Argentina, linchamientos contra la delincuencia

0

argentina
La inseguridad y la pasividad del Estado alimentan la aplicación de la justicia por mano propia.

nuevatribuna.es

Desde hace varios días los medios argentinos están informando de numerosos actos de linchamiento de delincuentes,
hechos inéditos hasta el momento en el país. Los sucesos no se han producido en remotas zonas rurales -como sucede
a veces en Bolivia, donde la justicia indígena admite estos usos-, sino en barrios acomodados, de clase media, en algunas de las ciudades más importantes del país.

Muchos de estos casos se han dado en la provincia de Santa Fe, donde el problema del narcotráfico se ha enquistado, llegando  a tirotear la vivienda del gobernador. Pero también en la propia Buenos Aires, y en barrios tan emblemáticos como Palermo o Recoleta. La ola de linchamientos comenzó en Rosario, capital de la provincia de
Santa Fe, cuando un delincuente murió a consecuencia de los golpes que le propinaron un grupo de vecinos, tras robar la cartera a una mujer que llevaba un bebé en sus brazos.

Los hechos de inseguridad en Argentina son cada vez más preocupantes. El gobierno se niega a reconocer el problema, a pesar de que figura como la principal inquietud de los ciudadanos en todas las encuestas, por encima de la preocupante crisis económica y social. Es más, cuando se empezó a hablar del tema, diversos funcionarios lo desecharon y dijeron que era solo “una sensación”. El mismo razonamiento que se usó durante años para negar la
existencia de niveles alarmantes de inflación.

Uno de los datos que más indignación está causando es la muerte de al menos 17 jubilados en lo que va de año, en diferentes episodios. El recuento se debe a informaciones periodísticas, ya que no hay estadísticas confiables sobre la inseguridad. Cuando el hoy senador Aníbal Fernández fue ministro del Interior –entre el 2003 y el 2007- prohibió a las fuerzas de seguridad difundir los datos en su poder sobre el tema.

El anterior jefe de Gabinete, Juan Manual Abal Medina, achacó a la derecha el instalar el tema de la inseguridad: “es
una estrategia muy aplicada por la derecha en el mundo en general, para pegarle a gobiernos nacionales y populares”.
Su sucesor en el cargo, Jorge Capitanich, insistió en la idea, al asegurar que la inseguridad “forma parte de una estrategia comunicacional permanente por parte de medios de comunicación y sectores de la oposición”.

La presidente, Cristina Fernández, que tiende a achacar los males del país a los medios –la cadena nacional del odio
y el desánimo- , tuvo que hacer una mención indirecta al problema en su última cadena nacional. “Todo lo que sea generar violencia, siempre engendra más violencia, la violencia se espiraliza”, afirmó.

“Estas situaciones aparecen porque hay un Estado ausente y la sociedad no quiere convivir más con la impunidad”, le
retrucó Sergio Massa, que fuera jefe de Gabinete de Cristina Fernández, y hoy es el jefe del opositor Frente  Renovador.

El Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, rechazó los linchamientos y señaló que “agravan aún más los hechos de violencia social (…) Los linchamientos retrotraen a épocas que considerábamos superadas,
de violencias, miedos y falta de credibilidad en las instituciones del Estado”.

Desde todos los sectores políticos se han condenado estos actos de justicia por mano propia, pero la sensación de impunidad y de puerta giratoria para los delincuentes alienta el malestar social. En uno de los últimos sucesos conocidos, se informó que un delincuente detenido en uno de los puntos más turísticos del barrio de Palermo fue liberado a las pocas oras. El conocido actor Gerardo Romano, que intervino protegiendo del linchamiento al ladrón, expresó su angustia por la decisión del juez. Y además desestimó que el caso fuera calificado como tentativa de robo: “no fue tentativa, cometió el hurto, me calienta la noticia”, señaló.

La actual discusión coincide con el intento de aprobar un nuevo Código Penal, cuyo borrador todavía no se conoce,
pero que ha provocado ya algo más que ríos de tinta. Según lo que se ha filtrado, en el nuevo código habría una rebaja importante de penas tales como homicidios agravados, torturas, secuestro, corrupción de menores y asociación ilícita. El 82 % de los delitos serían excarcelables. Y se eliminaría la reincidencia como agravante. Una orientación garantista que choca de frente con el malhumor social provocado por la ola de inseguridad.

El proyecto ha quedado momentáneamente archivado, dada la gran polémica desatada. Toda la oposición, incluyendo sectores de izquierda, se ha manifestado contraria al proyecto, a pesar de que en la comisión que la elaboró hubo juristas de la UCR y el PRO.

El principal beneficiario político de esta controversia ha sido Sergio Massa, el presidenciable con más posibilidades
fuera del kirchnerismo, que inició una campaña para lograr echar abajo el proyecto. Esto ha provocado la insólita reacción del juez Eugenio Zaffaroni, uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, conocido por su defensa a ultranza del kirchnerismo. Tachó de vendepatria a Massa, del que también dijo: “es un mentiroso que lo único que hace es juntar votos con mentiras”. También le reprochó que pasara en Estados Unidos el 24 de marzo –aniversario
del golpe militar de Videla- y que se entrevistara con el chanta (mentiroso, embaucador) de Giuliani, en referencia
al ex alcalde de Nueva York, reconocido por haber impuesto la tolerancia cero con el delito.

Según la Organización Mundial de la Salud, se puede hablar de una epidemia de violencia cuando los asesinatos
superan los 10 por cada 100.000 habitantes. Haya ya dos años, cuando la situación no había alcanzado los actuales
niveles ni era tan visible la actividad del narcotráfico, una estimación privada señalaba que en la ciudad de Rosario el
año pasado se registraron 257 asesinatos, un 40 % más que el año anterior, y que sitúa la tasa de homicidios en 22 por cada 100.000 habitantes.

Otro dato aportado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, señala que Argentina es el país de América Latina con más robos: 973 asaltos por cada 100.000 habitantes.

Comments are closed.