Cali, uno de los refugios del país de las víctimas del conflicto armado

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Aunque en Cali se siente más tranquilo perdido en la inmensidad del distrito de Aguablanca, su mente no logra superar el horror producido por los relatos de descuartizamientos de amigos y familiares. Julio, un porteño de 30 años, llegó este año procedente de Buenaventura, huyéndole a los enfrentamientos de las bandas criminales que se disputan el negocio del narcotráfico.

En Cali las víctimas de combates o atentados encuentran un lugar para aliviar sus dolores. Foto Personería.
En Cali las víctimas de combates o atentados encuentran un lugar para aliviar sus dolores. Foto Personería.

Este hombre curtido por el mar y la pesca no puede aún superar la pérdida de un primo, que fue desaparecido y descuartizado el año pasado en el barrio Juan XIII, ubicado en la zona continental de Buenaventura.

Los recuerdos de su pariente más la denuncia hecha por el arzobispo Epalza sobre las “casas de pique” llevaron a Julio a abandonar con su familia la tierra donde nació. “Vivíamos en zozobra permanente pensando quién iba a ser el próximo que le ocurriera eso. La gente murmuraba que había paramilitares, pero nadie se atrevía a decir nada. Yo tengo unos niños pequeños y no quiero que me les pase nada”, expresó el hoy vendedor ambulante de frutas.

Este bonaverense, su esposa y sus tres hijos arribaron en esa oleada de desplazados que desde marzo de este año han llegado a la capital del Valle. Cien familias, es decir, unas 350 personas, han escapado de la guerra de las bandas criminales de La Empresa y Los Urabeños por el control territorial del microtráfico de las drogas.

“Ese desplazamiento ha sido gota a gota. Es un nuevo fenómeno que se está dando en el Valle, a raíz del recrudecimiento de la violencia en Buenaventura, explicó la personera delegada Sonia Guerrero.

Esta nueva clase de víctima se mezcla con los desarraigados procedentes de Toribío, Caldono y Santander de Quilichao, ubicado en el norte del Cauca, por causa de los combates entre el Ejército y las Farc. En los últimos años esa tendencia se mantiene, no ha bajado ni aumentado, según la Personería.

Otra manifestación que se ha detectado este año son los afectados por las bandas emergentes en Tuluá y Trujillo, los cuales se están trasladando a la capital del Valle.

De acuerdo con la Personería, en Cali hay 107.000 víctimas del conflicto armado interno, convirtiéndola en la tercera ciudad receptora de afectados, donde el desplazamiento forzado constituye el hecho más frecuente.

A esta estadística local se le suman las 93.000 víctimas que están en Buenaventura y cerca de 23.000 más en Tuluá, para un total aproximado 300.000 personas registradas, de acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Este panorama es mostrado con ocasión del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado en Colombia, que será conmemorado este martes 9 de abril con actividades simbólicas y pedagógicas.

En Cali, en un año como el 2012, la Personería ha llegado a recibir 9.002 víctimas, es decir, un promedio de 25 personas diarias, de las cuales 3.854 corresponden a niños, niñas y adolescentes, cifra que representa el 43 % de las víctimas recibidas caracterizada por rango de edad. De esa estadística, el 53 % equivale a mujeres.

El informe de la Personería indica que el 48 % de las personas atendidas es afrodescendiente y se ve obligada a ejercer empleos informales y de servicio doméstico. El 60 % de los desterrados está ubicado en las comunas 13, 14, 15 y 21, y el 40 % restante en zona de ladera, comunas 18 y 20.

“Las víctimas se asientan en invasiones, algunos pernoctan en hogares de paso, lo preocupante es que son revictimizados al ser obligados a vivir en una ciudad desconocida que los excluye y los olvida en medio de la pobreza, el desempleo y la desigualdad. A estas
personas les toca cambiar los patrones de convivencia y los roles, es difícil que los hombres consigan empleo y les toca a las mujeres emplearse en casas”, añadió la personera Guerrero.

Además, otras personas se van a vivir a barrios con altos índices de violencia e inseguridad, como es Barrio Taller, o con deficiencia en la prestación de servicios públicos, es el caso de Altos de Santa Elena.

Julio, el porteño pescador, asegura que por recomendación de amigos llegó al barrio Potrero Grande, en la Comuna 25. Vive a un lado del jarillón del río Cauca en un cambuche de techo de zinc, soporta las incomodidades del clima con tal de estar en calma, aunque para él  eso es un decir porque ahora observa la violencia generada por las pandillas del sector.

Igualmente, asegura que por un buen tiempo no quiere ir a Buenaventura pese a que extraña el mar y los vientos del Pacífico. “A veces me da tristeza de solo pensar todo lo que dejamos, pero la cosa por allá está dura, los pelados los están reclutando en esos grupos y al que no se quiere meter en eso, lo matan”, manifiesta con resignación el pescador.

Su nombre está registrado en las listas de la Personería de los que esperan que el gobierno nacional acepte su condición de víctima y los ayude económicamente para montar un negocio y comprar una vivienda. Julio también desea una mano espiritual para poder olvidar los macabros crímenes que vio y los que supo en el puerto.

“Los procesos de retorno de esas personas se hacen cada vez más difíciles: el que llega a la ciudad no quiere volver al campo o a su zona después. Resulta también preocupante  que en el país se está haciendo la reparación cuando estamos en proceso de conflicto”, puntualizó la personera Guerrero.

En la actualidad, el gobierno nacional desarrolla procesos de reparación colectiva que apuntan a la reconstrucción de proyectos de vida y a la dignificación de las comunidades en Buenaventura, Buga, Trujillo, Pradera, Florida, Dagua y Palmira. Adicionalmente, se trabaja en cuatro retornos colectivos.

Durante el 2012 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reportó la entrega de ayudas a 55.000 personas, lo que significó una inversión de más de 55.000 millones de pesos. Asimismo, se indemnizaron por vía administrativa a 10.000 personas para una inversión de más de 54.000 millones de pesos, según explicó Paula Gómez, directora territorial de la Unidad.

“Del mismo modo, atendimos las emergencias humanitarias en el marco del conflicto armado, como los desplazamientos masivos y atentados terroristas, la mayor parte de ellos en Buenaventura”, agregó Gómez.

La dificultad en la atención de las víctimas está en que entidades como la Personería no cuenta con recursos suficientes para prestar ese apoyo.

“A pesar de existir la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, entre otras leyes, todavía hacen falta mayores medidas para su implementación.  La Personería pudo establecer que el municipio no ha realizado una caracterización real de la población asentada en la ciudad lo que permitiría ser más efectivo para la atención de las víctimas”, advierte la Federación Nacional de Personeros,
Fenalper.

En Cali las víctimas encuentran un espacio para aliviar sus penas y emprender una nueva vida. Foto Personería.
En Cali las víctimas encuentran un espacio para aliviar sus penas y emprender una nueva vida. Foto Personería.

Testimonios de vida: 

“Una mina me voló una pierna”: “Yo iba con mi esposo y un niño para la finca, paramos a cortar un palo y mi esposo dijo que lo dejáramos para después, él iba a adelante y de un momento a otro sentí que ¡bumm!, no supe dónde quedé tendida. Cuando abrí los ojos estaba en el suelo y pensé: ‘me mataron’. Miré y vi que el niño estaba a un lado. Cuando me fui a parar, tenía la pierna mocha. Yo estaba aturdida, no sabía que había pasado”, relató Epifanía Muñoz, quien hace dos años perdió el ojo y la pierna izquierda al pisar un campo minado en el municipio de López de Micay, en el Cauca.

“Mi esposo me cargaba, yo lloraba y lloraba y decía ‘me voy a morir’. Bajamos atravesando una trocha, llegamos hasta una lancha y nos encontramos con unos guerrilleros que me amarraron la pierna y me pusieron suero. Salimos por el río y después de varias horas me trajeron hasta Cali”.

Desde ese fatídico día Epifanía Muñoz, su esposo Félix Riascos y sus siete hijos no volvieron a su tierra natal. La mujer recibió tratamiento médico y sicológico en el Hospital Universitario del Valle, HUV. Y se fue a vivir con su familia al barrio Potrero Grande, en la Comuna 21.
Pero allá viven el drama del desempleo. Ninguno de los miembros de los Riascos Muñoz tiene un trabajo fijo y viven de la caridad de la gente. Epifanía espera un auxilio del gobierno nacional para montar una tienda en Buenaventura, donde dice que le agradaría vivir.

“Espero regresar algún día a la finca”: “Hace cinco años me fui de la finca, que quedaba en el norte del Valle. Me cansé de que grupos armados nos vacunaran; además, a un hijo mío lo mataron solo porque se negó a pagar una extorsión. Nosotros vivíamos de las vacas, pero unas veces llegaba la guerrilla y nos pedía vacuna, nosotros le dábamos lo que teníamos pero ellos se llevaban también ganado; otras veces nos cayeron los paramilitares, que hicieron lo mismo», expresa un campesino de 60 años.

«Mi hijo mayor me decía que no les diéramos un peso más y así fue. Pero una noche bebíamos en un estanco y aparecieron unos tipos y le dieron bala, lo mataron. Yo no pude hacer nada y de milagro me salvé, pero después de que enterré a mi hijo le dije a mi mujer que nos fuéramos y así llegue a Cali. No he vuelto a ir por allá porque no sé cómo están las cosas, aunque me dijeron que la semana pasada el Ejército mató a El Cabezón, uno de los extorsionistas que nos tenían azotados. ”Acá me defiendo con una tienda, algún día quisiera volver por allá, antes de que muera. Estos años han sido muy tristes porque él nos hace mucha falta, aunque tengo tres hijas. A nadie le he dicho por acá que vengo desplazado para que no me señalen”.

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