Cuatro años después, la justicia en Cali sigue colapsada

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Hace cuatro años, el 31 de Agosto de 2008, la guerrilla de las Farc destruyó el Palacio de Justicia de Cali. La explosión causó la muerte de tres personas, dejó heridas a otras 26 y generó un verdadero caos en la administración de justicia en la ciudad. Los juzgados que estaban ubicados en ese edificio fueron alojados paulatinamente en 14 sedes que no estaban ni están adecuados para el funcionamiento de estos despachos.

Dos semanas después, tras todas las declaraciones de rechazo al atentado, los funcionarios gubernamentales hicieron las promesas de rigor. El exministro Fabio Valencia Cossio dijo que se apropiarían los recursos para la reconstrucción del edificio, el cual estaría funcionando  nuevamente en el término de ocho meses. Han pasado 48 y aún es incierto el tiempo que falta para la terminación de las obras de la primera etapa y no se ha avanzado ni un centímetro en lo que corresponde a la segunda fase.

Después han venido una cadena de anuncios que prometen que en pocos meses el edificio estará nuevamente al servicio de los vallecaucanos. En Febrero de 2009, a instancias del grupo parlamentario del Valle, se suscribió un acta en la que se asumieron compromisos institucionales para mejorar la prestación del servicio de justicia en Cali, pero todos los ofrecimientos tienen demoras injustificadas cuya explicación solo puede atribuirse a la falta de eficiencia en las entidades estatales encargadas de ejecutarlos, así como al poco compromiso de los congresistas de la Región de hacer seguimiento de los compromisos que ellos mismos promueven.

El acta fue firmada por el entonces ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio; el fiscal general de la nación, Mario Germán Iguarán Arana; Juan Carlos Yepes, del Consejo Superior de la Judicatura; el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez; la Gobernación; la Cámara de Comercio de Cali; el Bloque Parlamentario del Valle del Cauca, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La aprobación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2013 será una nueva oportunidad para que senadores y representantes del departamento exijan el cumplimiento de las promesas.

Antes del atentado, la administración de justicia tenía un proyecto para reformar totalmente el edificio, que no cumplía con las normas de sismorresistencia y que había entrado en una fase de deterioro luego de un mal uso por más de 30 años. Estaba previsto que las obras costarían 36 000 millones de pesos, van invertidos algo más de 60 000 y se requieren al menos 15 000 más para su terminación completa.

La reconstrucción del Palacio de Justicia es, sin embargo, solo uno de los componentes que se requieren para mejorar la administración de justicia en Cali y el Valle del Cauca.

La Fiscalía General de la Nación también necesita una sede que tenga las condiciones adecuadas para un buen servicio. Este proyecto tiene cuatro años de atraso y, a pesar del anuncio del entonces fiscal general de la nación, el bugueño Mario Iguarán, hecho hace más de tres años, según el cual ese organismo judicial aportaría los recursos para la construcción a condición de que el gobierno municipal ofreciera un lote, lo cierto es que hoy el lote no se ha adquirido en su totalidad y que la apropiación presupuestal que se ofreció en esa oportunidad ya no existe y habría que volver a gestionarla.

En materia de infraestructura se ha proyectado también la adecuación de un lugar para el funcionamiento del sistema de responsabilidad penal de menores y se ha identificado la necesidad de mejorar las condiciones del Centro de Reclusión para Menores Valle de Lili, del cual hay permanente fugas, una de ellas fue de seis internos, la semana anterior. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha hecho las inversiones que ofreció pero los gobiernos departamental y municipal no. Por su parte, la Policía tampoco ha dispuesto un  número suficiente de personas que garanticen la seguridad del lugar.

El estado de las instalaciones judiciales en Cali ha convertido esos lugares en escenarios kafkianos en los que los usuarios tienen que desplazarse de un lugar a otro; los presos tienen que ser traslados esposados los unos con los otros por vías del centro de la ciudad y esperar en la calle el turno para su diligencia; los jueces y secretarios trabajar en medio de montañas de papel que se apilan sin ningún criterio; las diligencias se tienen que programar con más de seis meses de antelación porque las condiciones impiden una mínima programación del uso de los espacios.

A las deficiencias locativas y de dotación se suman –y son causa a la vez– los problemas de congestión en los despachos judiciales, un problema que no es exclusivo de Cali, sino que se vive en todo el país, incluso con mayor gravedad en otros lugares.

Se estima que el represamiento de expedientes en los despachos judiciales de Cali es de aproximadamente 300 000, a pesar de que en los últimos años se han evacuado anualmente, en promedio, 30 000 expedientes más que los que han entrado. Los funcionarios judiciales confían en que la expedición de nuevas leyes, en especial el Código General del Proceso y el Código Contencioso Administrativo, que incorporan la oralidad en todos los procesos, le impriman un nuevo ritmo a los asuntos judiciales en la ciudad.

Expertos consultados por EL PUEBLO consideran, en cambio, que el próximo año será crítico para la administración de justicia en Cali, porque las exigencias que en materia de infraestructura imponen los nuevos códigos, como salas de audiencias y otras herramientas complementarias para la adecuada implementación de la oralidad, no están cubiertas y se agravan con las demoras en la reconstrucción del Palacio.

A ello hay que agregarle que los diseños del Palacio no contemplaron este tipo de espacios, dado que cuando se hicieron no se habían aprobado las nuevas leyes.

El número de funcionarios judiciales ha sido otro reclamo de los administradores de justicia en Cali. En la ciudad se cuenta con 60 fiscales locales, mientras Medellín tiene 200; y aquí hay 14 fiscales de la Unidad de Vida, mientras en la capital antioqueña hay 150, todo a pesar de que las tasas de homicidio en la ciudad se han mantenido altas durante la última década.

La falta de recursos se agrava por la mala gestión de los que hay por parte del Consejo Superior de la Judicatura. La Contraloría General de la Nación en su informe de auditoria de finales del año anterior calificó como deficiente la tarea de ese organismo en el Valle del Cauca. EL PUEBLO intentó conocer la versión de esa entidad pero no fue posible obtenerla con la presidenta de la Sala Administrativa, a cuyo despacho se acudió telefónicamente en varias oportunidades sin conseguir comunicación con la magistrada.

La Contraloría cuestionó varios de los contratos suscritos por el Consejo. Entre las observaciones hechas por ese organismo de control llama la atención una que tiene que ver con un contrato de arrendamiento de un edificio ubicado en el centro de la ciudad, que la rama judicial subarrendó pagando un canon equivalente a casi el doble de lo que paga el arrendador principal.

A pesar de los múltiples anuncios, la solución de los problemas de la justicia en Cali todavía parecen lejanos.

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