“Aquí no se habla de titularidad sino de productividad”: Jorge Enrique Vélez

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El Superintendente de Notariado y Registro es, junto al Ministro de Agricultura, el encargado de llevar la batuta sobre la discusión del reciente proyecto de ley que propone crear las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico. En entrevista con VerdadAbierta.com habló sobre los territorios potenciales para desarrollar estas áreas.
Jorge Enrique Vélez
Por Ivonne Rodríguez.

Verdadabierta.com

 

Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro, es uno de los férreos defensores de las llamadas Zonas de Desarrollo Rural y Económico (Zidre), que están contempladas en el proyecto de ley sobre baldíos que presentó el gobierno nacional al Congreso de la República para su discusión y aprobación.

Se trata, como dice el proyecto, de convertir en zonas productivas “áreas geográficas aisladas de los centros urbanos más significativos; que demandan elevados costos de adaptación productiva; tienen baja densidad poblacional y altos índices de pobreza; carecen de infraestructura mínima para el transporte y comercialización de los productos, y, por sus características agrológicas y climáticas, resultan inapropiadas para desarrollar unidades de producción familiar”.

Algunos sectores políticos han cuestionado este proyecto aduciendo que favorecerá a grandes empresas agroindustriales que en los últimos años han logrado acumular de manera muy cuestionada extensas zonas, particularmente en el suroriente del país, propiciando una legalización de esos predios y fortaleciendo la concentración.

Vélez les salió al paso a esas críticas, negó que se vayan a afectar las tierras para los campesinos y se mostró dispuesto a apoyar la iniciativa que pretende que empresas agrícolas, forestales o ganaderas estén dispuestas a asociarse con campesinos para desarrollar proyectos productivos. En diálogo con VerdadAbierta.com, el funcionario precisó su postura y los alcances del proyecto.

VerdadAbierta.com (VA): La Superintendencia ha hecho un estudio sobre los títulos de propiedad en el país y encontró problemas en el catastro, en la transferencia de predios y la acumulación. ¿Así es viable determinar las Zidre que propone el proyecto?

Jorge Enrique Vélez (JEV): Pero no desde el punto de vista registral. Eso lo tiene que hacer la Upra (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) porque esto es para las zonas alejadas del país. La Unidad de Planeación del Ministerio de Agricultura determinará cuáles son las zonas de desarrollo que puedan ser rentables y en las que se pueda montar infraestructura.

Por eso no podemos decir que eso es para que se presenten proyectos individuales sino que está pensado para zonas de desarrollo. Por ejemplo, para el Meta se puede pensar en cultivar maíz, pero para que sea comercialmente rentable y se pueda montar infraestructura tiene que haber mínimo tanta extensión y tienes que buscar cuáles son los propietarios.

Para poner un ejemplo: aparecerá que 20 por ciento de esa zona es de campesinos con UAF (Unidades Agrícolas Familiares), 40 por ciento es de privados y el otro 40 por ciento son baldíos del Estado que no están adjudicados. Lo que se busca es que estas personas se asocien, presenten un proyecto que requiere de un tipo de contrato que puede ser usufructo o arrendamiento. El campesino que es propietario pone la tierra y está ganando por la utilización y, adicionalmente, se la están mejorando al desarrollar el proyecto.

VA: ¿Por cuánto tiempo?

JEV: El proyecto estableció que como son tierras muy ácidas [como las de la Altillanura]se requiere de un tiempo alto para arreglar. Estimamos un tiempo muerto de dos años para comenzar a producir. Las Zidre deben ser aprobadas con un decreto después de haber sido presentadas ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).

Aquí no se pone en riesgo la titularidad. No estamos hablando de propiedad ni de acumulación sino de productividad. Este es el primer proyecto de ley en Colombia en el que la garantía no está en la tierra sino en la productividad de la tierra, es decir, en el resultado que dé el proyecto macroeconómico que se está haciendo.

VA: ¿Qué va a pasar en los lugares donde no hay campesinos porque son zonas abandonadas?

JEV: Puede ser que llevemos campesinos a esa zona. Ahí sí a los campesinos sin tierra les vamos a entregar tierra en el proyecto productivo para que tengan un incentivo de estar allá. Para estos casos, hemos pensado que se les entrega la tierra después de dos años de estar en la zona.

VA: Pero donde hay gente, ¿no habrá una afectación sobre el registro? ¿Se trabajará con quien tenga títulos?

JEV: Si hay personas que le han solicitado al Incoder que se les adjudique, se les dará prioridad. Esto sería en zonas apartadas del país. No es para el Quindío, Caldas ni Antioquia. Hablando en suposición, ¿por qué no pensamos en trabajar la zona desértica de La Guajira o el desierto de La Tatacoa? ¿Por qué no hacer eso en Norte de Santander?

Los campesinos pueden presentar un proyecto que esté en zonas campesinas, que sean propiedad UAF y no haya privados. ¿Por qué una junta de campesinos no puede presentar un proyecto productivo? Claro que sí lo pueden presentar.

VA: ¿Donde ya hay agroindustrias como en los Llanos, en Meta y Casanare, que registran conflictos por acumulación de baldíos, las Zidre no entrarían?

JEV: Claro que sí. Las Upra hacen un estudio porque esos industriales tienen 2 mil, 4 mil o 5 mil hectáreas. Pero resulta que el estudio de la Upra dirá de pronto que para hacer un proyecto productivo no se requieren esas hectáreas sino 60 mil. Por eso digo que no es un tema de titularidad. Esto no va a dar acumulación; aquí no vamos a legalizar.

Los últimos artículos del proyecto señalan que si hay zonas de reserva campesina o demandas de restitución, esos territorios no podrán estar en Zidre. Se están respetando. La acumulación es un tema de titularidad. La acumulación no es un tema de productividad.

VA: Usted ha indicado en declaraciones de prensa que 6 millones de hectáreas es el cálculo inicial de terrenos que están ubicados en zonas geográficas aisladas y que podrían convertirse en Zidre. ¿Dónde pueden estar distribuidas esas hectáreas?

JEV: Toda la Orinoquía y parte de la Amazonía. Puede haber proyectos maderables con renovación en parte de la Amazonía. También parte de Norte de Santander, del Tolima, de la Guajira y del Chocó. Allá hay muchas reservas indígenas y afro, pero son zonas totalmente alejadas donde un proyecto de madera sería absolutamente rentable. ¿Quién dijo que Chocó no lo podía hacer? Por eso esto se volvió un proyecto técnico, se habla de Upra y de Conpes, de que las zonas se expidan por decreto para que el gobierno las vuelva una política de Estado.

VA: En Colombia, el Incoder, por ejemplo, tiene pendiente reestructurar 50 resguardos coloniales; además, hubo problemas históricos de titulación que acabaron entregándole territorios indígenas a los afro y viceversa. ¿Considera que el Estado tendría que resolver primero estos problemas antes de agravarlos con la creación de nuevas zonas?

JEV: Claro. Por eso los últimos artículos indican que donde haya esos conflictos no se pueden presentar proyectos Zidre. Tendrán que solucionarse primero porque tenemos que dar el derecho de defensa, la garantía de la propiedad en Colombia y el tema de la titulación. Eso queda expreso en el proyecto de ley.

VA: Usted que ha sido testigo de cómo en este país particulares y empresarios acumularon baldíos y fracturaron la Ley 160 de 1994 con la creación de SAS, fiducias y empresas fuera del país, ¿cree que el proyecto es una apuesta por ponerle freno a la acumulación y no seguir generando esguinces a ley rural?

JEV: El tema de las acumulaciones, el tema de las UAF, ya está establecido en la Ley 160. Quién tiene que sentarse muy seriamente a trabajar es la junta directiva del Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), que fue la que definió qué es una UAF. ¿Cree que la UAF de hace 40 años es la de hoy? ¿Quién reglamenta las UAF? La junta directiva del Incoder. ¿Para qué llevar eso a la Ley? Yo no sé… El Incoder tiene que evitar las acumulaciones.

Lo que hay que revisar de fondo es qué está pasando con las UAF. ¿Debería haber UAF en estas zonas? Por ejemplo, a un campesino le dan 1.200 hectáreas. ¿Sabe cuánto vale arreglar una sola hectárea para que sea productiva en el Vichada? Vale entre 5 y 7 millones de pesos. Entonces le estamos diciendo al campesino tome 1.200 hectáreas y consígase 7 mil millones de pesos. El Estado no le va a prestar esa plata. Distinto es una UAF, con propuesta de granja integral en Antioquia, Quindío o Huila donde una familia puede vivir con 10 hectáreas. Pero estas zonas [las de Altillanura]no son adecuadas para que una familia pueda vivir con eso.

VA: ¿Cómo ve usted el desarrollo de las Zidre en un país donde la minería ilegal y el narcotráfico siguen siendo el combustible del conflicto armado?

JEV: Cuál es la gran ventaja. Como esto va a un Conpes y va por la Upra, una Zidre que se defina por decreto no puede estar donde haya proyectos mineros. Por eso esto tiene que ser un análisis técnico y no político. La Upra hará una dirección totalmente técnica, con estudios de suelos, de acidez, de cómo es la producción, la mano de obra, el clima, cómo se pueden comercializar los productos… La Upra debe hacer un estudio muy serio para que las zonas sean definidas como de desarrollo agroindustrial.

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