Buenas intenciones pero poca plata para las víctimas

79

Uno de los rasgos característicos de la Ley de Víctimas es el papel relevante que en su  proceso de implementación deben asumir las entidades territoriales, y así lo demuestra la trascendencia que se le atribuyen a sus competencias.

Por esta razón, el Instituto de Pensamiento Liberal junto con el NDI y con el apoyo técnico de la Fundación Social ha puesto en marcha un Observatorio al cumplimiento de la Ley de Victimas, el cual ha hecho unos reportes preliminares sobre la forma como los gobiernos locales y regionales han abordado el tema en sus respectivos planes de desarrollo.

La evaluación del Plan de Desarrollo de Cali reporta la intención del gobierno de Guerrero de asumir los compromisos que le impone la Ley; sin embargo, tiene dos debilidades: una que se puede suplir con otros documentos ya existentes, y una estructural que afecta todo el Plan.

La primera es la ausencia de un diagnóstico, un análisis de problemas, que permita con certeza saber si la magnitud de la situación está medida y si los programas y proyectos apuntan a resolver los problemas identificados. La segunda es la insuficiencia de los recursos asignados para los componentes de los programas de atención, reparación y rehabilitación de víctimas del conflicto, que es un problema que este componente comparte con todos los del Plan. La situación financiera municipal es la principal debilidad de la administración local.

Una debilidad del Plan es que no contiene un tratamiento diferenciado entre la población en situación de desplazamiento y otras víctimas del conflicto. Aunque Cali incluyó metas de resultado para ambos grupos de víctimas, la diferenciación se expresa en algunos pocos de los componentes que integran el proyecto.

En Cali, como en la mayoría de las entidades territoriales que ha evaluado el Observatorio, se formularon objetivos concretos, metas de resultado y estrategias, programas, proyectos u acciones para cada componente, pero se no destinaron recursos para financiarlos.

El Plan de la capital del Valle, aunque lo menciona, tiene un débil trato diferenciado entre las distintas poblaciones víctimas del conflicto. El Plan, “CaliDA: una ciudad para todos”, contiene un acertado planteamiento de los programas de prevención y protección, así como los de asistencia. Dentro de estos predomina el tema de salud, seguido el de educación y, finalmente, ayuda humanitaria.

Aunque el Plan de Cali contiene un rico planteamiento en materia de construcción de ciudadanía, no es específico con las medidas complementarias de rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición, procesos de retorno y, la menos atendida, las reparaciones colectivas. A diferencia de la mayoría de las entidades territoriales, Cali expresamente incluyó en su Plan programas de generación de ingresos, dirigidos especialmente a las víctimas.

Cali también se destaca con su Plan en materia de víctimas porque incluyó el componente de fortalecimiento de las capacidades locales, los puntos de atención, y el fortalecimiento de sistemas de información. El Plan prevé la ampliación, optimización y desconcentración de las rutas de atención y reparación de las víctimas del conflicto armado.

CaliDA ofrece subsidios complementarios para facilitar el acceso de la población víctima del conflicto armado a soluciones de vivienda nueva o usada, y menciona la necesidad de eliminar barreras que dificultan el acceso de las víctimas a los programas estatales.

En Cali hay algo más de 11.000 familias identificadas como víctimas del conflicto armado, es decir, una población superior a 50.000, casi mayor que la población total de la mayoría de los municipios vallecaucanos.

El esfuerzo que habrá que hacer es enorme. El Gobierno Local tiene buenas intenciones pero poca plata.

Comments are closed.