Confieso, la he usado

0

alfonso otoyaPor Alfonso Otoya

@AlfonsoOtoya

Soy un convencido que la función del Estado es regular los mercados y proteger a los consumidores, en lugar de prohibir actividades que al final la fuerza del mercado lograra imponerse. Situaciones como esta se vivieron en Estados Unidos en la época de la prohibición del alcohol, o actualmente en el mundo occidental con la prohibición a las drogas.

Colombia y en especial Cali está viviendo el resultado no sólo de la guerra contra  las drogas sino que además va a vivir las consecuencias de la guerra contra UBER. Lo que se plantea hoy  en torno a la legalidad de la plataforma UBER, en realidad va mucho más al fondo de la reglamentación de nuestra legislación sobre el sistema de transporte. La solución no debería ser sacar un decreto prohibicionista, sino entender el problema y buscar una solución. Los taxistas, y con razón, se quejan que los carros de UBER no pagan los mismos “impuestos” que pagan ellos y que por este motivo son competencia desleal.  El tributo al que hacen mención los taxistas es el popular “cupo”. En algunas ciudades el cupo puede costar más que el taxi mismo. En el caso de nuestra ciudad el cupo es del orden de  60 millones de pesos y en Bogotá, la otra ciudad que vive esta guerra, el cupo es de alrededor 100 millones. La claridad que hay que hacer es que estos recursos no son un impuesto y no van a parar a las arcas municipales o nacionales. Por el contrario corresponden a un mercado informal donde particulares negocian de manera privada este valor. La práctica es aterradora pues la realidad es que las alcaldías, avaladas por el Ministerio de Transporte, cada determinado tiempo sacan nuevos cupos los cuales otorgan de manera directa y sin ningún costo a las personas que ellos determinen de manera arbitraria.  Un conductor de UBER, simplemente compra un carro blanco y tramita el permiso de transporte especial.

Los taxistas tienen razón en protestar pues tienen que defender sus intereses económicos. Han comprado un activo, el  cupo, que no tiene expiración en el tiempo y que en teoría se debe valorizar. Es de esperarse que estas 500 mil personas en Colombia protesten si esta inversión de la noche a la mañana pierde por completo su valor. Es aquí donde radica el problema de UBER y la negativa del gobierno a dar una solución de fondo. Si el cupo no existiera, y el mercado se determinara por la oferta y la demanda, seguramente los dueños de taxis invertirían el valor del cupo en vehículos con mayores medidas de seguridad y  mayor comodidad para el pasajero.

Sin embargo, lo que ha demostrado UBER,  es que hay usuarios que están dispuestos a pagar más por un mejor servicio con unas características determinadas y  tienen derecho  de acceder a él dado que el mercado lo está ofreciendo. Es entonces el gobierno nacional el llamado a solucionar el problema de los cupos creando un esquema transitorio, buscando un sistema de lotería para su asignación o diseñando un mecanismo que recupere la vocación natural de los cupos los cuales antes de politizarse y convertirse en herramientas para el lucro particular, buscaban que las personas que se montaban al frente del volante de un taxi estuvieran capacitadas y pudieran prestar un servicio de calidad y que además no hubiera sobre oferta para que los taxistas tuvieran una demanda y a su vez los colombianos  una oferta asegurada

Evidentemente lo más fácil es sacar un decreto prohibiendo el uso de UBER. Espero que esta medida sea temporal mientras el gobierno ofrece una solución de fondo y garantiza la existencia de los dos servicios. Por lo pronto lo único que espero es que ahora nuestra ciudad no padezca una cacería de brujas como lo vive en la guerra contra el narcotráfico y que los delincuentes ahora no vayan a ser los usuarios de UBER que solamente buscan satisfacer una necesidad insatisfecha. Si esto convierte a los usuarios en delincuentes yo tengo que confesar que soy uno,  pues he usado la plataforma UBER.

Comments are closed.