En reunión entre gobierno y líderes sociales revisan plan de choque para Buenaventura

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En el hotel Cosmos de Buenaventura avanza la reunión entre líderes sociales que convocaron el paro cívico y representantes del Gobierno Nacional.

Al encuentro asiste la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, el Ministro de ambiente Luis Fernando Murillo como designado por el presidente de la República Juan Manuel Santos para representar al Gobierno Nacional,  Luis Alfonso Escobar gerente del Plan Pacífico y autoridades bonaverenses.

La discusión se ha desarrollado en medio tensiones generados por el ‘cacerolazo’ y los 16 bloqueos en la vía.

Los puntos que reclaman las más de 100 organizaciones sociales son relacionados con mejorar el servicio de agua potable, cobertura educativa, empleo y un hospital de segundo nivel.

La expectativa también se mantiene frente a la muerte del policía de carreteras Neiber Enríquez victima de un lazo atravesado en la vía cuando transitaba a la altura del corregimiento de Cisneros, en donde manifestantes adelantan bloqueos.

El hecho ocupó un espacio en la reunión, luego de que la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, lamentara lo sucedido e hiciera “un llamado a la cordura de los manifestantes y de las personas que están en el paro cívico, para que no se generen este tipo de problemas”,

La reunión avanza con la posición de los voceros del paro, de solicitar al Gobierno Nacional la declaratoria del estado de emergencia social, económico y ambiental, y la mesa gubernamental.

En este sentido, se revisa nuevamente los avances del plan de choque, comprometido por el Gobierno Nacional, que contempla inversiones por más de $176.000 millones y más de $30.000 millones de la Gobernación, para resolver necesidades en diferentes áreas como la de aumentar el suministro de agua potable a 18 horas diarias, educación y salud. Se busca implementar mecanismos que permitan más garantías en sus fechas de ejecución.

Cabe recordar que en tres días de paro cívico las perdidas ascienden a los 25 mil millones de pesos por el impedimento del desplazamiento de carga.

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