¿Captura del Estado o soborno de empresarios?

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Por: Floro Hermes Gómez Pineda

Twitter: @Florohermes

En varias de mis columnas de EL PUEBLO he examinado, desde la óptica de los profesores Daron Acemoglu y James Robinson, el fenómeno que caracteriza a nuestro sistema como uno político y económico extractivo.

Este propósito extractivo de nuestro sistema político y económico se aprecia en el artículo 1 de la ley 2003 de 2019, que modifica el artículo 286 de la ley 5 de 1992, el cual trata de Régimen de conflicto de interés de los congresistas, cuando establece que “Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes circunstancias… e) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo que tratan sobre los sectores económicos de quienes fueron financiadores de su campaña siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual para el congresista. El congresista deberá hacer saber por escrito que el artículo o proyecto beneficia a financiadores de su campaña. Dicha manifestación no requerirá discusión ni votación”.

¿Qué quiere decir este literal, demandado por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y Armando Novoa? Este literal, demandado ante la Corte Constitucional por Alvear y Novoa, quiere decir que todo congresista puede votar proyectos de ley relacionados con los intereses económicos de quienes los financiaron sin incurrir en ningún conflicto de interés (salvo que implique beneficio directo para sí mismo) y únicamente debe limitarse a la formalidad de expresar por escrito que beneficia a sus financiadores. Sólo eso.

La consecuencia: permite la intromisión de intereses particulares en la elaboración de las normas, debilita el principio democrático de la neutralidad de la regla y da una imagen de legalidad a las influencias indebidas ante el legislador, estableciendo una vía legal (que no moral) para favorecer intereses de los financiadores de campañas.

Al respecto hay que decir que el 51% de los empresarios colombianos considera que las contribuciones a las campañas políticas son una forma común de soborno, de acuerdo con una encuesta que en 2016 aplicó la Universidad Externado de Colombia.

De lo anterior se desprende que, la norma demandada observada desde la óptica de las instituciones es un camino para la captura corporativa del Estado; pero, desde la mirada del empresariado colombiano (que todos sabemos son los financiadores) considera que esos aportes son un soborno; es decir, una entrega de dinero para ser favorecidos o para no cumplir con obligaciones.

En conclusión: la norma demandada, desde la mirada de sistema como uno político y económico extractivo, ¿se trata de un mecanismo para fortalecer la captura corporativa del Estado? O, desde la mirada al empresariado colombiano quienes consideran las contribuciones a las campañas un soborno, ¿se trata de un secuestro de la voluntad de los financiadores que de no hacerlo serían víctimas de reglas que les dañen?

 

 

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