Centro de Formación Juvenil Valle del Lili, un problema de nunca acabar

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Personería pidió extremar las medidas de seguridad en Centro de Formación Juvenil Valle del Lili.
Personería pidió extremar las medidas de seguridad en Centro de Formación Juvenil Valle del Lili.

Desde hace cinco años las evasiones son constantes en el centro de formación juvenil, a pesar de que las autoridades construyen muros y refuerzan las paredes.

Pareciera que los jóvenes infractores son más hábiles que las estrategias y dispositivos que en los últimos cinco años han adoptado las autoridades locales para evitar fugas, disturbios y otras alteraciones al interior del Centro de Formación Juvenil Valle del Lili.

Así se podría concluir al observar que en la noche del jueves pasado 55 menores de edad lograron escapar del centro de internamiento tras ocasionar un caos con disturbios, incendios y daños físicos.

La masiva evasión habría sido planeada por los adolescentes indispuestos por la medida de restricción de los alimentos que les llevan sus familiares al centro penal, a raíz de que se ha encontrado que los mismos allegados ingresan sustancias alucinógenas y en algunos casos armas.

Hacia las once de la noche las hectáreas de Valle del Lili se convirtieron en escenario de una batalla campal: diez jóvenes comenzaron el motín en una de las casas, luego incendiaron la planta de electricidad y dejaron el sitio a oscuras, siguieron con la cocina, el cuarto de ropa, las oficinas de los docentes y retiraron tejas. En la recepción varios de ellos se golpearon e incluso uno de ellos apuñaló a otro.

A medida que pasaban los minutos una revolución se vivía al interior, un joven trató de salirse por el techo, pero cayó desde una altura de cuatro metros quedando gravemente herido. Otros usaron la “vieja” táctica de huir, armando una escalera humana.

En pocos minutos el lugar fue rodeado por 300 uniformados y una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, y máquinas de bomberos ingresaron con sus chorros a presión para apagar las llamas y controlar a los alterados jóvenes.

Solo hasta pasada la medianoche delegados de la Personería, Bienestar Familiar y la Policía lograron detener la situación violenta. El saldo: 55 fugados, de los cuales 15 lograron ser recapturados, y cuantiosos daños de las instalaciones.

Este amotinamiento y fuga masiva puso sobre la mesa de discusión el tema de las condiciones de seguridad del centro de internamiento y las falencias en el mismo. El año pasado se registraron 6 fugas masivas (25 jóvenes evadidos) y en este 2013 se han dado 4 casos (60 fugados, incluyendo los del jueves pasado).

Valle del Lili no solo constituye un dolor de cabeza para la ciudadanía y la Policía, sino el problema más agudo para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, que ha encargado la educación a la congregación de los religiosos Terciarios Capuchinos.

El personero delegado Eduard Hernández señaló que Valle del Lili debe cerrarse para construirse un verdadero centro para el manejo de infractores. “Cali ya no necesita más adecuaciones de sitios sino un centro con medidas de seguridad y resocialización. Los chicos infractores no son unos meros raponeros sino que pertenecen a organizacionales delictivas que cometen extorsiones y homicidios, y tienen unas condiciones de vida totalmente distintas, eso amerita una revisión”.

“Además la mayoría de los infractores es mayor de 17 años, no son tan menores. Valle del Lili era para los más pequeños. Allá llegan jóvenes con adicciones que comienzan a temprana edad”, agregó Hernández.

El funcionario fundamenta sus opiniones en que los muchachos se valen de la astucia para hacer cosas que ponen en riesgo sus vidas. Para evadirse forman escaleras humanas o con sábanas arman lazos y descienden desde alturas de seis metros.

La explicación de Hernández hace recordar a Ricky, un pandillero y sicario del distrito de Aguablanca, que antes de cumplir 18 años ya había cometido diez homicidios (todos probados) y tenía varias entradas a Valle del Lili, de donde se escapaba con facilidad al punto que una noche tuvo que ser sacado de Cali en un helicóptero de la Policía hacia un correccional de Tunja, donde también escapó. Ricky fue asesinado a bala por otros pandilleros en el oriente de Cali.

El director regional de Bienestar Familiar, Jhon Arley Murillo, resume que la situación es una reacción a las medidas de control de armas y drogas tomadas en el lugar. “Hace quince días vi a un joven que estaba tan drogado que no podía controlar los esfínteres. Además se estaban generando líderes y pandillas de patios como pasa en la cárcel de adultos y eso no lo vamos a permitir, nos vamos a tener un lugar donde todo el mundo manda, menos el Estado”, aseveró.

Al parecer la circulación de estupefacientes y licor es propiciada por los familiares de los internos, por lo que en octubre del 2011 la Personería recomendó prohibir el ingreso a la persona que sea sorprendida con sustancias psicoactivas, al igual que objetos como correas, piercings, cadenas, cortaúñas, celulares y velas de incienso.

El concejal Roy Barreras fue más allá de pensar que sólo se trata de un efecto visceral de los muchachos y cuestionó la demora de Bienestar Familiar en el reforzamiento del lugar, teniendo en cuenta que los recursos están aprobados desde el año pasado.  “Autorizamos $600 millones para el cerramiento, para terminar un muro, el alambrado de la parte trasera, las puertas y el mantenimiento de las cámaras de vigilancia, pero hasta ahora Bienestar Familiar no ha hecho nada y creemos que ese dinero lo van a usar en la adecuación de las bodegas de la antigua Licorera del Valle”.

“Bienestar Familiar ha realizado innumerables ajustes a las fichas de inversión, causando que hoy las condiciones en el penal no sean las más idóneas para albergar a estos delincuentes juveniles”, dijo el cabildante.

Añadió que se deben endurecer las condiciones de reclusión, ya que “las pandillas y bandas criminales que operan en la ciudad se valen de los jóvenes para cometer sus delitos porque ellos saben que es sencillo fugarse del Centro. Los caleños hemos conocido múltiples casos de sicarios que se dejan capturar, arguyendo ser menores de edad. El efecto disuasivo de la pena se pierde por completo”.

Entre tanto, el director regional de Bienestar Familiar, Jhon Arley Murillo, aseguró que más de dos mil millones han sido invertidos en la seguridad del sitio y este año se harán inversiones por $1.750 millones, pero señaló que algunas deficiencias no se han podido subsanar porque la Gobernación del Valle prometió mil millones de pesos que hasta el momento no ha entregado. Confirmó que las bodegas de la antigua Licorera serán adaptadas por los menores infractores.

Otra dificultad que argumenta Murillo es que 150 de los 350 internos son adultos, pero como el Código de Infancia y Adolescencia dice que el menor así cumpla los 18 años debe continuar la pena en el centro de formación. Para el funcionario, estos adultos son los que están generando los problemas.

Un fiscal de Infancia y Adolescencia, que pidió reserva de la identidad, afirmó que no solo la infraestructura es uno de los factores de los desórdenes sino el manejo efectuado por los Capuchinos Terciarios. “Este problema no se va a solucionar hasta que el Centro sea manejado por el Estado y no por privados. Un juez o un fiscal no puede entrar a ese lugar porque los curas no lo permiten, nosotros que sancionamos a los jóvenes no podemos ingresar, nos dicen que allá mandan ellos (padres). Es otro mundo, allá se hace lo que diga el padre”.

El fiscal añadió que durante la legalización de las capturas y la formulación de los cargos, los mismos menores les piden que los envíen a Valle del Lili. “Ellos conocen las condiciones allá, mientras que no quieren ir a El Buen Pastor porque eso sí es una cárcel, tiene más seguridad”.

Respecto a ese tema, Jhon Murillo, vocero de ICBF, anunció que a nivel nacional se busca otro operador que pueda manejar el centro. “Estamos haciendo una revisión de operadores, pero no es fácil encontrar una entidad que tenga la capacidad. Nosotros hemos sancionado a los Capuchinos, el año pasado se les impuso una multa por cien millones de pesos y ahora tienen otros dos procesos sancionatorios”, acotó el funcionario.

Mientras las autoridades locales logran encontrar una solución definitiva a esta problemática social y de orden público, la Policía adelanta operativos para dar con el paradero de los 40 infractores que escaparon junto a otros 15 y están prófugos de la justicia.

Antecedentes de fugas

En abril de 2013: Seis jóvenes intentaron fugarse, aprovechando el ingreso de un carro repartidos de alimentos. La situación fue evitada por la Policía.

En agosto de 2011: 158 internos se evadieron del centro. Se enfrentaron a policías y retuvieron a un educador al que le quitaron las llaves.

En octubre de 2011: 162 menores se fugaron de Valle del Lili. Mientras los educadores veían un partido de la Selección Colombia Sub 20, los jóvenes huyeron.

En el 2008: 154 muchachos escaparon.

En el 2007: la cifra fue de 337 fugitivos.

 

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