Borrachos al volante

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Pablo UribePablo Uribe

Twitter: @pablouribe90

Rabia, dolor e impotencia son los sentimientos que embargan al pueblo colombiano, después de ver como Fabio Salamanca asesinó a dos jóvenes ingenieras que apenas estaban comenzando a cumplir sus anhelados sueños, Ana y Diana, además de dejar lisiado de por vida al señor taxista Josman Iván.

Este es un problema que viene desde hace muchos años, Salamanca no es un excepción, tan solo es el caso que los medios de comunicación decidieron explotar. Esta es una situación terrible no solo por lo que pasó, sino porque este tipo de tragedias se repiten cada ocho días. De verdad que tenemos en frente de nosotros un problema de salud pública nacional.

Teniendo en mente los réditos políticos que implica enfrentar una situación de estas, el senador Juan Fernando Cristo propuso de una manera muy poco creativa, aumentar el castigo para los conductores ebrios. Esta solución no es para nada novedosa, es lo que siempre se hace cuando ocurre un caso como estos, en 2012 y en 2009 se hicieron reformas legislativas con exactamente el mismo objetivo, y no solucionaron el problema, de hecho el número de conductores borrachos viene en aumento. Lo que propone el señor Cristo no va a servir para nada más que para conseguirle voticos al senador.

En mi opinión, este problema tiene tres soluciones. La primera tiene que ver con que los castigos que ya existen para los conductores ebrios, que van desde perder la licencia por 2, 3 o 10 años, hasta 9 años de cárcel, en caso de asesinar a alguien, castigos que son evidentemente estrictos, ¿pero acaso estos se aplican? Para nadie es un secreto que la justicia colombiana es muy ineficiente: de todas las denuncias que la fiscalía recibió en el año 2010, tan solo el 5 % terminaron con una condena, eso sin contar los pocos controles que ejercen las autoridades de tránsito en las ciudades. La primera solución es aplicar, pero de verdad, las sanciones que ya existen.

La segunda solución tiene que ver con el transporte público. En el caso de Cali, la rumba en los fines de semana va hasta las tres de la mañana, más o menos, pero el MIO solo funciona hasta las once de la noche. Pregunto yo: Entonces, ¿en qué se va a devolver la gente a la casa? El sistema de transporte público no les está dejando muchas opciones. Hay que recordar que no todos tenemos para pagar taxis de $20.000 o $30.000 y caminar por dos o tres horas a esa hora, con los niveles de inseguridad que hay, no es una opción. En ese sentido, muchos se ven obligados a hacer uso de sus vehículos. Mientras no se garantice el transporte público a la hora que se acaba la rumba, estamos incentivando a que la gente conduzca en estado de embriaguez en automóvil o motocicleta.

La última solución para mí tiene que ver con el Estado, pues es el mismo Gobierno el que le ha vendido el aguardiente con el que se han emborrachado todos esos conductores. Hay que recordar que las finanzas de nuestras gobernaciones dependen en gran medida de las licoreras; es hipócrita, entonces, que los altos funcionarios del Estado estén diciéndonos que no debemos consumir alcohol y manejar, pero al mismo tiempo nos estén intentando vender la mayor cantidad de trago posible. Primero que todo, el Estado no tiene nada que hacer vendiendo alcohol; y segundo, es simplemente perverso que para poder financiar las obras y los servicios públicos que nos presta el Estado, haya que venderles aguardiente a los ciudadanos.

A todos nos gusta tomarnos nuestros tragos cuando estamos con amigos o familiares, pero mientras no se impongan las sanciones que existen a los conductores ebrios, el transporte público no esté garantizado a altas horas de la noche y el Estado nos siga vendiendo licor, los casos como el de Salamanca se van a seguir repitiendo por montones.

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