Chismes y rumores

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 Por Camila Zuluaga

@zuluagacamila

Acabar con el Consejo Superior de la Judicatura ha sido intención del gobierno del presidente Juan Manuel Santos desde la primera reforma a la justicia tramitada por el entonces ministro Juan Carlos Esguerra.  Como es sabido, ese objetivo no fue conseguido debido a la colección de micos descubiertos por los medios de comunicación y los colombianos que impidieron que se ejecutara esa reforma. Micos conocidos por el gobierno, que pasaron de agache ante la intención mayor que era acabar precisamente con ese alto tribunal.

Hoy el objetivo no es distinto, se quiere acabar con la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y así se presentó en la reforma al equilibrio de poderes que se viene discutiendo en el país desde hace más un año. En la nueva legislatura ese debate estará nuevamente sobre la mesa y tal vez por eso el presidente hizo una delicada denuncia esta semana que termina, acusó a los magistrados de estar haciendo lobby y ofreciendo puestos a los congresistas para que votaran en contra de la eliminación de ese tribunal.  Además de lo grave del contenido de su acusación, hubo en ella un tinte de irresponsabilidad pues todo indica que esta se dio en primera instancia basada en un rumor.

Si la alocución presidencial se dio así, es una irresponsabilidad que no se puede volver habitual. Tal parece que nuestros líderes  se han acostumbrado a dar por hechos los rumores y valerse de ellos para  atacar a sus enemigos. No olvidemos los rumores de los que hablaba Uribe sobre el dinero del narcotráfico que había ingresado a la campaña de Santos en 2010, dados por ciertos sin tener las pruebas. Rumores y rumores, es a lo que se están reduciendo los enfrentamientos ideológicos, en vez de sostener posturas con argumentos y debates.

Que los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura no sean unos ángeles, que su prestigio este por el piso y que existan argumentos de sobra para eliminar ese organismo no quita que las declaraciones del presidente Santos hayan sido imprudentes. La magistratura del cargo no debe permitirse dar declaraciones basadas en chismes. Si el ejecutivo estaba tan preocupado ante las actuaciones de los magistrados debió hacer la denuncia con nombres y apellidos, decirle al país cuales magistrados y cuales congresistas estaban negociando un voto a cambio de puestos.  Eso hasta hoy no ha sido posible, todavía no sabemos quienes estaban participando de ese contubernio delictivo. Los únicos detalles que hemos conocido son las declaraciones dadas por el magistrado Néstor Raúl Correa, quince horas después de las palabras presidenciales, denunciando que sus compañeros en sala plena decidieron votar ocho a uno, derrotando su postura para que hicieran lobby en el Congreso, entidades académicas, foros y medios de comunicación.  Pareciera que de la casa de Nariño lo hubieran llamado a decirle que saliera a poner la cara sobre los chismes que habría llevado a Palacio.

Sin embargo, más allá de los dimes y diretes, lo que en el fondo está en juego no es el lobby de los magistrados, pues, si lo recuerdan bien, el fiscal Eduardo Montealegre, cuando estaban discutiendo la creación del tribunal de aforados, propuesta que fue introducida por la senadora Claudia López, habló e incluso amenazó a muchos legisladores; en ese entonces el ejecutivo no saltó a protestar.

Lo que está en juego es el presupuesto de la rama judicial: ¿Quién va a manejar los recursos que se destinan a la justicia?. Hoy quien se encarga del dinero es precisamente la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, aquella que quiere el gobierno eliminar. La propuesta es que ahora la plata de la justicia sea manejada por una especie de grupo de notables, del cual harán parte los presidentes de las altas Cortes, el fiscal general y, ¡sí señores!, el gobierno. El ejecutivo quiere tener puesto ante aquel organismo que decide cómo se deben repartir los dineros de la justicia.

La pregunta entonces es:  No mina esto en cierta medida la independencia de la rama judicial, base fundamental de la estructura del Estado colombiano? ¿Quiere el ejecutivo concentrar aún más poder, ahora siendo parte de la administración de los recursos de la justicia? Ese es el debate que se tiene que dar, esos son las explicaciones que debe esbozar el gobierno.  Deben argumentar por qué es bueno que  el Estado tenga injerencia en la forma en que se maneje el dinero de la rama judicial. Lo anterior en vez de salir a dar declaraciones basadas en chismes para desprestigiar un tribunal que no lo necesita, pues está desprestigiado de sobra y solamente para lograr que el Congreso vote a su favor.

Una cosa más: No creo que se deba crucificar a “Guty”,  la presentadora de Telepacífico, por lo sucedido en su programa; suficiente con el hecho, como para volverla ropa de trabajo en las redes sociales.

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