Discurso interesante, pero práctica política inconsistente

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Álvaro Guzmán Barney
Por Álvaro Guzmán Barney
Director del CIER
cier@uao.edu.co

Miembro del Centro Interdisciplinario de la Región Pacifico Colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente

Con referencia al tema del medioambiente, durante el primer semestre del año pasado el gobierno del presidente Santos planteó dos iniciativas interesantes, una de ellas en el plano internacional: el Acuerdo Nacional Minero y las propuestas llevadas como iniciativa propia a la Asamblea de Río + 20, en Brasil.

En el caso del Acuerdo Nacional Minero se trató de introducir principios para legalizar el sector y también para hacerle exigencias, de tal manara que su actividad fuera compatible con el medioambiente. Aparentemente esto suena bien, pero cuando se examina más detenidamente el acuerdo y se estima su impacto, aparecen problemas que el Gobierno no ha podido resolver de manera práctica.

Propugnar la legalidad, en general, es un objetivo correcto. Pero se tropieza con muchos obstáculos, y uno de ellos es precisamente el llamado sector “legal y moderno”. Entonces, una y otra vez actúa por fuera de la ley como lo ha denunciado la contralora Sandra Morelli, y esto sucede dentro de la mayor impunidad. Más aun, en términos del medioambiente, las normas son laxas y el impacto de la explotación petrolera, del carbón y del ferroníquel por parte de las grandes empresas, como lo muestran los especiales para televisión de Mauricio Gómez, han sido nefastos para las regiones y la población circundante.

Lo que exhibe el Gobierno como “modelo” no es otra cosa que una economía extractiva de enclave que favorece el capital internacional de las distintas compañías involucradas y deja unas “regalías” que ponen a soñar al país y a las regiones con ingresos que están muy por debajo de los costos sociales y ambientales. Mejor puede ser, al menos, dejar los distintos minerales “tranquilos en la Madre Tierra”.

En cuanto la minería propiamente “ilegal”, parece pertinente y necesario diferenciar dos sectores: por un lado, la minería artesanal, que tiene tradición en determinadas regiones del país. Si se quiere legalizar hay que contar con los mineros para se puedan ajustar a los requisitos medio ambientales sin que queden expropiados, es decir, hay que hacer viable esta forma de explotación. Por otro lado, el de la minería ilegal promovida por organizaciones y grupos ilegales que es la más nefasta de todas las formas de explotación minera y con las peores consecuencias ambientales.

El caso de la explotación de la cuenca del río Dagua para extraer oro en la zona de Zaragoza es un claro ejemplo de la perversidad de dicha modalidad de explotación. Cuando se profundiza en el análisis de este caso, aparecen conexiones entre los grupos ilegales armados y sectores del Estado a nivel regional y local. Esto también se queda en la mayor impunidad, pero muestra las dificultades de proponer un principio de legalidad cuando desde el mismo Estado hay sectores que promueven la ilegalidad.

Finalmente, y como antesala de su propuesta para la reunión de Río + 20, el presidente Santos propuso delimitar un área para explotación minera en la zona del Chocó y en la Amazonía, para frenar la feria de concesiones que se había hecho en el gobierno anterior. El problema, como se lo hicieron saber connotados ambientalistas, es que esta delimitación de área para explotación minera cubría también territorios de reserva natural. Esta es la concreción de una contradicción que el presidente Santos no ha podido resolver en la práctica: o la locomotora minera o la sostenibilidad ambiental y social.

Con anterioridad a la reunión de Río + 20, se conoció que desde la Cancillería colombiana se había preparado una novedosa e importante propuesta ambientalista para ser llevada al foro internacional. Durante la reunión, la prensa nacional habló del liderazgo colombiano y dio a entender que Colombia se había salido con las suyas al haber logrado, al finalizar el foro, la firma de un acuerdo que esencialmente contenía su propuesta. El acuerdo no es de poca monta: implica desde lucha contra la pobreza, hasta el sostenimiento del medioambiente y de los recursos naturales, del agua y del mar, pasando por la seguridad alimentaria.

Hasta aquí todo está bien y debe aplaudirse si es cierto lo del liderazgo colombiano, asunto del que es posible dudar por la frivolidad de los medios colombianos al insistir en el tal liderazgo o de los periodistas internacionales que se reunían a preguntarle al presidente Santos sobre su posición en cuanto a la legalización de la marihuana.

Entonces, en cualquier caso el acuerdo debe traducirse en indicadores y en la medición de un nivel de cumplimiento sobre los diferentes temas. Como sabemos, por otro lado y con los indicadores existentes, Colombia no mejora sino que ha disminuido en su posición de sostenibilidad medioambiental, pese a ser uno de los países con mayor riqueza natural y biodiversidad.

Si tenemos en cuenta los criterios del Plan de Desarrollo, el papel que allí juega la locomotora minera y lo que sucede día a día con el medioambiente, es muy probable que en dos años no estemos mejor que ahora. Ganamos en defender unos principios pero difícilmente en ponerlos consistentemente en práctica. No quiere decir que la discusión sobre los principios no sea importante, quiere decir que en nuestro país es complicado traducirlos en instituciones y acciones coherentes del Estado. La política presidencial, para atenernos solo a ella, está llena de compromisos particulares, dentro y fuera del Estado.

Esto puede cambiar, pero se requieren acuerdos políticos sobre intereses colectivos fundamentales que tengan como parámetro la sostenibilidad económica, social y ambiental del país.

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