«Aprobación del Marco Jurídico para la Paz: la apertura de un nuevo capítulo en la historia de la justicia»

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En el informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, del Grupo de Memoria Histórica, se le dedicó un capítulo a la aprobación del Marco Jurídico para la Paz: «la apertura de un nuevo capítulo en la historia de la justicia colombiana frente al conflicto armado». EL PUEBLO reproduce el aparte:

El 31 de julio del 2012 el Congreso aprobó una reforma a la Constitución conocida como Marco Jurídico para la Paz, que elevó a rango constitucional la justicia transicional. La reforma recogió elementos desarrollados en las leyes y la jurisprudencia constitucional sobre este mecanismo de justicia, pero también introdujo cambios significativos en su concepción, e incluyó novedades en el tratamiento del tema.

Algunos de estos cambios han sido, y es fácil prever que seguirán siendo, objeto de polémica. Por un lado, el Marco para la Paz reconoció expresamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y estableció que estos deberán garantizarse “en la mayor medida posible”. También dispuso la creación de una Comisión de la Verdad e indicó que “en cualquier caso se aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas”. Adicionalmente, el Marco para la Paz fijó un límite infranqueable respecto al deber del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos: no se podrán dejar de investigar y sancionar los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. De este modo, el Marco incorporó un elemento clave del modelo de justicia transicional delineado en Colombia durante la última década: la idea de que una experiencia de transición de la guerra a la paz no se puede hacer sin un mínimo de justicia respecto a las atrocidades cometidas en el pasado y sin consideración por los derechos de las víctimas.

Pero por otro lado, la reforma constitucional abrió paso a un modelo de justicia transicional menos punitivo y menos orientado a la judicialización que el que se venía consolidando. Expresión de ello es la autorización dada al Congreso para que, a través de una ley estatutaria, y teniendo en cuenta la gravedad y representatividad de los casos, establezca criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos de investigación y juzgamiento en los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos sistemáticamente. Según el Marco para la Paz, los criterios de priorización y selección son inherentes a la justicia transicional, con lo cual se evidencia una de las ideas orientadoras de esta reforma: que no todos los desmovilizados que pueden ser eventualmente responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos pasen por el sistema judicial. Por esta razón es un modelo menos orientado a la judicialización, y en su lugar intenta apostarle a mecanismos extrajudiciales como el de la Comisión de la Verdad. Pero también es un modelo menos punitivo, pues contempla la posibilidad de conceder generosos beneficios penales a quienes sí sean judicialmente condenados. Estos beneficios incluyen la suspensión de la ejecución de la pena y la aplicación de sanciones extrajudiciales, de penas alternativas o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena. La posibilidad de conceder estos beneficios está, sin embargo, sujeta a condiciones que responden a una perspectiva holística de la justicia transicional.

A partir de esta forma de concebir la justicia, resulta admisible cierta lógica de compensación entre sus distintas dimensiones como, por ejemplo, menos castigo a condición de mayor verdad y reparación para las víctimas. Por esta razón, los beneficios penales previstos en el Marco para la Paz únicamente operarían para aquellos desmovilizados que cumplan al menos con los siguientes requisitos: que dejen las armas; que reconozcan su responsabilidad; que contribuyan al esclarecimiento de la verdad; que cooperen con la reparación integral de las víctimas; que aporten información que conduzca a la liberación de los secuestrados y la desvinculación de los menores de edad reclutados ilícitamente que se encuentren en poder de los grupos armados al margen de la ley.

Esta nueva orientación de la justicia transicional respondió, en buena medida, a la necesidad de ofrecer una respuesta a las debilidades e insuficiencias del modelo transicional previsto para los paramilitares de cara a futuros procesos de paz. Cuando se inició el debate sobre el Marco para la Paz, la judicialización de los desmovilizados constituía un tema de preocupación pública debido a sus insignificantes resultados, que revelaban que un modelo como el previsto en la Ley 975 parecía conducir inevitablemente a una selección encubierta.

Pero además, se optó por la reforma constitucional como una forma de blindar la nueva apuesta frente al riesgo de que el control constitucional judicial no permitiera adoptar un esquema distinto al de la judicialización total, de acuerdo con el estándar establecido en la jurisprudencia constitucional en los últimos años. En efecto, el modelo original previsto para la desmovilización colectiva de los paramilitares estaba pensado para que solo entraran a Justicia y Paz quienes voluntariamente decidieran hacerlo y para que se aplicaran los beneficios de amnistías concebidos para los delincuentes políticos a quienes no tuvieran investigaciones abiertas por su participación en crímenes atroces. Sin embargo, la implementación de este modelo no fue posible a raíz de las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Tras ello, se intentó aplicar el principio de oportunidad, pero la Corte Constitucional determinó que esta propuesta era inconstitucional. Finalmente, el Congreso expidió la Ley 1424 del 2010, conocida como la Ley de Acuerdos de Contribución a la Memoria Histórica. Esta norma consagró amplios beneficios de libertad a los desmovilizados a cambio de contribuciones al esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas. La Corte Constitucional determinó la constitucionalidad de esta ley, pero aclaró que todos los desmovilizados deben rendir cuentas ante los jueces, y además cerró la puerta para que los máximos jefes de los grupos armados puedan acceder a los beneficios ofrecidos por el Estado.

El Marco para la Paz se presentó como una vía necesaria para ofrecer alternativas frente a las dificultades advertidas en el proceso de desmovilización de los paramilitares. Sin embargo, durante su discusión surgieron otros asuntos que no necesariamente estaban conectados con el propósito inicial. El más notable de ellos fue la autorización para que los agentes del Estado puedan ser objeto de un tratamiento diferenciado en el marco de un acuerdo de paz. Este punto quedó finalmente incorporado en el texto constitucional, pero todavía no resultan claros su alcance ni las condiciones a las cuales está sujeto.

El Marco para la Paz abre, sin duda, un nuevo capítulo en la historia de la justicia colombiana frente al conflicto. Sin embargo, apenas está escrita la primera página: la extensión y orientación de este capítulo es aún incierta. Este documento podría constituirse como el punto de partida de la ruta jurídica hacia la desmovilización de las guerrillas si se cumplen dos condiciones: en primer lugar, si prosperan las negociaciones de La Habana, que al momento de redacción de este informe se encuentran en curso. La segunda condición es que la Corte Constitucional determine que el Marco para la Paz cumple con los requisitos para declararlo  constitucional. Es indudable que el Marco revivirá la discusión sobre el delito político, su naturaleza, su sentido y sus efectos en materia penal.

En este proceso, cargado de dilemas pero también de apuestas esperanzadas sobre el futuro, es fácil prever que la palabra de los jueces será determinante.

El proyecto determina que los instrumentos de justicia transicional tendrán como finalidad prevalente la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, garantizando la seguridad de todos los colombianos. Para ello, propone las siguientes medidas que tendrán un carácter excepcional (extraído de Congresovisible.org):

  • Con el fin de hacer efectiva la investigación de los procesos de justicia y paz, la ley establece la posibilidad de clasificar y priorizar los distintos delitos para que la Rama Judicial se concentre en la investigación y sanción de quienes tuvieron la mayor responsabilidad en la ocurrencia de los hechos más graves. La ley podrá diseñar instrumentos de justicia transicional de carácter no judicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción de quienes tuvieron menor responsabilidad.
  • Se podrán establecer criterios de priorización y selección de casos para ser juzgados por medio de mecanismos judiciales o no judiciales. El Gobierno Nacional será el encargado de presentar al Congreso los proyectos de ley que determinen dichos criterios.
  • El legislador podrá ordenar la renuncia a la persecución penal de los casos que no sean seleccionados o priorizados. Cuando esto ocurra, se debe ordenar la aplicación de mecanismos colectivos y no judiciales de investigación y sanción.
  • Cuando por iniciativa del Gobierno Nacional, así lo disponga el Legislador por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara, los miembros de grupos armados al margen de la ley que se desmovilicen podrán acceder a cargos de elección popular y ser designados como servidores públicos.

 

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