Ciudades y construcción de edificaciones seguras en Colombia

0

Pág 20 CIERLuis Eduardo Lobato Paz

Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente

Durante muchos años, las ciudades colombianas crecieron sin control de ningún tipo, y en unas más que otras son palpables esos desórdenes en la planificación urbana. Quedaron evidenciados en la destrucción de sus centros históricos, en la falta de criterios para la separación de las áreas de acuerdo con su vocación, o en ciudades no densificadas.

Sin desconocer los costos económicos o ambientales que este hecho ha traído, tal vez la situación más preocupante tiene que ver con el factor seguridad de sus construcciones. En Colombia son relativamente recientes las disposiciones que limitan la actividad constructora y en las que se obliga a estas empresas a tener en cuenta los estatutos de usos del suelo. A esto se le agrega que en la mayoría de ciudades en Colombia  no se han realizado estudios de microzonificación sísmica para establecer los potenciales riesgos que trae la construcción de viviendas en algunas zonas.

En Cali, solo en 1993, se promulgó el Estatuto de Usos del Suelo y en él se definió cuáles serían las áreas de vocación residencial, las de uso mixto o las de vocación paisajística (Acuerdo 30 de 1993). Otra disposición que tenía como propósito mejorar y acelerar los procesos de planeación urbana fue la creación de las Curadurías Urbanas (Decreto 2150 de 1995). Las personas designadas para desempeñar esta función tendrían la facultad para expedir licencias de construcción a las empresas constructoras. Lo anterior previa revisión de que se cumplieran con los requisitos consagrados en los estatutos del suelo.

En 1997, el gobierno colombiano expidió la Norma de Diseño y Construcción Sismorresistente (Ley 400 de 1997). Para ello las ciudades debían contar con estudios de microzonificación sísmica, que en el caso de Cali solo se cumplió en el año 2002.

Con todas estas disposiciones y normas establecidas se esperaría que las situaciones de riesgo se disminuyeran notablemente en las ciudades colombianas. Pero la situación presente demuestra que no ha sido así. Es difícil, en primer lugar, enderezar todas las fallas cometidas durante décadas anteriores y que llevaron a aumentar la vulnerabilidad de determinadas zonas por diversos factores (desviación de vertientes de ríos y quebradas, desecación de lagunas, construcción en zonas de alta pendiente). En segundo lugar, hay una presión cada vez mayor de empresas constructoras para que les permitan construir edificaciones de mayor altura, sin que estudios rigurosos constaten la capacidad de los suelos sobre los cuales se levantarán las edificaciones.

Respecto del primer factor señalado, se encuentra que en Cali, en los años anteriores, se legalizaron barrios en zonas de ladera (Siloé, Terrón Colorado, La Estrella, entre otros) o en zonas de suelo frágil, por haber sido anteriormente lagunas o humedales, o sobre el jarillón del río Cauca (caso Distrito de Aguablanca). Los resultados de estas decisiones es que periódicamente en dichas zonas de ladera hay deslizamientos de tierras, que afectan viviendas y vidas humanas; se producen agrietamientos de viviendas y hundimientos en aquellos sectores construidos en zonas inundables; y persiste el riesgo de inundación de gran parte de la ciudad si llegara a colapsar el dique construido para la contención del río Cauca.

El fenómeno de los deslizamientos de tierras y las avalanchas se registra por igual en ciudades como Bogotá, Medellín y Manizales. Barranquilla es el ejemplo palpable de como la desviación o alteración hidráulica de las corrientes se vuelve un problema de difícil resolución.

En este primer factor habría que incluir también el peligro que ofrece la construcción de varias de nuestras ciudades sobre fallas geológicas o estar en medio de placas tectónicas. Para el caso de Cali se tiene establecido que está situada en un espacio cruzado por las placas tectónicas del Caribe, Nazca y Suramérica y que varias zonas pobladas están atravesadas por las fallas geológicas de Cali – Patía y Romeral. El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo reveló en octubre de 2012 que en caso de que se presente un terremoto de 6,9 en la escala de Richter, la devastación de la ciudad sería muy grande ya que gran parte de las edificaciones no fueron construidas de acuerdo con los parámetros de sismorresistencia (ADN, octubre 17 de 2012).

Este mismo ejercicio se podría hacer con varias ciudades de Colombia y podría arrojar resultados similares ya que los estudios de microzonificación sísmica son recientes, o en varias ciudades o poblaciones de Colombia no se han realizado.

Con el colapso del bloque de edificios Space en Medellín quedan claro los factores de riesgo que ocasionan las presiones de empresas constructoras por expandir el área construida de las ciudades. Muestra sobre todo la inexistencia de instancias gubernamentales que vigilen y supervisen la calidad de los materiales que se están empleando en las grandes edificaciones y también la necesidad de exigir  a estas empresas certificados geotécnicos que comprueben la capacidad de soporte de los suelos.

No podemos seguir esperando a que haya tragedias para establecer fuertes controles a la actividad edificadora en Colombia y también es necesario evaluar que está pasando con las curadurías urbanas. Si no están desempeñando la actividad para la cual fueron creadas, será necesario pensar en la creación de otras instancias que puedan garantizar el respeto por los usos del suelo y la seguridad para quienes adquieren viviendas.

Comments are closed.