Agua política

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leo quinteroPor Leo Quintero

Los políticos se aprovechan de todo lo que ocurre a su alrededor. Bueno, no todos, pero sí la mayor proporción de ellos. Pero lo que ocurre con el agua y seguirá ocurriendo con ella es intolerable.

Recordemos lo que pasó en la tierra del premio nobel, Aracataca, en donde pusieron al presidente Juan Manuel Santos a inaugurar un acueducto sin agua. Estaba inconcluso, sin terminarse y el propio Jefe del Estado pasó la vergüenza a la que fue sometido por quienes hacen de la política un medio para sobrevivir de los contratos del Estado.

Pero qué tal lo que ocurre en las goteras de Cali, que someten a 28.000 seres humanos a racionamientos y a la mala calidad de aguas de pozos profundos acabados y contaminados, pero que han servido por muchos años a los vecinos de Villagorgona, como se llama este poblado corregimiento de Candelaria, que en habitantes es el más grande del país.

Este vecindario dispondría de agua si no fuera porque un grupo de personas que encarnan algunos matices politiqueros se encargaron de atajar contra la voluntad de todos que el agua les llegara.

Desde hace seis años, y ante la falta de temple oficial, se atrincheraron en los incisos, tutelas y toda clase de argumentos de tinterillo gamonal, para dejar sin pasar la tubería que les llevaría el agua a los pobladores se Villagorgona.

Hace seis años se enterró  un tramo de 23 kilómetros de tubería con inversiones por $30.000 millones y aún falta por concluir el mismo proceso con otros  900 metros, para lo cual fue  necesaria una cumbre con presencia de órganos de control, la Gobernación y hasta el Gobierno Nacional representado por el Ministerio de la Vivienda.

Lo más dramático de esta historia macondiana es que ahora  la Policía y el Ejercito son los que deben custodiar y responder por la integridad de los contratistas que van a acometer los trabajos que debe ejecutar Acuavalle, una sociedad pública con capital de la Gobernacion del Valle, la CVC y los 33 municipios que la conforman, incluidos Florida y Pradera, en cuyo territorio se asientan quienes se han opuesto a que el agua llegue hasta los hogares de los 28.000 habitantes de Villagorgona, en Candelaria.

Después de todo este fenómeno fueron atacadas las oficinas de Acuavalle por un grupo de interesados y agitadores políticos que causaron destrozos en la sede oficial.

En el fondo lo que ocurre en las poblaciones colombianas es que algunos funcionarios con razón se quejan por la mala calidad de los servicios públicos; pero otros, mediante este papayazo que brindan las empresas oficiales con la mala calidad de sus labores, sirven en bandeja la opción para que se privatice el suministro de agua potable, como es el sueño de quienes promueven este movimiento.

Conocen que al hacerlo tendrán una fuente futura de recursos para su grupo político y bolsillo. Porque en últimas esa es la oportunidad que buscan algunos interesados  que entre sus argumentos señalan que Acuavalle no presta un buen servicio y ha incumplido con las obras adicionales comprometidas con la comunidad de Florida.

¿Pero en el fondo qué tiene que ver esta serie de promesas con dejar pasar el agua para sus vecinos de Villagorgona? Claro que estamos en campaña política y lo más seguro es que este sea uno los caballitos de batalla de quienes quieren llegar al Congreso de la república, pues se trata de una rica subregión cañera del Valle del Cauca.

A propósito de la intención privatizadora de algunos con el agua de Florida, tienen  razón quienes dicen que el negocio es mejor que una concesión de la vía a Buenaventura a cincuenta años sin control de nadie, sin terminación de las obras ni inversiones a tiempo de parte de quienes se ganaron ese multimillonario negocio.

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