Demandan nulidad del POT de Cali por vicios de legalidad

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El Concejal Juan Martín Bravo Castaño, demandó ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, el Acuerdo Municipal 0373 de 2014 que contiene el Plan de Ordenamiento Territorial de Cali POT, por considerar que tiene graves vicios de legalidad y acarrea efectos nocivos para la ciudad.

Entre los objetivos de la nulidad solicitada por Bravo Castaño, está defender el suelo rural, el medioambiente, el espacio público y las plusvalías urbanas, entre otros.

“Este POT fue aprobado en 2014 y tiene una vigencia de 12 años, o sea que rige hasta 2026. Sin embargo, el análisis indica que tiene varias falencias que han provocado errores en la planeación y el desarrollo del territorio. En el marco de la situación que estamos viviendo, se hace necesario replantear cómo va a ser el desarrollo de Cali. Debemos empezar a solucionar definitivamente el tema del espacio público”, sostiene Juan Martín Bravo Castaño.

La demanda tiene unas pretensiones puntuales: en primer lugar, defender el suelo rural. “Canjear o vender a precios irrisorios el suelo rural, contra expresa prohibición legal, es un daño adicional al patrimonio público. Sin embargo, lo más importante es evitar que se siga fraccionando este suelo porque esto generará efectos nocivos a largo plazo”, explicó Bravo.

En segundo lugar, busca eliminar trámites para disminuir la burocracia y mermar los gastos a la empresa privada y a los emprendedores. “Como joven, considero que un trámite que tarda entre tres y seis meses le quita tiempo y recursos a un sueño. Eliminar los esquemas de implantación y regularización será una ganancia para la inversión, la empresa y los emprendedores”, añade el Concejal.

En tercer lugar, la demanda busca que la captura de plusvalía no se dé de manera ilegal, pues esto causa pérdidas para la ciudad: “Los ciudadanos deben tener claridad sobre los cobros de impuestos del Estado”, afirmó Bravo. Por último, se pretende facilitar el desarrollo de la oferta de vivienda campestre y garantizar una ocupación sostenible y responsable del suelo rural suburbano. “El actual POT somete a los ciudadanos a trámites que desembocan en la corrupción para expedir los permisos de construcción de una vivienda campestre”, puntualizó Bravo Castaño.

Imagen del portal

Cabe recordar que el concejal Juan Martín Bravo fue quien puso sobre la mesa las irregularidades de la construcción del proyecto de vivienda Tarragona, de la constructora Cosenza, que pretendía desarrollarse en el Corredor Ambiental Río Cali. A través de una tutela, Bravo pidió que se protegiera el río y se suspenda dicho proyecto. La semana pasada, el director del Departamento Administrativo de Planeación Distrital informó que el predio “será restituido por acción popular a su condición de espacio público, y no se podrá adelantar ahí ningún proyecto”.

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