Defender la vida

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Ana María Ruiz Perea

@anaruizpe

 ana maria ruiz Han pasado 9 años desde el día que la Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia y en este tiempo muchas miles de mujeres han podido interrumpir sus embarazos sin exponerse a ser perseguidas o judicializadas. Aunque subsiste una grave inconsistencia en el manejo de los datos del sistema de salud, se puede decir en números globales que la cantidad de mujeres que abortan en el país (alrededor de 400 mil al año) no ha variado sustancialmente con respecto a épocas anteriores.

 Contrario a quienes vociferaban que la despenalización iba a disparar la práctica del aborto, lo que las cifras indican es que existe una dinámica perversa que atenta contra el desarrollo pleno y bienestar de miles de mujeres colombianas, que algo estamos haciendo mal, muy mal. Mientras en la mayoría de los países donde el aborto está despenalizado la curva de interrupciones tiende a la baja, en el nuestro el número tercamente se mantiene alto.

 Sin duda, la solución para evitar los embarazos indeseados no está en la despenalización, sino en la prevención. Interrumpir es apenas una garantía para que quienes se enfrentan a esta situación, lo hagan porque el Estado les reconoce su derecho a hacerlo.

 Las directrices internacionales, y los discursos de las políticas públicas nacionales, señalan cómo la maternidad no deseada es un claro factor desencadenante de la pobreza en países como el nuestro, donde cada hijo le quita a la madre una porción del escaso bienestar (salud, educación, alimentación) al que la inmensa mayoría de mujeres apenas si puede acceder.

 Lo vemos a diario, en las calles. Las adolescentes sin futuro claro a la vista, siguen asiéndose a sus retoños en busca de un arraigo, a costa de hacer más lejanos sus estudios y su crecimiento personal, y embarcarse en una pesada vida laboral no profesional. Bendecir la “valentía” de estas mujeres por “sacar a sus hijos adelante”, condena a generaciones completas a la pobreza. Hasta ahora, en ninguna parte se ha reportado que una mujer, por el hecho de ser madre, haya logrado el milagro de la multiplicación de los panes.

 Por eso, además de inocuos, los sermones que defienden “la vida desde la concepción hasta la muerte natural” resultan peligrosos. Inocuos por que hay que ver que cuando una mujer decide abortar, lo hace por encima de la ley y de la fe. Y peligrosos porque amparan prácticas reproductoras de la pobreza y la inequidad.

 Falta mucho para que logremos tocar los resortes que mantienen la inercia de la reproducción no deseada. Las consignas que corean las activistas en los plantones deberían ser mantra y mandato para padres de familia y colegios, “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

 Aquí no se trata de estar “a favor” del aborto, ni el quid del asunto está en la dicotomía de estar “a favor” o “en contra” de la vida. Quienes apoyamos la despenalización defendemos la vida de las mujeres, porque reconocemos el derecho que les cobija a decidir sobre sus vidas y sobre sus cuerpos, sobre su reproducción que es tal vez la decisión más trascendental en nuestras vidas.

 Eso son los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía que toda persona tiene para decidir con quién, cuando y cómo tiene relaciones sexuales, y con quién, cuándo y cuántos hijos tiene. Los sexuales y reproductivos hacen parte de los derechos humanos, porque se reconoce el peso de la sexualidad como elemento definitorio de la calidad de vida y el bienestar de las personas.

 El sexo no es pecado, es un acto humano tan necesario para el bienestar como alimentarse o dormir. Mientras no lo entendamos así, poco vamos a poder avanzar en una educación sexual que ponga freno a las miles de consecuencias del embarazo no deseado, desde los abortos inseguros que cobran vidas, hasta el maltrato infantil cuando los hijos son una carga.

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