El avatar que se instaló en Colombia: paz de ariporo

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German-Ayala-OsorioPor Germán Ayala Osorio
Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER
Universidad Autónoma de Occidente

El desastre ambiental registrado en Paz de Ariporo no sólo es la expresión de un modelo de desarrollo profundamente insostenible, sino que exhibe, una vez más, la arrogancia de un ser humano que, ubicado en lo más alto de la cadena trófica, continúa diciendo qué especie vegetal o animal puede continuar viviendo.

Arrogancia humana que para el caso colombiano se torna incomparable e incontrolable, porque deviene en el incumplimiento de las más mínimas consideraciones éticas y de responsabilidad política y ambiental de un Estado y de una sociedad, instalados en un territorio en donde florece una invaluable biodiversidad natural y por supuesto, recursos del subsuelo.

La muerte lenta de chigüiros, cocodrilos y tortugas, entre otros animales y la de especies vegetales, no es efecto solamente del cambio climático, como se ha querido presentar, eludiendo la responsabilidad que le compete, en primera instancia al Estado, que en materia ambiental ha resultado ser débil e incapaz de ordenar los usos del suelo, dado que a través  de una función pública hincada al poder de petroleras, ganaderos,  empresas agroindustriales y otros grupos de interés, permite que presenciemos el penoso espectáculo de la muerte y la afectación quizás irreversible, de valiosos ecosistemas naturales. En especial, la tala del piedemonte llanero.

Resulta lamentable que la propia Ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible no haya sido capaz de señalar como posibles responsables a las petroleras y a otros actores por los procesos productivos allí adelantados, cuando ya organizaciones ambientales nacionales e internacionales que controlan tales procesos productivos, han expresado que las petroleras en los Llanos orientales colombianos desvían  los cursos de los ríos para sus beneficios corporativos, alterando los ecosistemas naturales. Es tal el nivel de captura del Estado, por parte de empresarios del campo, que la funcionaria apenas si logró recordarles a las empresas privadas los compromisos adquiridos de llevar agua a los moribundos animales.

De igual manera, lo sucedido en esa zona del Casanare es responsabilidad de actores empresariales guiados por el afán de lucro y la irresponsabilidad social y ambiental  frente a una sociedad que desconoce el valor ambiental, ecológico y turístico de vastas zonas del país,  hoy  en manos y a merced de una descontrolada  locomotora minero-energética puesta en marcha por el actual Gobierno, en cabeza del hoy Presidente-candidato, Juan Manuel Santos Calderón.

No alcanzan las prácticas  de greenwash de las petroleras y de empresas agroindustriales asentadas en la zona de la tragedia ambiental, para encubrir lo que sin duda es una clara muestra de un modelo de desarrollo extractivo que se aplica y se ejecuta con la anuencia del Gobierno Nacional, del  Ministerio del Medio Ambiente, de la Alcaldía de Paz de Ariporo y de la Gobernación del Casanare, ente otras instituciones que por acción u omisión deberían asumir la responsabilidad política, administrativa y  penal de lo que claramente es una muestra de desgobierno, falta de control y total incapacidad para diseñar planes de mitigación y reparación de ecosistemas que vienen, de tiempo atrás, soportando dañinas actividades antrópicas.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad contra Delitos Ambientales, decidió indagar de manera preliminar qué responsabilidad les cabe tanto a los funcionarios del Estado, como a las empresas que operan en inmediaciones del desastre, en la muerte de más de 20 mil animales. Especies estas que de manera desesperada buscaban y buscan aún cuerpos de agua para guarecerse de un verano que se torna inclemente por las condiciones que impone el Cambio Climático, fenómeno en el ya se amparan los funcionarios públicos y los grupos de interés privado, para zafarse de la responsabilidad que muy seguramente tienen en la muerte de los animales y de la transformación del ecosistema que los acogía.

Llama la atención el silencio de la Controlaría y de la Procuraduría, en especial del Jefe del Ministerio Público, preocupado más por perseguir a mujeres que defienden su derecho a interrumpir un embarazo, en las condiciones que la Corte Constitucional autorizó, y a los miembros de la comunidad LGTBI, y a funcionarios públicos antagónicos a su ideario político. En dónde quedaron las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales y Agrarios. En fin, lo que  queda claro es que no hay un Estado capaz  de hacer cumplir  la legislación ambiental, en especial los principios consagrados en la Ley 99 de 1993.

Ahora bien, no podemos quedarnos en los estados de exaltación y de gran sensibilidad que generaron las imágenes de chigüiros agonizantes que circularon por los medios masivos y las redes sociales. La sociedad colombiana debe saber que a lo largo y ancho del país se vienen generando impactos ambientales negativos por cuenta de la megaminería, la explotación de carbón y madera y en general, por la ejecución de un modelo extractivo que va llevando a que la Nación vea por televisión y las redes sociales, manifestaciones claras del avatar  al que las administraciones de Uribe y Santos están condenando a vivir a especies vegetales y animales, y por supuesto, a los seres humanos que sobreviven en el Chocó Biogeográfico y los Llanos orientales, entre otras zonas.  Como en la película Avatar, la vida agoniza en selvas, manglares y llanuras, por cuenta de una sociedad urbanizada que mira con desdén la biodiversidad que esconden estos y otros ecosistemas.

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