Conexión

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ana maria ruizEsta semana vi a personas inteligentes, informadas y usualmente sensatas en sus análisis políticos, reaccionar visceralmente en contra de la posibilidad de estudiar la conexidad entre narcotráfico y delito político, en aras de favorecer una futura vinculación de desmovilizados al escenario político.

Ampliar el campo de los delitos conexos con el delito político es un proceso que está establecido por la ley. En el Marco Jurídico para la Paz se establece que no podrán ser considerados conexos al delito político los crímenes de lesa humanidad y genocidios cometidos de manera sistemática. Pero nada se dice acerca de tráfico de sustancias ilegales.

Cuando se adelantaban las negociaciones con los paramilitares en el proceso de justicia y paz, muchos colombianos parecieron estar dispuestos a perdonar las masacres y los descuartizamientos con motosierra, pero no el delito de traficar con droga. No es extraño que ahora frente a las Farc suceda lo mismo: parece que la sociedad colombiana fuera capaz de perdonar la infinidad de delitos cometidos por las Farc en 50 años de guerra, pero no el narcotráfico.

El narcotráfico es una transacción comercial con mercancía ilegal. Hasta ahí estamos claros en que es un delito, pero no de lesa humanidad. Lo grave no es la operación comercial, sino la cadena de delitos que se cometen para coronar un cargamento: corrupción, asesinatos, secuestros, degradación social, y el terrorismo que nos sobrevino desde las oscuras épocas de la guerra de las drogas contra el Estado.

Aniquilar o encarcelar a los cabecillas del negocio, no desapareció el negocio. El tráfico de cocaína ha sido una próspera fuente de ingresos para miles de personas desde esos tiempos hasta hoy; mientras exista demanda habrá oferta, y en este país ya hay un know how del business. Ilegal, por supuesto, pero business is business.

Es decir, entrada de dinero. Supongamos por un minuto que un cargamento ilegal de estos surte la cadena de producción y comercialización por rutas “seguras”, sin que en el camino se asesine, secuestre o amenace a nadie. Muchos bolsillos se beneficiarán del ilícito, por supuesto; la corrupción es connatural al narcotráfico, pero tampoco es un delito de lesa humanidad. Si el dinero producto de ese ilícito es utilizado por las Farc para comprar armas, dotaciones y mantener su estructura militar, ¿puede ser catalogado como conexo con el delito político? Esa es la pregunta que puso sobre el tapete el presidente Santos. Y es con esa pregunta que el país se rasga las vestiduras.

Nadie ha dicho que se quiera convertir el narcotráfico en delito político, como rápida e irresponsablemente replicaron muchos. Yo no soy abogada, pero me imagino que se trata de buscar una manera de examinar caso a caso para verificar el papel de las Farc en el tráfico de cocaína, el uso de ese dinero para financiar la guerra. ¿Cómo sería el trámite para juzgar al narcotráfico como conexo del delito político en el marco de la justicia transicional? ¿Por qué las masacres, los atentados contra la población civil y contra el medio ambiente al parecer encontrarían mayor margen de juego dentro del proceso jurídico que seguirá a la firma de las negociaciones, y en el tema del narcotráfico siempre se nos enreda la pita?

¿Que es lo que Colombia no perdona, lo realmente imperdonable del narcotráfico? Este es uno de los temas pendientes que mayor trascendencia tiene para Colombia, por la carga de dolor y desmesura que arrastra y por la dificultad ética para abordarlo. El examen sereno a este asunto puede poner por primera vez al país a debatir sobre el verdadero centro de su drama: el papel de la gasolina en el motor de la guerra.

Ana María Ruiz P.

@anaruizpe

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