La crisis financiera que recibe el nuevo gobernador del departamento

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El nuevo Gobernador recibe un departamento con embargos, demandas y un déficit que supera los 112 mil millones, pagos pendientes por vigencias anteriores por 67 mil millones y un 40 % de los embargos son por pasivo pensional (alrededor de 80 mil millones), ya que el departamento tiene 6.000 pensionados y solo a mil se les ha cumplido con el reajuste.

No obstante, luego de que la anterior gobernadora encargada, Adriana Carabalí, se acogiera a la Ley 550 de 1999 para congelar pagos de embargos y demandas, el departamento se libró de más demandas y tutelas, y congeló también sus pagos. Una Ley que sirve como herramienta para empresas o entes territoriales cuando no tienen solvencia económica para cancelar sus deudas.

Luego de congelados los procesos judiciales, al nuevo mandatario le corresponde iniciar un plan de reestructuración teniendo como prioridad los pagos laborales, las entidades públicas, entidades financieras y otros acreedores.

El reto: la recategorización

En septiembre del 2010, en el gobierno de Francisco Lourido se dio a conocer que el departamento bajó de Categoría Especial a Primera Categoría, lo que significó una disminución en la transferencia de los recursos por Sistema General de Participaciones.

Esta medida se aplicó luego de que un informe del 2009 de la Contraloría del Valle revelara que los gastos del departamento superaron el 53 %: desbordantes gastos como 1.900 millones en vallas publicitarias o los 3 millones de botellas -que representarían 60 mil millones destinados a la salud y la educación- que la Industria de Licores del Valle regaló.

Los entes territoriales de Categoría Especial no pueden exceder sus gastos de funcionamiento en más del 50 % de sus ingresos corrientes, según la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, bajo la ley 617 del 2000. Ese porcentaje permitido solo se podrá destinar para cubrir salarios de empleados públicos con las mesadas de los pensionados, atender servicios públicos de la Gobernación, comisiones de viaje y suministros como papelería, gasolina, entre otros.

El reto para Ubeimar está en recuperar la credibilidad de la gestión pública del departamento y aumentar los presupuestos recortados por dicha sanción, en su mayoría en inversión social e infraestructura.

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