El gran problema de la distribución de la tierra en el Valle – 3

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Despojos y restituciones

Municipios donde se adelantan restituciones

El historiador Guido Germán Hurtado dice que los predios que los grupos armados les arrebataron a los campesinos “no se suman a los de los grandes industriales, sino a los de mafiosos que se adueñaron de ellos para reinvertir sus ganancias producto de la comercialización y distribución de la cocaína”.

“La acción de bandas criminales como Los Rastrojos o de Los Urabeños en este departamento es acumular tierras y más tierras para lavar activos”, añade.

El Valle es el quinto departamento a nivel nacional con el mayor número de denuncias de hechos violentos, como desaparición, homicidio, tortura, lesiones personales reclutamiento y desplazamiento forzado.

Es decir, que en esta región ha ocurrido la quinta parte de los 5.744.230 casos de violencia registrados por la Unidad de Víctimas, entre los que se incluye el despojo ilegal de tierras.

Hasta la fecha, la Dirección Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras del Valle del Cauca ha recibido 1.400 solicitudes de restitución sobre 79.999 hectáreas ubicadas en diferentes sectores de la región. En todo el país se han realizado 26.684 solicitudes sobre 1.985.927 hectáreas.

Actualmente, la Dirección Territorial adelanta una microfocalización de solicitudes de restitución de tierras, para responder a las familias vallecaucanas que fueron obligadas a abandonar sus predios y que perdieron, así, su único medio de sustento.

Esta microfocalización se está desarrollando en la zona rural de Cali, así como en los municipios de Bolívar, Riofrío, Trujillo y Tuluá. El proceso se encuentra en marcha en más de 49 corregimientos, en donde funcionarios de la Dirección Territorial investigan si existen las condiciones de seguridad para delimitar los predios y garantizar que las familias regresen a salvo a sus terrenos.

Por ejemplo, en Tuluá se recibieron 134 solicitudes correspondientes a 4.000 hectáreas. Son 67 las solicitudes sobre predios ubicados en el corregimiento de Puerto Frazadas y 25 de ellas ya están en trámite ante los jueces de restitución.  En dos meses aproximadamente saldrán las sentencias.

“Este es un esfuerzo muy grande que se avanza con cautela, escogiendo zonas en donde se pueda hacer restitución sin poner o minimizar las posibilidades de riesgo que puedan tener las personas”, sostiene Sergio Rodríguez Tobar, director regional de la Unidad de Restitución de Tierras.

“Hacemos un llamado a la comunidad, invitándolos a que tengan confianza y se acerquen a la Oficina de Atención a Víctimas en Tuluá, para que nos ayuden a cerrar la brecha entre el número de personas que hasta ahora se han acercado a pedir que se les restituya la tierra y el número de víctimas real”, agrega.

En cuanto a Buenaventura, la Dirección Territorial del Valle del Cauca trabaja junto a la Dirección de Asuntos Étnicos para lograr que el consejo counitario del río Naya oriente a la comunidad del litoral Pacífico en el tema de restitución de tierras.

Pese a estos esfuerzos, persisten las amenazas de los grupos armados contra los líderes comunitarios que apoyan a la población de sus municipios en asuntos de recuperación de predios.

Cuatro de estos líderes de organizaciones de víctimas han sido asesinados en el Valle en los últimos años. Las vidas de William Sánchez, Julio César Molina y Miller Cortes fueron apagadas en Tuluá, Ansermanuevo y El Cairo, respectivamente, por órdenes de las ‘bacrim’ que operan en dichos municipios. En Cartago, Argemiro Blandón pereció a consecuencia de un atentado orquestado por milicias de las Farc.

Julio César Molina, asesinado en el 2008, era presidente de la Asociación de Desplazados de ese municipio y miembro de la Fundación Nuevo Amanecer. Se piensa que su homicidio fue una retaliación por sus denuncias sobre el mal uso de tierras incautadas a narcotraficantes y que habían sido entregadas a la población desplazada. También se teme que el crimen esté relacionado con su trabajo de capacitación a las víctimas sobre el derecho a la reparación.

El Valle del Cauca ya completa un año en este proceso en donde a la nación le corresponde reparar a las víctimas del conflicto, reponiendo lo más sagrado para ellos después de su familia: su tierra.

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