Constitución política colombiana, Pacto social y Cultura de Paz

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 Luis Eduardo Lobato Paz

Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente

Uno de los puntos de discusión política actual en Colombia gira en torno a la discusión, si es necesario refrendar, por medio de Plebiscito o una Constituyente, los acuerdos que negocia el gobierno con las FARC en la Agenda de La Habana. El primer mecanismo sería una vía más rápida para formalizar o cerrar el proceso de negociaciones. La segunda opción, abriría una compuerta a través de la cual se estudiarían distintas fórmulas para poner en marcha prácticas de justicia para la reinserción de los guerrilleros , la revisión de varios artículos de la actual Constitución Política o incluso llevar a la promulgación de una nueva Carta Constitucional. Esta salida implicaría un proceso político de mediano y largo alcance.

Se puede advertir entre los partidarios de reformar la Constitución el anhelo de allanar el camino para que se cambie el modelo económico del país, se avance en la superación de las desigualdades económicas en que vive la población colombiana o se fortalezca una cultura de paz. Es altamente improbable que los negociadores del gobierno y los gremios económicos aprueben que se considere la posibilidad de revisar el sistema económico del país. Eso sería darle la razón a aquellos sectores políticos que acusan al presidente Santos de estar coligado con las FARC para instaurar un castro-chavismo. Es más factible que se propenda por allanar caminos para reducir las desigualdades sociales y generar un marco político en el que quepan todos los colombianos sin importar su impronta ideológica.

Si se examina la historia reciente del país, se recuerda que la Constitución de 91 tuvo ese mismo propósito y fue asumida como la concreción de un nuevo pacto social. Acuerdo que permitió consignar un articulado muy amplio por medio del cual se aspiraba a constituir una sociedad más incluyente, fortalecer el estado de derecho, la cultura participativa y promover en las nuevas generaciones la convivencia en paz. Si partimos de esa premisa, el camino no sería embarcarse en la promulgación de una nueva constitución con todas las complicaciones que ello traería, sino poner en práctica todo aquello que quedó establecido en la Carta de 1991.

En los artículos que recogen los principios fundamentales, especialmente el 1 y el 7 la sola mención de que Colombia es un Estado social de derecho y que protege la diversidad étnica y cultural de la Nación, lleva a pensar que el Estado colombiano asume como una de sus finalidades básicas garantizar, no solo la protección de los derechos fundamentales sino también avanzar en mejorar las condiciones sociales de sus habitantes más desfavorecidos. Esta promesa de acción, queda reforzada por numerosos artículos en los que el Estado declara que buscará los medios para garantizar el acceso a los servicios de agua, energía, saneamiento, educación, salud, seguridad social, vivienda y recreación a todos los sectores de la sociedad. Así mismo en varios de ellos, se insiste en dar prelación para la asignación de recursos estatales a las zonas de menor desarrollo.

Con nombre propio se promulgaron artículos para favorecer las condiciones de vida de discapacitados, disminuidos físicos y psicológicos, mujeres cabezas de hogar, personas en situación de indigencia, campesinos, afrocolombianos e indígenas. Todo esto puede interpretarse como el reconocimiento de una deuda social e histórica con amplios sectores de la sociedad, que durante décadas no han tenido igualdad de oportunidades y no han podido acceder a los servicios básicos que cualquier ser humano necesita para llevar una vida digna.

Una revisión de los programas, políticas públicas o decretos establecidos por el gobierno colombiano en los 25 años que lleva de promulgada la vigente Constitución Política, puede establecerse que falta mucho por hacerse para materializar ese Estado social de derecho. Hay logros evidentes como la universalización de los servicios de salud y educación primaria, aunque la prestación del primer servicio por las EPS o SISBEN es deficiente o inequitativo en muchos casos; en la educación debe trabajarse mucho por mejorar la calidad educativa de los colegios públicos.

La verificación de lo que acontece con los trabajadores del agro nos demuestra que su situación socioeconómica no ha mejorado mayormente, el último censo agropecuario demostró la gran concentración de la tierra y niveles de desigualdad tan fragrantes que hacen que los grandes latifundistas sean dueños del 70 % de las tierras productivas del país y los propietarios minifundistas solo tenga el 1% de estas tierras. A esto se le agrega que campesinos, indígenas y afrocolombianos han sido objeto de desplazamiento y muerte por los actores armados.

En lo referente a la creación de una cultura de paz, el articulado es vasto. Desde el artículo 22 y 41 que hablan de la paz como derecho y de la obligatoriedad de la enseñanza de la Constitución Política en todas las instituciones educativas del país. A estos se le pueden agregar otros artículos que amparan la formación de partidos políticos, garantías para su ejercicio político y la financiación por parte del Estado de los mismos, el derecho a la protesta, el respeto de la pluralidad, mecanismos para ampliar la participación política de los ciudadanos, la separación de los poderes, limitación de los tiempos y alcances de los estados de excepción, establecimiento de jurisdicciones especiales y la Defensoría del Pueblo.

Cómo puede colegirse hay suficientes herramientas para reducir el autoritarismo, fortalecer la democracia participativa, garantizar el respeto de los derechos humanos y formar a las nuevas generaciones en una cultura de paz. Aunque falta una voluntad política para llevarlas a cabo. Si miramos un hecho puntual, solo a partir de este año existe la obligatoriedad de los centros educativos para implantar la Cátedra de Paz en sus currículos.

A manera de conclusión antes que embarcarnos en una nueva Constitución lo que hay que hacer es hacer efectivas todas las promesas de inclusión social y búsqueda de un orden democrático en la Constitución de 1991.

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