¿Corrupción central?

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Por Camila Zuluaga @ZuluagaCamila
Por Camila Zuluaga @ZuluagaCamila

La licitación para la construcción de la vía a la prosperidad en el departamento del Magdalena demuestra, una vez más, que los gobernantes de la capital son tapados y traidores.

La cosa es así: el Ocad (Órgano Colegiado de Administración y Decisión) es un mecanismo que creó el gobierno Santos para, supuestamente, «proteger» las regalías. En cada caso está conformado por representantes de los gobiernos nacional, departamental y municipal. A través de este invento –que buscaba transparencia pero resultó nefasto–, las regiones se reúnen y se presentan proyectos que en muchos casos se estructuran a la carrera y se aprueban a pupitrazo limpio. Cómo será de malo este mecanismo inventado por el gobierno, que su ministro del momento, Germán Vargas Lleras, personaje que no da puntada sin dedal, se retiró de ellos y en su remplazo llegó la ministra de Transporte.

Explicada la manera como funcionan los Ocad, procedo a informarles que a uno de ellos, el de la región Caribe, asistió el presidente Juan Manuel Santos, quien pocas veces ha ido a estas reuniones. Ese hecho genera mi primera sospecha. En esa oportunidad se destinaron más de $200.000 millones en regalías para la Vía a la Prosperidad, que conectará al corregimiento de Palermo, en Sitionuevo, con el municipio de Salamina. Un mes y medio después, aproximadamente, se firmó el Conpes que pone a esa vía secundaria como prioridad para el plan de desarrollo de la nación y compromete $266.000 millones en vigencias futuras para esa vía. Es decir, hay una importante suma de dinero que no le ha entrado a la nación, que se supone le entrará en 2014, 2015 y 2016 y que ya tiene destinación específica. Es esa “importantísima carretera en el Magdalena”, aquí hay otra pregunta que me asalta: ¿no había alertado la contralora general sobre comprometer vigencias futuras?

Muchos oriundos de esa región, que se beneficiará con esa vía, discreparán de mi posición, ¿pero qué tiene de importante esa vía para el país? ¿Qué producen esos pueblos de esencial para el desarrollo de la nación que llevó al alto gobierno a firmar un Conpes para realzarla?

La importancia de una vía se da en función de lo que conecta, el tráfico que sostiene y el que tendrá a futuro. Si hacemos un análisis concienzudo de lo que conectan estos municipios pobres de tráfico bajo, nos daremos cuenta de que este proyecto tiene cara de ser una carretera asignada por decisión política más que por una necesidad real. Por eso es que en las intervenciones que he hecho en la W Radio sobre el tema, he sostenido que aquí estamos frente a una vía secundaría que decidieron volver primaria a través de un Conpes. O si no que la ministra nos responda desde cuándo esa conexión de Palermo con Salamina es una vía principal para el país. ¿No será más bien que aquí se está cocinando un proyecto del que no nos han contado y por esa es básico tener esa carretera?

Con todo este contexto detrás, es que el gobernador del Magadela, a quién apodan El Mello Cotes, tomó la decisión de adjudicar contra viento y marea la cuestionada licitación. Lo más probable es que este negocio ya viniera amarrado desde Bogotá, pero como salió a la luz, el gobierno central decidió mandar al agua al gobernador e intentar salir ante la opinión como héroe enemigo de la corrupción. ¡Qué paradoja! No nos olvidemos que el gobernador es del Partido de la U, el partido de gobierno.

Ahora bien, después de adjudicada la licitación, el Gobierno se está parando en la cabeza y las pestañas, y es ahí donde uno se pregunta ya para qué. Todo lo que hagan será un saludo a la bandera. Ya el consorcio ganador, Rivera Oeste, ha dicho que construirá la carretera y que si no le pagan probablemente demandará a la nación. No se nos puede olvidar que los consorcios en Colombia ganan más dinero en procesos jurídicos que haciendo el trabajo para el que son contratados.

Aquí no hay nada que hacer. El Gobierno va a tener que entregar ese dinero, así se pataleen día y noche, porque ya se adjudicó y el convenio que se firmó así lo formalizó. Cualquier abogado sin mucho renombre y experiencia puede demandar a la Nación por este caso y seguro sale victorioso. El gobernador hizo lo que hizo porque sabe que el dinero está, pues el recurso ya está destinado y si la Nación no le cumple, se va a los tribunales. Esa es la razón por la que el gobernador Cotes está tranquilo.

Si el gobierno realmente hubiera querido hacer algo con este proceso de contratación, hubiera reversado el Ocad, ahí sí le hubiera creído que tenía la intención de acabar con esa vagabundería de licitación.

Todo este relato es para demostrar cómo los grandes negocios de las regiones, por lo general, vienen amarrados desde Bogotá, solo que públicamente los de la capital saben hacer sus artimañas para quedar como reyes y solo graduar de corruptos a los de las provincias.

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