Colombia: 30 días para regular la eutanasia

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Floro Hermes Gómez Pineda

Twitter: @Florohermes

Mientras el país está enfrascado en el debate ruidoso de opinión entre el asunto liberal de una adopción gay amplia, igualitaria y sin limitación versus la cuestión conservadora de una adopción gay restringida, discriminatoria y limitada, a raíz del fallo de la Corte Constitucional, el pasado miércoles 18 de febrero; en medio de un silencio monacal, la misma Corte Constitucional le dio 30 días hábiles al Ministerio de Salud y Protección Social para que elabore un protocolo que guíe a los prestadores de servicios de salud (hospitales, clínicas, IPS y EPS) en la aplicación del derecho a morir dignamente.

Aunque “existen situaciones en que el interesado solicita de forma libre, continuada y responsable que se le ponga fin a su vida y que tal petición constituye su verdadera opción de vida”, como lo señala acertadamente el conocidísimo sacerdote jesuita español científico y experto en bioética, muerto el 5 de marzo de 2001, Javier Gafo Fernández, la situación se torna difícil, compleja y peligrosa cuando va dirigida a una población donde existen grandes capas de gentes pobres e ignorantes, incapaces de comprender argumentos de carácter humanista o racionalista, tal cual es nuestro caso en Colombia.

Por lo tanto, hablar de eutanasia significa abordar un asunto científico profundamente liberal, racionalista y humanista, sólo posible de ser entendido a partir de una idea moderna e ilustrada del padre del liberalismo, el escocés John Locke: la propiedad, la cual no es otra cosa (según él) que “la vida, las libertades y las posesiones”; en otras palabras, quiere decir entender la vida como propiedad, como pertenencia, como dominio y no la entiende todo catolicismo, como ajena, como don sagrado, como indisponible, sin lugar a dudas una cuestión bioética frente a la cual es imposible guardar neutralidad o mostrar indiferencia, especialmente en un país como el nuestro en que cerca del 90% de los pobladores somos católicos apostólicos romanos.

Luego, el silencio monacal en medio del cual el Ministerio de Salud y Protección Social debe aplicarse a cumplir en 30 días hábiles, contados a partir del día 18 de febrero, debe ser roto: es necesario debatir públicamente un asunto como es el derecho a decidir sobre la propia muerte cuando se sufre de un dolor total, es decir deliberar sobre aquel sufrimiento de un paciente declarado termina, caracterizado por un dolor que es físico, psíquico, social y espiritual, para que tal regulación de la eutanasia no se transforme en una forma eugenésica que sirva para suprimir vidas, que a alguien imagine sean indignas de ser vividas, tal como ocurrió en la Alemania Nazi.

En conclusión: en un país como Colombia, inclinado peligrosamente a la derecha, en donde aceptamos, pronunciamos y toleramos la idea de la existencia de “desechables”, la regulación de la eutanasia (durante estos 30 días hábiles que están corriendo) debe ser un asunto público, cuidadoso, meticuloso y prudente, máxime sabiendo de amplias capas de población incapaces de valerse de su propio entendimiento, acostumbradas a obedecer y vender sus conciencias y esperanzadas en un liderazgo mesiánico.

 

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