El juicio de la historia

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Por Hector Riveros Serrato

@hectorriveros

Dentro de 30 o 40 años cuando algún investigador en una universidad colombiana o extranjera quiera hacer un trabajo sobre los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe acudirá a los archivos oficiales y sentenciará –solo basado en documentos judiciales- que se privilegió el fin sobre los medios, que en el propósito de derrotar militarmente a la guerrilla se usaron métodos no solo ilegales sino antidemocráticos y que el conjunto del gobierno se impregnó de una especie de cultura de la ilegalidad que causó escándalos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.

Ese investigador encontrará sentencias de la Corte Suprema de Justicia que condenan al Secretario General (hoy Ministro) de la Presidencia de la República, a dos directores del Departamento Administrativo de Seguridad, al menos a un Ministro, si es que para entonces no ha terminado el juicio contra Sabas Pretelt, por diversos delitos. Encontrará que el jefe de seguridad de la Casa de Nariño fue extraditado y condenado por relaciones con el narcotráfico en los Estados Unidos.

Tendrá los llamamientos a juicio, si es que para entonces no se ha terminado el proceso, de personas que promovían con medios ilegales un referendo para buscar la permanencia de Uribe en el poder. Podrá documentar con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre los medios usados por el Gobierno para conseguir la mayoría en el Congreso para modificar la Constitución con el fin de autorizar la reelección del Presidente.

La historia contará que en ese período -2002 a 2010- desde la Presidencia de la República, según dice la Corte Suprema- se ordenaba perseguir a los opositores políticos y usar medios ilegales para conseguir información sobre sus actividades y vida familiar.

El investigador encontrará un cúmulo de decisiones judiciales que condenan a centenares de militares que, durante ese período- 2002 a 2010- incurrieron en múltiples violaciones a los derechos humanos. endrá que contar que ¡¡más de 3.000!! jóvenes fueron víctimas de asesinato por parte de agentes estatales que los hacían pasar como guerrilleros sin serlo. Dirá que el gobierno se estrenó, en agosto del 2002, con una operación militar en una comuna de Medellín en la que fueron muertos o desaparecidos jóvenes sindicados de ser miembros de milicias urbanas por lo que la justicia e incluso la Procuraduría sancionó a los comandantes de la operación.Encontrará decenas de condenas judiciales a políticos cercanos al gobierno condenados por relaciones ilegales con paramilitares para beneficiarse electoralmente del poder armado ilegal de esos grupos.

Los historiadores se preguntarán por la actitud del jefe del Estado durante ese período. No habrá, o al menos hasta ahora no las ha habido, evidencias, ni condenas  judiciales en su contra. El investigador riguroso se quedará con lo que esté judicialmente probado y no podrá acusar a Uribe de cometer delitos o de ser jefe de una banda si la justicia no lo ha determinado así. Pero podrá –eso sí- evaluar políticamente la conducta del Presidente.

Buscará declaraciones, entrevistas, discursos para tratar de encontrar alguna manifestación de rechazo, alguna investigación promovida por él, algún correctivo, alguna expresión de perdón por las múltiples conductas ilegales que ocurrieron durante su gobierno. No encontrará.

Al contrario, habrá todo tipo de justificaciones a las mismas. Registrará que ha dicho, por ejemplo, que el fin de la seguridad nacional justificaba los medios puestos en práctica por la oficina de inteligencia en contra de opositores de su gobierno. Encontrará que a las denuncias de masivas ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la fuerza no respondió con una condena a la conducta sino con la afirmación de que no había “falsos positivos” sino “falsas denuncias”.

El investigador podrá ilustrar su trabajo con las palabras en el homenaje que Uribe y su  grupo le brindó a un General condenado por graves violaciones a los derechos humanos. Podrá mencionar –como anécdota- la petición a los miembros de la coalición de gobierno de votar en favor de los proyectos oficiales antes de que los cogieran presos.

El trabajo podrá registrar las múltiples declaraciones del ex Presidente en las que justifica la existencia de grupos de paramilitares en la violencia guerrillera y el abandono estatal de amplias zonas del territorio nacional. “La gente tenía que defenderse” o algo similar es la respuesta.

Quizás podrá dedicarle un capítulo a la estrategia de deslegitimación de la justicia, a la acusación de persecución política por parte de todo el poder judicial en contra de los funcionarios de su gobierno.

Ese investigador de Oxford, de Harvard, de la Nacional o de los Andes no podrá decir nada distinto de lo que han dicho las sentencias judiciales: que durante ocho años el Gobierno aplicó a rajatabla la máxima de que “el fin justifica los medios”. Que había una especie de incentivos perversos que llevaban a que los funcionarios violaran la ley para quedar bien con el jefe, o para –como los militares de los “falsos positivos”- obtener beneficios personales.

Ese es el capítulo de la historia de Colombia del que será protagonista el uribismo, podrán matizarlo con el resultado de haber derrotado militarmente a la guerrilla o de haber coincidido con una época de crecimiento económico, aunque también de la desigualdad, pero no podrán evitar que eso sea lo que se enseñe a finales de este siglo en las facultades de historia, o incluso en los cursos que se dicten en los colegios.

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