El gobierno le mintió a los pequeños comerciantes

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Por William Felipe Hurtado Quintero

El pasado 08 de mayo, el gobierno en cabeza del presidente Iván Duque expidió el Decreto 639 de 2020 por medio del cual se crea el Programa de apoyo al empleo formal – PAEF, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. En dicha norma se establece un subsidio de hasta por tres (3) meses para las empresas persona jurídica que tengan trabajadores contratados sin suspensión laboral o licencia no remunerada, y hayan sufrido, con la declaratoria de la emergencia, una disminución de sus ingresos. El subsidio mensual corresponde a $350.121 por trabajador contratado, es inembargable y tiene destinación específica, es decir, solamente puede ser utilizado para el pago de acreencias laborales.

Para acceder al beneficio, se deben acreditar los siguientes requisitos: (i) que la empresa haya sido constituida antes del 01 de enero de 2020, o (ii) habiéndose constituido en el 2018 o antes, tenga renovación de registro mercantil por lo menos hasta el 2019; (iii) debe demostrar una disminución en sus ingresos en un veinte por ciento (20%) o más, y por último, (iv) tiene que contar con un producto de depósito en una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Las empresas que hayan recibido el subsidio en tres (3) ocasiones o meses, no podrán solicitarlo de nuevo.

La creación de este Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF-, era una de las medidas más esperadas por el sector productivo, teniendo en cuenta que éste ha sido uno de los más afectados con las órdenes de aislamiento preventivo. No son pocos los casos de empresas en el territorio nacional que han tenido que enfrentar insolvencia, cerrar o disminuir su nómina ante la carga que supone la imposibilidad de desarrollar sus actividades comerciales. Como lo destacó la Revista Dinero en su nota “Desempleo, la nueva pandemia”[1], se estima que en los cerca de dos (2) meses que lleva la emergencia en Colombia, un aproximado de uno punto nueve (1.9) millones de personas han pasado a ser desempleadas, sin embargo, resulta curioso que la nota en mención, a pesar de haberse publicado el 14 de mayo, seis días después de la creación del PAEF, no haga referencia a él, y por el contrario, presenta alternativas como las propuestas por Germán Vargas Lleras, tendientes al abaratamiento de costos fijos mediante la suspensión de pagos de ciertas prestaciones sociales, o inclusive, la implementación del teletrabajo.

Sin importar la posición o el rediseño de producción y mercadeo que han tenido que hacer muchas empresas, la prospectiva es preocupante y medidas como el PAEF representan un ligero, pero necesario colchón financiero para apoyar a los más afectados dentro del sector productivo, máxime si su propósito es el costeo de obligaciones salariales y prestacionales.

Hasta ahora todo parece indicar que este programa fue una decisión acertada, pero no todo es color de rosa en su diseño, pues el Decreto 639 de 2020 es claro frente a las empresas que están excluidas del beneficio, por un lado, las empresas con participación pública en más de un cincuenta por ciento (50%), y del otro, los comerciantes personas naturales. Este dato es muy preocupante si a saber se tiene que según el artículo 25 del Código de Comercio una empresa es “toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios”. En ese orden de ideas, la medida en realidad no supone un apoyo a las empresas en todo su alcance.

Más preocupante resulta el hecho de que en días anteriores a la expedición del acto administrativo, el Viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño, afirmó en entrevista rendida a La FM[2] que los beneficios del PAEF incluirían a las personas naturales pequeños empresarios con la única condición de “tener formalizados sus empleos”.

Lo anterior, representa no sólo una separación del ordenamiento jurídico en materia comercial que genera un desequilibrio injustificado frente a las empresas constituidas como persona natural, sino que a su vez, rompe la confianza legítima frente al Gobierno, quien se aparta de su promesa y termina creando un programa totalmente excluyente, sumiendo en la incertidumbre a los pequeños comerciantes que en estos momentos soportan el peso de las medidas sanitarias para la mitigación de la pandemia. Es de recordar, que según las cifras de Confecámaras[3], para el 2019 los comerciantes persona natural representaban el setenta y seis punto siete (76.7%) de las empresas en Colombia, lo que supone que el decreto dejó por fuera a la mayoría del sector productivo del país.

En pocas palabras, este Gobierno no sólo los abandonó… ¡Les mintió!


[1] Revista Dinero. Desempleo, la nueva pandemia. Publicado el 14 de mayo de 2020. Recuperado de https://www.dinero.com/pais/articulo/cual-es-el-nivel-de-desempleo-que-deja-el-coronavirus-en-colombia/286216

[2] Escuchar respuesta en el siguiente enlace: https://soundcloud.com/yhony-alberto-lee-yara

[3] Confecámaras. Dinámica de creación de empresas en Colombia: enero-septiembre 2019. Recuperado de http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/2019/Cuadernos_Analisis_Economicos/Din%C3%A1mica%20de%20Creaci%C3%B3n%20de%20Empresas%20_%20Ene-Sep%202019.pdf

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