Al desnudo las instituciones políticas y económicas extractivas: el caso de las pensiones millonarias

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Floro Hermes Gómez PinedaPor Floro Hermes Gómez Pineda

Twitter: @Florohermes

En mi columna del 8 de diciembre en el EL PUEBLO afirmé, refiriéndome a nuestra Colombia, que “la cuestión es un país con ‘instituciones políticamente extractivas’, es decir, con una distribución estrecha del poder en manos de una élite que diseña instituciones económicas para enriquecerse y afirmar su poder a expensas de la sociedad, como lo ha demostrado el colega profesor y politólogo James Robinson en su libro Why Nations Fail”.

Esto queda claro al analizar el caso de la caída del régimen especial (excluyente) de las “pensiones millonarias”, que beneficiaban a 1.058 privilegiados (ex altos empleados del Estado, exmagistrados de las altas cortes y excongresistas cuyos nombres esperamos conocer), de los cuales 626 son exsenadores o exrepresentantes o viudas de ellos, que gozaban de un ingreso pensional promedio igual a 35.2 salarios mínimos mensuales legales vigentes (alrededor de $20 millones). ¿Qué nos quiere decir todo esto?

Esto nos revela, en primer lugar, una estrecha distribución de privilegios entre la “clase dirigente” de las ramas Ejecutiva y Judicial del Poder Público; en segunda instancia, que el 59.17 % de los beneficiarios de las pensiones exorbitantes pertenecieron al Congreso de la República, el cuerpo colegiado responsable de los diseños políticos y económicos que nos rodean y dentro de los cuales vivimos los colombianos; y, finalmente, que unos miembros de ese cuerpo (los del período constitucional 1991-1994) trabajaron en la construcción de una institucionalidad pensional extractiva que detrae rentas, a manera de pensiones, y en consecuencia que crea inequidades y excluye.

¿Cómo leer esto desde el liberalismo político? Esto se lee desde el liberalismo político como que “todos los privilegiados son por naturaleza injustos, odiosos y contradictorios con el fin supremo de toda sociedad política”, tal cual lo expresó el redactor y teórico de los textos constitucionales producto de la Revolución francesa, Emmanuel Sieyès.

En otras palabras, los miembros del Congreso de la República de la época, al dictar la Ley 4ta. de 1992, que estableció los injustos, odiosos y contradictorios privilegios que derivaron en las “pensiones millonarias”, actuaron de espaldas al liberalismo político, pues su objeto no fue asegurar la igualdad sino acceder a privilegios y detraer rentas y poder en contra del interés público.

En conclusión, estamos ante un “aprovecharse” de la condición de alto empleado del Ejecutivo, congresista o magistrado, un “entender” tal condición como el estar habilitado para, mediante un manto de legalidad, acceder a privilegios que se niegan al resto de nuestra sociedad política, quebrantando de manera expresa y manifiesta el derecho fundamental constitucional a la igualdad.

De otro lado, estamos ante la negación plena del liberalismo político: el antipaternalismo liberal que se traduce en paternalismo hacia los más débiles y necesitados. Con la expedición de la Ley 4ta. de 1992 se tradujo de forma mezquina en paternalismo hacia los más fuertes y poderosos.

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