El Congreso de la República, la organización percibida como más corrupta

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Floro Hermes Gómez PinedaPor Floro Hermes Gómez Pineda
Twitter: @Florohermes

El 20 de julio se inició un nuevo periodo legislativo con un Congreso de la República que es percibido por la mayoría de los colombianos encuestados como la organización estatal más corrupta, con una calificación pésima de 4.3 sobre 5.0 (1.0, máxima transparencia; 5.0, máxima corrupción), tal como lo señalé en mi pasada columna “Colombia cada vez se percibe más corrupta”.

¿Cómo explicar esto si el Congreso ha expedido un marco normativo amplio en materia de anticorrupción, incluida la ratificación de las convenciones internacionales en la materia?

A mi juicio, son varias las explicaciones que provocan esta percepción de la mayoría de los encuestados:

  1. La elevada proporción de congresistas que ha sido investigada y sancionada penal y disciplinariamente, en los años recientes.
  2. Los valores y actitudes generalizados de aceptación e indiferencia hacia los riesgos de sanción, por parte de congresistas que han sido o están acusados.
  3. La pobre o ninguna difusión pública de las declaraciones de bienes y rentas, así como de las inhabilidades, por parte del grueso de los congresistas, lo cual provoca una imagen de opacidad.
  4. Una institucionalidad de “abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular en detrimento del interés colectivo”, basada una relaciones (que se ven “buenas y normales”) signadas por el clientelismo y el compadrazgo.
  5. La fe en el “fetichismo de la ley escrita”, que hace pensar a muchos “padres de la patria” que con la expedición de normas jurídicas anticorrupción ya se hizo todo el bien necesario.
  6. Finalmente, la existencia de una coalición mayoritaria de gobierno que afecta, de manera grave, el sistema de pesos y contrapesos, haciendo ineficaz cualquier oposición.

Esto hace pensar en las calidades de quienes conforman el Congreso de la República, en el sentido de que habrá de procurarse que los senadores y representantes a la cámara sean individuos que:

  1. Estén convencidos de que representan al Estado, más allá de las intenciones personales o de las voluntades particulares.
  2. Posean unos valores y actitudes de respeto por las normas y temor por los riesgos de sanción.
  3. Sepan que sus declaraciones de bienes y rentas, así como de las inhabilidades son de público conocimiento.
  4. Crean que su posición de poder y confianza ha de estar mediada por unas relaciones modernas altas, jurídicas y políticas.
  5. Conozcan que la expedición de leyes anticorrupción será infructuosa mientras se mantenga intacta la “institucionalidad política y económica extractiva” imperante en Colombia desde la Colonia.
  6. Finalmente, sean conscientes del principio liberal democrático de que “tan mala es la tiranía de uno sobre muchos, como la de muchos sobre pocos”.

En conclusión, modificar la percepción negativa de los colombianos sobre el Congreso de la República atraviesa por un cambio en los valores de quienes eligen: hay que votar por candidatos honrados, prudentes y temerosos del orden, y no por candidatos deshonestos, imprudentes y temerarios.

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