Aquí cabemos todos: Dir. Unidad de Restitución de Tierras

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Ricardo-Sabogal-Ricardo Sabogal tiene en sus manos resolver el origen de las violencias que ha vivido Colombia: Devolver la tierra a los dueños originales. Dos años después de iniciar esta labor concluye que el despojo de tierras no puede entenderse en términos de buenos y malos, y por eso incluso para “los malos” la Unidad de restitución de tierras tiene tierra.

Claudia Palacios: Dos años después de aprobada la ley de restitución de tierras con la que el gobierno se comprometió a restituir a 160 mil familias despojadas, ¿por qué solo van 1.500 sentencias de restitución?

Ricardo Sabogal: La cifra de las 160 mil fue un estimado que se calculó sobre los datos de población desplazada que pudo haber abandonado sus tierras pero ya en la intervención hemos encontrado varias situaciones: Muchas familias han regresado por su cuenta a sus predios y por lo tanto no se han acercado a pedir ayuda a la Unidad. Buena parte de la población desplazada no era propietaria sino que fue víctima de diferentes hechos de violencia por el conflicto, mas no de despojo de tierras.

C.P.: ¿Entonces cuánta gente sí fue despojada?

R.S.: A la Unidad de Tierras se han presentado 67 mil personas que dicen haber sido despojadas. De éstos, hemos logrado trabajar sobre 24 mil casos teniendo en cuenta que estamos sujetos a que el Ministerio de Defensa nos garantice que hay condiciones de seguridad para que esas familias puedan volver. De esos 24 mil casos, en 5 mil se ha determinado que no hay razón para entablar demanda ante un juez; en 8 mil estamos en proceso con los jueces; y en 1.500 ha habido sentencias restitutivas. En el 95 por ciento de los casos la Unidad de Tierras ha ganado, lo que equivale a haber recuperado 83 mil hectáreas que favorecen a alrededor de 10 mil personas. Hoy los jueces tienen pendientes sentencias sobre 300 mil hectáreas.

C.P.: ¿Esto no es muy poco?

R.S.: Estamos seguros de llevar un buen ritmo. La definición de derechos de propiedad sobre la tierra es un tema muy delicado que se debe adelantar con la mayor cautela a fin de no llegar a nuevas equivocaciones y afectar derechos de terceros que hayan adquirido los predios de buena fe. El balance no es nada despreciable, contrasta con solo 22 restituciones logradas mediante la aplicación de la Ley de Justicia y Paz después de 9 años de entrar en vigencia; o con los cerca de 730 predios, que tras 14 años de implementación, se han recuperado a través de la ley de extinción de dominio. Y también vamos bien respecto a experiencias internacionales: En Irak, once años después de la caída del régimen de Hussein, se han resuelto 43 mil solicitudes de 160 mil recibidas. En Kosovo, donde la guerra se extendió sólo entre 1998 y 1999, se creó la Comisión de Reclamaciones sobre Vivienda y Propiedad, que en 13 años resolvió 29.000 solicitudes.

C.P.: ¿Los despojadores en los 1.500 casos ya fallados en Colombia han ido a la cárcel?

R.S.: Enemigos de la restitución de tierras como Benjamín Alvarado Bracamonte, José Vicente Cantero, Fabián Roldán, Leidy Sierra, Sor Teresa Gómez,  Omar Montero Martínez, están en la cárcel. Pero es importante anotar que en muchos casos también encontramos que durante el tiempo en que la víctima fue despojada y la última persona que hoy tiene la tierra y la ocupó, se han dado múltiples transacciones. En esos casos el ocupante de la tierra no es un agente de violencia o su testaferro.

C.P.: ¿Y qué hacen con esas familias? ¿Las sacan a la calle?

R.S.: La ley cuenta con una compensación para los terceros que demuestran la buena fe exenta de culpa ante los jueces. Sin embargo, esta es una figura muy difícil de demostrar en especial para un campesino con pocos recursos para buscar abogados. Esto nos llevó a crear el Programa de Atención a Ocupantes Secundarios que brindará una serie de opciones, entre ellas tierra, para dar una solución concreta a quienes pierden los litigios pese a no haber tenido relación con los hechos de violencia.

C.P.: Pero solo a los inocentes…

R.S.: Este programa operará para todos los que no puedan demostrar ante los magistrados la buena fe exenta de culpa en la adquisición de los predios, pero que se vea que no tuvieron relación con el despojo o abandono; muchos son gente campesina, humilde, algunos están ahí porque fueron obligados por la guerrilla o los paramilitares a ocupar esas tierras.

C.P.: ¿Y cuando encuentran que las ventas de tierras despojadas están legalizadas en papeles, por notaría, pero que el negocio se hizo a precio de “huevo” por cuenta de la violencia, qué hacen?

R.S.: En esos casos también llevamos adelante el proceso y se manda a investigar a los funcionarios que se pudieron haber prestado para estos ilícitos.  Para saber si el precio estuvo muy por debajo de lo justo se hace una proyección que tiene en cuenta el valor actual del predio y se lleva a valor de la época, sacando la variable de violencia, que en muchos casos afectaba los valores del mercado de tierras.

C.P.: Quiénes fueron más despojadores, ¿la guerrilla o los paramilitares?

R.S.: Según los testimonios que nos brindan los y las reclamantes, de los 24 mil casos que manejamos el 38 por ciento es por paramilitares y el 35 por ciento por guerrilla, pero nos falta casi todo el sur y sur oriente del país. Podemos decir que el norte, que fue despojado mayoritariamente por paramilitares, ya está en proceso. Falta el sur del país: Putumayo, Caquetá, Cauca y Nariño, donde el despojo es por parte de Farc.

C.P.: ¿Cuáles son las zonas que aún no se pueden restituir por cuenta del orden público?

R.S.: Zonas en Caquetá, Huila, Arauca, Guaviare, Casanare, parte del Tolima, parte de Putumayo, algunas del Urabá, y otras de Córdoba.

C.P.: ¿Las Bacrim han despojado?

R.S.: Sí, el 1 por ciento de las 1.500 sentencias han sido por Bacrim.

C.P.: ¿Cuántos líderes de restitución de tierra han sido asesinados?

R.S.: Lamentablemente, en el marco del proceso de la Ley de víctimas, 7 personas que tenían reclamación de tierras han sido asesinadas.

medi130407invitadoC.P.: Pero se supone que ustedes solo actúan donde el Ministerio de Defensa dice que sí se puede volver, y que una fuerza especial de Policía y Ejército ha sido entrenada por la cooperación de Noruega para garantizar la seguridad en este proceso…

R.S.: Ninguno de estos hechos se presentó en zonas donde tengamos intervención directa.

C.P.: Hace poco asesinaron uno de los miembros de un equipo de la Unidad de Restitución de tierras, ¿cómo fue eso?

R.S.: Este fue un hecho lamentable, se dio en San Roque, Antioquia. Los topógrafos estaban midiendo el terreno a recuperar. El ocupante del predio vecino se metió entre matorrales y cuando vio al topógrafo le pegó un tiro. Alcanzamos a sacarlo en helicóptero pero se murió en el hospital en Medellín. Al asesino lo capturaron ese mismo día; era imposible que escapara porque este trabajo lo hacemos con mucho apoyo de fuerza pública.

C.P.: ¿Cómo se explica que una persona que sabe que será capturada haga eso, si ni siquiera estaban en su predio y sabía que estaba rodeado?

R.S.: Pensamos que es producto de cómo se manejaron durante mucho tiempo las cosas en algunas zonas del territorio nacional, donde el Estado nunca había hecho presencia y las personas ejercían violencia sin que fueran castigados por ello.  Hoy con la restitución estamos llevando institucionalidad a zonas muy apartadas y ese es un proceso complejo, incluso para la misma comunidad.

C.P.: ¿Hay familias que se nieguen a salir de sus tierras?

R.S.: En algunos casos hay resistencia al proceso pero, hoy por hoy, estamos empeñados en sacar adelante el Programa para Ocupantes Secundarios a fin de poder materializar la restitución y generar una respuesta a quienes no son compensados. Hay casos en los que hay resistencias aunque se dé la compensación, pero pasan. Por ejemplo, hace un tiempo un ocupante en San Diego, Cesar, advirtió que aunque el juez fallara en su contra no desocuparía la tierra, entonces lo llevamos a que viera una tierra que fue de un ‘traqueto’ donde pensábamos reubicarlo y cuando la esposa de él vio la tierra, le dijo: “Se devolverá usted porque yo me quedo aquí.” Los narcotraficantes se hicieron a las mejores tierras que hoy están disponibles para los casos en los que hay que compensar a las víctimas o a terceros que demuestren buena fe exenta de culpa.

C.P.: Pero en todo caso esas familias quedan enemigas…

R.S.: Con Pastoral Social estamos trabajando en reconciliación para estos temas de tierras. En el Magdalena Medio avanzamos con paso firme; queremos que los colombianos se reconcilien. Indistintamente de las decisiones judiciales el Estado busca una convivencia en paz. Nuestras zonas de intervención son el escenario perfecto para trabajar en construcción de Estado, desarrollo rural y reconciliación.

C.P.: O sea, van ablandando a despojadores y a despojados…

R.S.: Hay que acabar con ese lenguaje de despojador y despojado. Nosotros preferimos hablar de “negocios que se dieron en medio del conflicto”. Como he dicho, muchas veces quien está ocupando una tierra despojada es un campesino o finquero que no es rico, y lo que más les duele es que los llamen despojadores. También sirve que nosotros no solo los retornamos a su tierra sino que a cada familia le damos 25 millones de pesos, asistencia técnica y seguridad para que puedan vivir de lo que producen. La institucionalidad es fundamental para que esto funcione, incluso, si el actor armado desaparece.

C.P.: ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de este proceso?

R.S.: En temas de tierra y violencia existen muchas historias para contar. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Estupefacientes extinguió predios de Gacha, “El mexicano”, y fueron asignados al Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras para entregar a víctimas de despojo y abandono forzado. Luego de tantos años los allegados de Gacha seguían usando esas tierras. Las entregamos a familias víctimas de la violencia.

C.P.: Para que esta gente haya podido hacer esto tan tranquilamente debió tener complicidad de funcionarios públicos…

R.S.: Remitimos estos casos a las autoridades competentes para su investigación. Por ejemplo, hace 3 meses mandaron a la cárcel a unos del Incoder que se hicieron los locos con unos terratenientes que fueron corriendo la cerca hasta incluir para ellos una Ciénaga en el departamento de Antioquia. Pero además acá no hay un inventario de baldíos; hasta ahora se está haciendo un censo en muchas zonas en las que ni siguiera hay formación de catastro.

C.P.: ¿En el Valle del Cauca cómo va la restitución?

R.S.: Restituimos tierras a víctimas de Henry Loaiza, alias “El Alacrán”, condenado por la autoría de la masacre de Trujillo. En el Valle le hemos devuelto más de 3 mil hectáreas de tierras a más de 800 personas víctimas de abandono y despojo de tierras. Y está por salir una sentencia que beneficiaría a 60 familias con tierras de los Urdinola, de la hacienda La Magdalena en el corregimiento de Ceilán en Bugalagrande. Esas familias fueron despojadas por alias “Marulo”.

C.P.: Usted mismo es o fue un despojado…

R.S.: Fui despojado de San Bernardo en Cundinamarca. La guerrilla de las FARC nos sacó a plomo a mí y a mi familia. Esto pasó mientras ejercía como alcalde de mi pueblo en el periodo 2000-2003.

C.P.: Con tanta gente agradecida por lo que se ha hecho en la unidad, no le quedará difícil conseguir votos. Había rumores de que usted renunciaría para no inhabilitarse para aspirar a la Gobernación de Cundinamarca, ¿se arrepintió?

R.S.: Yo sufrí el rigor del desplazamiento, razón que me lleva a no apartarme de este esfuerzo. Es una satisfacción personal saber que tantas personas han conseguido volver a sembrar sus campos.

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