Concejales solicitan a moradores del Jarillón denunciar atropellos en proceso de reubicación

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Desde el Concejo de Cali se solicitó a los moradores del Jarillon Río Cauca, en proceso de desalojo y reubicación, hacer las denuncias respectivas sobre violación a los derechos humanos y derechos fundamentales, para que los órganos competentes hagan el seguimiento y la revisión de aquellos casos de vulneración a mujeres y niños.

Durante el debate, se solicitó al gobierno caleño aclare si las familias a reubicar están en zona rural o urbana, desde la visión legal del Plan de Ordenamiento Territorial POT, así como se pidió a la Personería y la Contraloría de Cali un pronunciamiento oficial al respecto desde cada competencia.

El debate continuará este viernes en plenaria debido a la información que aún no logra exponer en su totalidad el gobierno municipal.

Marlon Cubillos, abogado defensor de la comunidad del Jarillon Río Cauca, así como Efraín Valencia Valencia, de la ONG Sol Jurídico, solicitaron de los órganos de control y de la defensa de los derechos humanos, brindar las garantías necesarias para que se respete a la comunidad que habita en el Dique y que están siendo atropellados con los operativos de desalojo, ordenado con el fin de recuperar ese cordón de protección.

Valencia Valencia, argumentó, que a la comunidad del Jarillon no se le notificó de los operativos de desalojo, por consiguiente, “se violaron derechos fundamentales y el debido proceso”.

“Es cierto que en el Jarillon hay invasiones, pero también hay propietarios, por lo tanto, no se puede generalizar y la Personería, así como la Defensoría debe acudir a blindar a los ciudadanos”; sostuvo el abogado Cubillos.

Jackeline Ariza, habitante del Jarillon y propietaria por más de 20 años, denunció que su casa fue demolida y no obtuvo solución de reubicación y menos para la unidad productiva de porcicultura (70 cerdos) que tenía allá. Ariza también indicó, que a los moradores en proceso de desalojo, se les ofrece $206 mil pesos para que paguen arriendo, cuando los arriendos superan los 300 y 400 mil pesos en el sector.

Ariza también denunció amenazas contra su vida, dado su liderazgo en la zona a favor de los moradores, además de exigir que la Personería garantice los derechos fundamentales de la comunidad.

La Concejala María Grace Figueroa Ruiz, insistió en la necesidad de hacer las denuncias respectivas ante los órganos competentes para que cesen los atropellos en contra de la comunidad, “porque no podemos quedarnos en la denuncia ante medios o escenarios como el Concejo, pero sin llegar al final”, enfatizó.

A la señora Ariza, sostuvo la Concejala María Grace Figueroa, el Estado no ha podido responderle por su casa, porque la misma es ostentosa para una zona como el Jarillon. “Esa inversión millonaria que ella hizo en ese sector el Estado no podría pagarse, y la reposición que ofrece el gobierno tampoco se podría llevar a cabo, porque su esposo aparece como propietario de predio”, sostuvo la Concejala Figueroa Ruiz.

Figueroa Ruiz solicitó desde el Concejo, no generar falsas expectativa para los habitantes del Jarillon, más allá de lo que pueda ofrecer los estrados judiciales, siempre y cuando se presenten las denuncias respectivas y se demuestre el derecho a la propiedad.

Para la Concejala Patricia Molina Beltrán, lo vital con los habitantes del Jarillon y la orden de desalojo, es poder definir en qué perímetro (urbano o rural) están asentadas las 8777 familias a reubicar. Mientras eso no se aclare, dice Molina Beltrán, las acciones de los inspectores de Policía podrían ser ilegales, a la luz del Plan de Ordenamiento Territorial POT Vigente para Cali. La Concejala solicitó a Rodrigo Zamorano, Secretario de la Gestión del Riesgo, que aclare cómo se han hecho las reubicaciones de familias en Llano Verde, cuando no eran propietarias de predio en el Jarillon.

A su turno Horacio Nelson Carvajal Hernández, expresó su preocupación por las denuncias que hacen voceros de la comunidad frente a las acciones del gobierno municipal ejecutadas con las comunidades del Jarillon. En ese sentido, llamó la atención de la Personería para que certifiquen su actuación y la actuación de la administración municipal, para saber si estaban en los términos legales y la Contraloría de Cali aclare de quién son los predios objetos de desalojo.

Para el Concejal Juan Carlos Olaya Ciro, el control político que hace el Concejo surge producto de las irregularidades que se han cometido en contra de los moradores del Jarillon Río Cauca. “Lo que pretendemos es defender a las personas y buscar resarcir sus derechos humanos”, enfatizó Olaya Ciro, quien indicó que el tema se tendrá que llevar a otras instancias, porque fue el Municipio que permitió que durante 20 años se ocupara el Jarillon.

La Concejala Clementina Vélez Gálvez, indicó que la obra de recuperación del Jarillon Río Cauca, demandan una serie de acciones a favor de la comunidad afectada, siempre y cuando se respete el derecho legal que rige a la función pública, pero también los que rigen a los ciudadanos.

El Personero Municipal Héctor Hugo Montoya Cano, indicó que la labor de la Personería ha estado centrada en la defensa de los derechos humanos de las comunidades sometidas a desalojos y en el caso del Jarillón Río Cauca, la labor dio inicio desde el año 2014. Para el caso del Jarillón hay varias delegadas en esa labor, de la mano de la misma Procuraduría, enfatizó.

“Desafortunadamente hay que desocupar el sector por el inminente riesgo que presenta el Dique para la ciudad, y eso ustedes me lo han planteado a mí”, sostuvo el Personero Montoya ante las familias presentes en el auditorio del Concejo. También enfatizó que la Personería ha estado presente en todo el proceso, y se elevó solicitud al Alcalde para que suspendiera los operativos, al no contar con las notificaciones respectivas a las familias afectadas.

Entre tanto Rodrigo Zamorano Sanclemente, Secretario de Gestión de Riesgo de Cali, indicó que a la fecha se han reubicado 663 predios y en la zona del Jarillon se han reasentadas 1312 familias, debidamente comprobados, para un total de 1.975 familias reubicadas. La inversión supera los 47 mil millones de pesos. Asimismo, aclaro Zamorano que se trata de una ocupación en un bien de uso público. “Si nos equivocamos, tendrá la comunidad y los voceros hacer las denuncias respectivas, según corresponda”, enfatizó Rodrigo Zamorano Sanclemente, Secretario del Riesgo del Municipio quien volvió a insistir que la propiedad del Jarillón si es propiedad de la Cvc y que allí no se construirá ningún parque o se montarán estructuras sólidas.

La plenaria fue citada nuevamente para este viernes 28 de octubre de 2016, a las 9 y 30 am

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