El empujón de Gaviria al proceso con las FARC

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Por Hector Riveros Serrato

@hectorriveros

A pesar de que en La Habana el proceso entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC ha avanzado a puntos que nunca antes se habían logrado y que la guerrilla ha tomado decisiones que parecían difíciles como el cese de fuego unilateral e indefinido, la petición de perdón a las víctimas de Bojayá, la decisión de no reclutar menores y de dejar de secuestrar, para citar las más importantes, en Colombia –en la opinión y en los sectores políticos– el proceso parecía bloqueado.

Si bien el Presidente Santos logró reelegirse con el discurso de la paz, y las últimas encuestas registran una tendencia al alza en el apoyo ciudadano al proceso, lo cierto es que los colombianos nos hemos movido muy poco en este tema: los que apoyamos el proceso desde el comienzo somos más o menos los mismos que los que lo apoyamos ahora y los opositores han seguido aferrados a sus posiciones sin moverse significativamente en la posibilidad de construir un consenso político a favor de la terminación negociada del conflicto y de hacer las concesiones que esa vía exige.

El proceso se estrella con dos grandes trancones que pareciera que la propuesta hecha por el ex presidente César Gaviria sobre el tema de justicia transicional tendría la capacidad de remover: la polarización política y las limitaciones jurídicas.

Unas pocas horas después de divulgada la propuesta de Gaviria, el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón dijo “la registro con especial interés y le doy la mayor importancia” y casi simultáneamente los miembro de las FARC en La Habana “saludaron” la propuesta y la consideraron de la “mayor importancia”. Que los voceros antagónicos del proceso hayan usado casi las mismas palabras para apoyar “las opiniones” del ex presidente muestra el potencial político que tenían.

Personas cercanas al uribismo afirman que el Centro Democrático haría una declaración favorable a la propuesta después de que el abogado de Uribe y Oscar Iván Zuluaga les pidiera públicamente “reflexionar” sobre las bondades de la propuesta. El Partido Conservador todo, incluidos los no santistas, también hará una declaración en ese sentido en los próximos días.

Si ello es así, por primera vez habría un tema relacionado con el proceso de paz en el que se habría logrado un amplio consenso: desde los militares en retiro hasta el Frente Amplio por la paz pasando por todos los matices que hay en medio de los dos extremos.

Las bondades casi “mágicas” de las “opiniones” de Gaviria tienen que ver con que apuntan al tema que verdaderamente divide a los colombianos en torno al proceso de paz: el tratamiento judicial que se les dará a los guerrilleros, pero también –y ahí está uno de los ases- a los agentes estatales, políticos y empresarios que se hayan comprometido en el conflicto.

La perspectiva de que quienes promovieron a los paramilitares o se aliaron con ellos para enfrentar a la guerrilla reciban un tratamiento jurídico distinto y más severo que el que puedan recibir los miembros de las FARC genera un ruido entre militares y políticos que ha servido de abono para la oposición al proceso resumida en la famosa “paz sin impunidad”, en la que muchos –como el Procurador– disfrazan de jurídica una posición política.

El ex presidente no propuso un “intercambio de impunidades”, sino una fórmula de justicia transicional que garantice los derechos de las víctimas, pero que además sea viable.

Gaviria reordenó la discusión: primero la dimensión política y después el debate jurídico. Hasta ahora la controversia se había “judicializado” y eso le da entonces otra dimensión a las argumentaciones de los abogados y de los políticos que usan el derecho como parapeto.

Además, visto como lo planteó, el proceso dejó de ser exclusivamente para las FARC, lo que le generaba todo tipo de resistencias en la opinión que rechaza todo lo que sea con esa guerrilla y pasó a ser un mecanismo para acabar de verdad el conflicto y no solo desarmar a las FARC a cambio de un precio que a la sociedad le parece muy alto.

La ampliación del consenso alrededor de la negociación va a producir otra consecuencia: “desantificar la paz”. El Presidente hasta ahora había tenido el monopolio político del proceso y ahora va a tener que abrir un diálogo político con otros sectores, sin el cual es imposible hacer aprobar los acuerdos.

Más allá del enorme efecto político que produjo la propuesta de Gaviria y la redimensión del papel de “lo jurídico”, esta tiene un montón de elementos duros sobre los cuales vale la pena discutir en profundidad, aunque esta ya no sea la oportunidad: 1) rediscutir “justicia y paz” (las reglas de los procesos por paramilitarismo) para incluir a los que no quedaron incluidos, 2) conceder beneficios a los militares con consecuencias similares a los que se les conceda a la guerrilla pero con reglas diferentes, por ejemplo, excluyéndolos de la teoría de los máximos responsables, 3) “constitucionalizar” los acuerdos, mediante un referendo en el que autorizaría al Presidente a firmarlos y se fijarían los parámetros para hacerlo, 4) la creación de una jurisdicción especial que resuelva los temas penales, haga control constitucional y en general asuma la totalidad de los controles jurídicos de las decisiones que se tomen para cumplir con los acuerdos.

La reacción a la propuesta de Gaviria mostró que el proceso de paz tiene más apoyo del que aparenta, a pesar de que –paradoja de paradojas– ha sido más fácil negociar en La Habana que lidiar con la oposición aquí. Este sacudón parece haber ayudado.

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