El desminado en Colombia: una tarea urgente por realizar

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Luis Eduardo Lobato Paz

Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente

En la Segunda Guerra Mundial y de una manera más profusa durante la guerra de los Estados Unidos contra Vietnam, el uso de las minas anti persona o minas quiebra patas se convirtió en uno de las armas de guerra imprescindibles en los conflictos armados. Fueron empleadas inicialmente como armas de disuasión o contención de las fuerzas enemigas, pero después hacían parte de estrategias ofensivas para obligar a los grupos rivales a salir de sus campamentos. Se recuerda que los Estados Unidos lanzaron miles de estas minas sobre las selvas vietnamitas o las sembraron en lugares estratégicos para obligar a las fuerzas del Vietcong a abandonar sus escondites.

Las minas antipersona se han utilizado en casi todos los conflictos armados suscitados en los últimos treinta años en el mundo entero y aún en algunos países que no están en guerra para impedir que grupos de personas crucen las fronteras. Inicialmente, el mayor número de afectados por estos artefactos eran los miembros de los grupos armados que participaban en las contiendas bélicas, pero cada vez crece el número de víctimas no combatientes, en especial mujeres y niños.

Conscientes de la situación anterior y de la degradación de los conflictos armados que produjo esta arma de guerra, algunos dirigentes de la Organización de las Naciones Unidas impulsaron la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales o Tratado de Ottawa de 1999. Los países firmantes de este pacto se comprometían a erradicar en un plazo de 10 años las minas de este tipo de sus territorios. Colombia fue uno de los países firmante de este acuerdo.

Han pasado más de 15 años de la entrada en vigencia de este tratado y en varios países de África y Asia pocos avances se han logrado en materia de desminado. La agudización del conflicto armado en Colombia desde la década de los noventa, se reflejó entre otras cosas, en el aumento de minas en el territorio nacional y en el número de víctimas de las mismas. Según los registros de la ONG Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), durante los últimos 25 años, 11.800 personas en el país han resultado muertas o heridas al atravesar campos minados.

La problemática de las minas antipersona es de tal magnitud que en 31 de los 32 departamentos de Colombia se han presentado eventos relacionados con estos artefactos de guerra. El balance que se hace a nivel municipal establece que en el 65 % de los municipios del país se han presentado amenazas del mismo tipo.

Un análisis detallado de los departamentos en los que se ha presentado un mayor número de víctimas por estas minas entre 1990 y enero de 2015 muestra que: Antioquia con 2459 casos ocupa el primer lugar, Meta el segundo con 1112, Caquetá el tercero con 906, Nariño el cuarto con 787 y Norte de Santander el quinto con 772 registros.

Por municipios el mayor número de víctimas se ha presentado en Vistahermosa (Meta) con 362 casos, le siguen Tame (Arauca) 332, San Vicente del Caguán (Caquetá) 255, Montañitas (Caquetá) 243 y Taraza (Antioquia) con 229.

En la región pacífica colombiana el departamento más afectado es Nariño, que estadísticas actualizadas a marzo de 2015 lo sitúan como el tercero a nivel nacional. En su circunscripción territorial, los municipios de Samaniego donde se reportaron 140 víctimas, Tumaco con 106, Barbacoas con 96, Ricaurte 85 y Policarpa con 81 registros, son los más afectados.

A nivel regional, el departamento del Cauca está ubicado en segundo lugar. Según las estadísticas recopiladas por la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Presidencia de la República (Daicma) se han presentado 540 hechos. Por municipios, El Tambo, es el que más casos registra y le siguen en orden descendente Toribio, Santa Rosa, Páez, Balboa y Argelia.

En el Valle del Cauca se han contabilizado 135 víctimas entre 1991-2014. Los municipios que registran el mayor número de casos son Pradera, Florida y Buenaventura. Les siguen Jamundi, Dagua, Palmira y Buga.

En el Chocó se registraron 117 víctimas

Examinadas estas cifras sobre las víctimas de las minas anti persona , se celebra el anuncio dado a conocer el 7 de marzo del presente año por el Comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, sobre el acuerdo celebrado con las FARC para el inicio de labores de desminado conjunto en el territorio nacional. No se puede pensar en una etapa de transición del conflicto, si no se elimina el riesgo que significa que miles y miles de estos artefactos estén sembrados en la geografía nacional y puedan seguir segando vidas o acabando con proyectos de vida , aún muchos años después de un eventual proceso de paz.

Además de esto, como se podrían iniciar procesos de reconstrucción productiva en antiguas zonas de conflicto o expansión de las áreas productivas si el proceso de desminado demora muchos años en realizarse. Esta tarea va a conllevar una gran inversión de recursos monetarios para desplazar un gran número de personas para realizar esta labor y también va a comprometer a las universidades para poner al servicio del país, parte de sus inteligencias, para generar la mayor cantidad posible de artefactos tecnológicos que sirvan para realizar tareas de detección, señalización y destrucción de estas minas.

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