad local para dar paso a la extracción minera a cielo abierto realizada por multinacionales con la aprobación del Estado. Ahora la minería busca expandirse, afectando de paso otras poblaciones locales, en nombre del desarrollo. Las operaciones realizadas por la Drummond, CNR y Prodeco en el Departamento del Cesar, lleva a que muchas comunidades tengan que desaparecer o desplazarse, como sucede con los poblados de Plan Bonito, El Hatillo y Boquerón.

¿Sobre estos asuntos qué se está planteando en la mesa de La Habana? ¿Se está aplazando la discusión para el posconflicto? ¿Acaso el modelo de desarrollo reciente no fue y es causante de la inequidad social, la violencia e la injusticia imperantes? ¿Qué le espera a Colombia si no se discute sobre un modelo de desarrollo alternativo? ¿Es posible un posconflicto con el modelo de racionalidad económica existente que privilegia el enriquecimiento de pocos y que afecta la naturaleza? ¿Es posible un posconflicto con locomotoras del desarrollo? ¿Posconflicto para quién, para los empresarios o para la sociedad?

En un escenario de negociación como parte del camino hacia el posconflicto, además de la reparación a las víctimas directas, se debe plantear la reparación ambiental. Se requiere, por lo tanto, que las cuestiones de la justicia socioambiental sean parte de las discusiones que se deben dar en el país desde ahora. Pero en la agenda de negociación entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno colombiano las cuestiones ambientales están al margen.

Es importante que en el camino al posconflicto el tema ambiental emerja con fuerza. Su importancia es tanta como la misma búsqueda de la paz y la estabilidad social en el país. Implica un camino hacia la plena conciencia de que los problemas sociales tienen una relación con los problemas ambientales. En el posconflicto no es posible continuar con empresas que desplazan, criminalizan y violentan la población y afectan la naturaleza y el medioambiente. No se puede continuar con inversores públicos o privados que arrasan con la naturaleza, en la búsqueda de materias primas, arruinando los ecosistemas, y, en algunos casos, motivando el fenómeno del desplazamiento de comunidades para liberar la tierra de sus dueños legítimos.

Es importante que el posconflicto no se constituya en una retórica de este Gobierno, auspiciada por las corporaciones globales, y a la que erróneamente le juegan los actores armados, para legitimar el modelo de desarrollo existente que extermina la grandeza de este territorio, tanto en su biodiversidad natural como en su diversidad cultural.

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