Criterios para resolver las tensiones entre Justicia y Paz

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Los colombianos anhelan el cese del conflicto armado.
Los colombianos anhelan el cese del conflicto armado.

La Corporación De justicia, uno de los centros de investigación más reconocidos en materia jurídica en Colombia, expuso algunas razones para pedirle a la Corte Constitucional que falle a favor del Marco Jurídico para la Paz. Para aportar al debate, publicamos unos apartes de su escrito.

Una precisión necesaria: el Marco Jurídico para la paz solo opera para el contexto excepcional de justicia transicional para la terminación del conflicto armado interno.

El marco introduce la posibilidad de que el legislador autorice la renuncia a la persecución penal de algunas graves violaciones de derechos humanos y de algunos de sus responsables. Sin embargo, se trata de una posibilidad que únicamente está prevista para el contexto excepcional de un proceso de justicia transicional orientado a la terminación del conflicto armado interno y que está sujeta al cumplimiento de condiciones, algunas de las cuales están enunciadas en el mismo Acto Legislativo.

[…] De acuerdo con lo anterior, no puede entenderse que las expresiones demandadas relativizan de manera general e incondicionada el deber de investigar y juzgar, sino que más bien autorizan al legislador para introducir excepciones a este en un contexto que en sí mismo es también excepcional, que es el de la justicia transicional. Por fuera de este marco excepcional, el deber de investigar todas las violaciones y todos los responsables se mantiene incólume.

Adicionalmente, es importante anotar que las expresiones demandadas no establecen que solo serán investigados los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra sistemáticos, sino que autoriza al Congreso para que dicte una ley en la que determine criterios de selección para centrar los esfuerzos en la investigación penal en estos casos. Esta regulación se debe realizar a través de una ley estatutaria que está sujeta a su aprobación por una mayoría cualificada y al control constitucional previo. De este modo, antes de que los criterios de selección entren a regir, deberán pasar un examen constitucional que garantice un balance adecuado entre los derechos y valores en juego a partir de criterios de necesidad y proporcionalidad.

El deber de investigar y juzgar las violaciones a los derechos humanos es un principio que admite ser ponderado.

El deber de investigar y juzgar graves violaciones a los derechos humanos se deriva de la obligación de garantizar los derechos de todas las personas, la cual constituye un elemento esencial de la Constitución Política y de tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, concretamente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho deber se funda además en el derecho de las víctimas de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario a acceder a un recurso efectivo, el cual se encuentra también se encuentra reconocido en dichos tratados.

[…] En el marco de la distinción conceptual entre reglas y principios – ampliamente aceptada por la teoría del derecho y acogida en nuestra jurisprudencia constitucional–, es más acertado entender el deber en cuestión como un principio, es decir, como un mandato de optimización “que ordena[n]que algo se realice en la mayor medida posible según las posibilidades fácticas y jurídicas”.

[…] En el caso del deber de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos y al DIH, tanto la estructura lingüística de la norma, como las circunstancias concretas de su aplicación determinan que estamos ante un principio y no ante una regla. En primer lugar, como bien lo advierten los demandantes, el deber en cuestión es un deber de medio y de diligencia, y no una obligación de resultado. En este sentido, la conducta prescrita admite un cumplimiento gradual, de tal modo que para satisfacer la obligación no es preciso que el Estado investigue y juzgue todas las graves violaciones a los derechos humanos y al DIH, sino que aplique la debida diligencia en hacerlo en el mayor número posible de casos.

En segundo lugar, el contexto particular en el que se inscribe en esta oportunidad la discusión sobre el alcance del deber de investigar y juzgar está definido por las tensiones intrínsecas de un proceso de justicia transicional, las cuales determinan que inevitablemente nos encontremos ante un caso difícil.

En efecto, la autorización para que el legislador restrinja eventualmente el alcance del deber en cuestión opera en el contexto excepcional de la justicia transicional al cual es inmanente la colisión entre intereses y expectativas igualmente valiosas en una sociedad: por un lado, el deber de investigar y juzgar las graves violaciones cometidas en el marco del conflicto que se pretende superar, y por el otro lado, el deber de alcanzar la paz y asegurar la estabilidad democrática.

Si se interpreta el primero de estos deberes al margen de las condiciones específicas de la justicia transicional y se asume que se trata de un mandato definitivo, en últimas se está optando prima facie por la prevalencia del primer deber sobre el segundo, sin haber sometido la decisión a un necesario ejercicio de ponderación.  Es importante resaltar además que el deber de investigar y juzgar no solo debe ser ponderado frente al deber de asegurar la paz, sino también frente a los propios derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación, pues si el primero se asume como n deber absoluto, se corre el riesgo de que el Estado desatienda el cumplimiento de los deberes en materia de reparación y verdad.

La propia Corte ha señalado que el método de ponderación es el apropiado para afrontar las tensiones particulares de la justicia transicional, “por cuanto no es posible materializar plenamente, en forma simultánea, los distintos derechos en juego, a saber, la justicia, la paz, y los derechos de las víctimas”. Según la Corte, “el logro de una paz estable y duradera que sustraiga al país del conflicto por medio de la desmovilización de los grupos armados al margen de la ley puede pasar por ciertas restricciones al valor objetivo de la justicia y al derecho correlativo de las víctimas a la justicia, puesto que de lo contrario, por la situación fáctica y jurídica de quienes han tomado parte en el conflicto, la paz sería un ideal inalcanzable…”.

Resulta entonces claro que la propia jurisprudencia de la Corte respalda que el deber de investigar y juzgar tiene la naturaleza de principio cuando opera en el contexto de la justicia transicional.

Las limitaciones fácticas y normativas al deber de investigar y juzgar en el marco de un proceso de justicia transicional para la terminación de un conflicto armado interno

Como ya se ha señalado, la autorización para una eventual renuncia a la persecución penal en materia de graves violaciones a lo derechos humanos está prevista únicamente para el caso de un proceso justicia transicional que tenga como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno.

Este marco define entonces las circunstancias particulares que delimitan las condiciones para la ponderación del deber de investigar y juzgar. Ahora bien, este contexto específico determina, prima facie, una serie de limitaciones tanto fácticas como normativas al cumplimiento de dicho deber.

En lo que respecta a las limitaciones fácticas, es necesario tener en cuenta las dificultades insalvables con las que se enfrenta la pretensión de judicializar todas las conductas constitutivas de graves violaciones a los derechos humanos y todos los combatientes eventualmente responsables de su comisión en el marco de un conflicto armado interno de larga duración y de vastas proporciones.

La experiencia comparada demuestra que la complejidad de algunos conflictos armados hace que sea materialmente imposible investigar y juzgar todos y cada uno de los delitos y combatientes. Así por ejemplo, los tribunales internacionales ad hoc para la ex Yugoslavia y para Ruanda, tras siete años de trabajo y gastos por 400 millones de dólares solo habían logrado culminar 15 juicios en el año 1999. En el caso nacional –tal vez el único en el mundo en el que se ha intentado judicializar a todos los combatientes desmovilizados–, la propia experiencia del proceso de justicia y paz con los paramilitares es prueba de ello: en ocho años solo se han dictado 14 sentencias respecto de un total de 35.000 desmovilizados, es decir, solo han sido sentenciados el 0.3 % de estos 17.

Estas cifras demuestran que tratándose de conflictos armados que involucran a millares de combatientes, si no se hace priorización y selectividad en forma explícita, esta se da en forma encubierta pues las posibilidades de investigar y juzgar todas las conductas y todos los combatientes rebasa la capacidad real de cualquier sistema judicial.

Es importante recordar que el conflicto armado colombiano es uno de los más antiguos en el mundo18, lo cual, sumado a la intensidad de la violencia y la cantidad de actores, también lo convierten en uno de los más complejos. Ahora, si se partiera de la idea de que el deber de investigar y sancionar es absoluto, y si por ejemplo las actuales negociaciones con las Farc llegaran a buen puerto, estaríamos hablando de que el Estado tendría que judicializar todas las graves violaciones cometidas por este grupo armado en el transcurso de más de medio siglo de existencia –o por lo menos en los últimos 30 años que es el término de prescriptibilidad previsto en la legislación colombiana para algunos de estos crímenes (Ley 599 de 2000, Art. 83, Inc. 2)–, tiempo durante el cual esta organización ha llegado a tener en sus filas hasta 20.000 combatientes. Igualmente, por lo menos 8000 combatientes tendrían que pasar por el sistema judicial.

Es preciso destacar además que la más reciente jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido las tensiones específicas a las que se enfrenta el deber de investigar y juzgar en procesos orientados a la terminación de un conflicto armado interno. En el fallo sobre la masacre del Mozote en el cual se refirió a la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz adoptada por la Asamblea Legislativa de El Salvador con posterioridad al Acuerdo de Paz de 1992, la Corte IDH por primera vez analiza el problema de las amnistías en el contexto de transiciones negociadas a la paz y reconoce que estas tienen diferencias relevantes con otro tipo de amnistías y parecen más admisibles, obviamente dentro de ciertos límites.

Este reconocimiento del valor jurídico de los acuerdos de paz como marco para el análisis de la legitimidad de una amnistía constituye un punto muy importante en la jurisprudencia actual de este Alto Tribunal, pues al hacerlo reconoce implícitamente el valor de la paz, así como un margen de maniobra a los Estados en la definición de los instrumentos necesarios para asegurarla.

En un horizonte axiológico de sopesamiento entre los valores de la justicia y de la paz, la selectividad, además de estar soportada en una visión y en una utilización holística de los mecanismos de la justicia transicional que garantice que las concesiones que se hagan en materia de castigo se compensen adecuadamente en los ámbitos de la verdad y la reparación, debe estar orientada, en último término, hacia la realización de la garantía de no repetición. En ese sentido, por ejemplo, los casos seleccionados para su juzgamiento deben ser tales que permitan el desvelamiento y el desmonte de grandes estructuras criminales capaces de reproducir la violencia.

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