¿Cuál es el verdadero orden alterado?

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Elizabeth GomezPor Elizabeth Gómez Etayo

Centro Interdisciplinario de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente

Desde hace varios días, miles de indígenas de la Comunidad Zenú en el municipio de Montelíbano, departamento de Córdoba, protestan contra el gobierno local, regional y nacional. En la concentración indígena se escuchan denuncias por los efectos que en sus vidas y en la salud colectiva viene dejando las actividades mineras en Cerromatoso. Los manifestantes aseguran que la explotación minera genera graves consecuencias en la salud, que van desde afecciones en la piel hasta diversos tipos de cáncer; por tal motivo ellos consideran que en una mesa de diálogo para discutir esta situación, no es suficiente la presencia de funcionarios de Cerromatoso, sino la de funcionarios públicos con competencia para efectivamente analizar las consecuencias en la salud de la comunidad indígena.

La respuesta reiterada a esta protesta pacífica es que el Estado garantiza el libre ejercicio de protestar, siempre y cuando no se altere el “orden público”. A los indígenas se les exige que no alteren el “orden”, sin embargo, a la gran minería no se le exige respetar el orden cultural y social de una comunidad que, frente al poder del capital que está detrás de Cerromatoso, resulta vulnerable. Es decir, lo que en el fondo los indígenas están denunciando es que su “orden natural” ha sido alterado por efecto de la contaminación minera, al punto que sus vidas están  en grave peligro.

Por otro lado, en días pasados, la analista política Claudia López, producto de sesudas investigaciones, afirmó que la situación política de toda la Costa Atlántica colombiana es “dramática”. La corrupción política campea rampante por las gobernaciones y las alcaldías de esta zona, señalando a varios funcionarios públicos, abiertamente de “bandidos”, declaraciones que aparecieron en varios medios de comunicación nacionales y que tienen como soportes las investigaciones realizadas por la politóloga. Llama la atención que particularmente se refirió al gobernador de la Guajira, como un “bandido” comprometido con la mafia de la gasolina, que en el desierto del norte, tierra de nadie, es un tráfico mucho más rentable que el de la cocaína, además, sin los controles morales, jurídicos y políticos del alcaloide, por considerarse de un producto legal, aunque  allá circule ilegalmente.

Pues bien, al día siguiente, el mismo medio de comunicación que le dio espacio de divulgación a las investigaciones de Claudia López, inicia una campaña para salvar la vida de cientos de niños indígenas de la Alta Guajira, que se están literalmente muriendo por falta de agua potable y de alimentos; en lo que va corrido del año ya han fallecido 72 niños, que presionados por las circunstancias, bebieron agua con heces fecales de chivos y casi 400 niños están en riesgo de morir por la misma causa.  La emisora que divulga las dos noticias, un día seguido del otro, no relaciona la muerte de los niños con la existencia de un gobernador “bandido”.

Frente a estas situaciones donde claramente la existencia física y cultural de dos comunidades indígenas de la Costa Atlántica está en riesgo, al parecer se corrobora la tesis de Claudia López: ¡la situación política del norte del país es dramática! A ello, se suma, que el gobierno nacional, cuando visita las regiones, valida tales gobernadores y alcaldes, fotografiándose con ellos y no llamándolos al orden, como era de esperarse.

Estas situaciones llevan a pensar que los conceptos de orden natural, orden político y orden jurídico están completamente desdibujados en el Estado y en algunos fragmentos de la sociedad colombiana, o que el desorden del Estado pasó a ser el orden institucionalizado y, por tanto, incapaz de restablecer el orden, cuando se trata de proteger la vida y garantizar la dignidad de cientos de miles de colombianos, pero en particular de estas y otras comunidades indígenas. De forma que cuando estas comunidades reclaman el derecho a una sociedad ordenada, donde los minerales no estén por encima de sus propias vidas, la respuesta del Estado es completamente absurda y confusa, pues no reconoce en el reclamo de las comunidades frente a la salud y la vida, el orden lógico de las cosas que el Estado debería proteger, sino que exige el respeto de un absurdo orden social que él mismo viola. Y el cinismo es tanto, que resultan siendo las comunidades quienes alteran el orden establecido cuando salen a manifestarse, de forma que les exigen manifestarse, pero sin hacer desorden. Entonces, ¿cuál es el verdadero orden alterado y quién lo altera?

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