Donde hay inseguridad jurídica, no hay liberalismo

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Floro-Hermes-Gómez-PinedaFloro Hermes Gómez Pineda
Twitter: @Florohermes

Cuando se habla del liberalismo como racionalización del Gobierno, una de sus cinco premisas es “un liberalismo cuyo principio de cálculo es la seguridad”, que no es otra cosa que un nivel se encuentran los dispositivos supraestatales de seguridad, los cuales procuran controlar la serie de acontecimientos riesgosos de los que puede ser víctima una población.

Tales dispositivos supraestatales de seguridad no son otra cosa que la instrumentalización del derecho, la economía, la educación, la salud, el trabajo y la vida que se transforman ante nuestros ojos en seguridad jurídica, confianza inversionista, educación universal, seguridad social, trabajo decente y fuerza pública.

En estas columnas he documentado cómo en Colombia existe una institucionalidad política y económica extractiva que detrae rentas de la salud, impidiendo que los colombianos gocemos de una salud óptima y de calidad; es decir, que en la práctica existe una inseguridad social, que es un grave impedimento para insertarnos en el ámbito global y mundial, sin desconocer que se ha progresado.

Hecha esta introducción, quiero someter al libre examen de mis lectores la tesis de que en Colombia tampoco hay seguridad jurídica; lo ha puesto sobre la mesa el caso Petro: sin indagar sobre la juricidad o antijuricidad, que corresponde hacer el examen a un abogado, es claro que en Colombia no existe una certeza en el derecho en el ámbito de su publicidad como en su aplicación.

Tal inexistencia de certeza en el derecho en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, es lo que se denomina inseguridad jurídica y corresponde, claramente, con el caso de Gustavo Petro, que no es un caso aislado: el fallo de la Corte Constitucional en el caso de las pensiones millonarias significó hacer retroactiva la ley, en la práctica; la inaplicación del orden jurídico ante las quejas del Comité de Estudio de la Situación Minero-Ambiental de Asocampoalegre, el cual examiné en mi columna de la semana pasada, “¿Enfrenta el Valle del Cauca la guerra por la arena?”; el cambio permanente de fiscal en el caso Colmenares; es decir, que estamos ante el espectáculo de “primero fijar unas reglas de juego a las que, después, se les da la vuelta con otra figura jurídica”.

Tal es la situación, que el señor presidente de la República se vio obligado a decir públicamente, en Santa Marta, que “donde peor estamos frente al resto del mundo es en lo que llaman la seguridad jurídica”, lo cual afecta la confianza inversionista; es decir que, en Colombia existe inseguridad económica, tal como existe la inseguridad social que el Ministerio de Salud defiende a capa y espada

En conclusión: es claro que en Colombia, la situación de “un liberalismo cuyo principio de cálculo es la seguridad” no se da: a través de este escrito demuestro que hay inseguridad jurídica, luego no hay liberalismo, como resultado de las prácticas normativas irregulares del Congreso y de la Presidencia de la República, aunque se le eche el agua sucia a los jueces y magistrados, quienes solo aplican o inaplican normas.

DESTACADO: En Colombia tampoco hay seguridad jurídica; lo ha puesto sobre la mesa el caso Petro

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