El lugar del fracking

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German-Ayala-OsorioPor Germán Ayala Osorio

Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente

Existen hoy suficientes evidencias que confirman que en materia ambiental el Estado colombiano viene exponiendo su biodiversidad a un incontrolable desarrollo extractivo, que ya pone en riesgo valiosos ecosistemas hídricos como ríos y páramos. Lo más probable es que se presenten en el corto y el mediano plazo conflictos socio ambientales que no siempre se solucionan de manera pacífica.

Y esa negativa exposición la viene haciendo el Estado desde las administraciones de Uribe y Santos en las que los asuntos ambientales fueron asumidos desde una autoinducida debilidad institucional, fruto de la fusión que se hizo en su momento del Ministerio del Medio Ambiente con otras carteras, lo que terminó dando vida al Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Así se llamó la cartera que durante los ocho años del gobierno de Uribe se ocupó de la conservación y del aprovechamiento racional de los recursos del suelo y del subsuelo. Una forma clara de quitarle importancia al medioambiente, hecho que se confirmó con el crecimiento exponencial de licencias ambientales y de concesiones mineras entregadas durante ese lapso.

Con la llegada de Santos a la presidencia la situación no cambiaría de fondo, pero si de forma. Ahora la cartera encargada de los asuntos ambientales pasaría a llamarse Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Un nombre extremadamente grande para una institucionalidad débil y cooptada por intereses privados, agenciados por el propio gobierno de Santos a través del impulso a lo que el mismo llama la locomotora minero- energética.

Ante tal apuesta extractiva, los ambientalistas vienen de tiempo atrás haciendo sonar las alarmas. En pasados días, nuevamente sonaron de manera estridente ante el anuncio del gobierno de Santos de autorizar la aplicación de la técnica del ‘fracking’ para la exploración de gas y petróleo, perforando las entrañas pétreas del subsuelo.

Ante los riesgos ecológicos y ambientales que el ‘fracking’ genera, algunos sectores sociales y de opinión elevaron su protesta. El exministro del medio ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, junto a otras figuras, solicitaron al Gobierno que se abstuviera de poner en marcha la controvertida técnica del fracturamiento hidráulico. Los firmantes de la petición son tres: el ya nombrado exgerente del Inderena, primer ministro del medioambiente y hoy presidente del Foro Nacional Ambiental; Mary Lou Higgins, directora de WWF Colombia; César Rodríguez Garavito, socio fundador de Dejusticia, y Diana Rodríguez Franco, investigadora principal de esta organización.

Está muy bien que estas voces autorizadas se pronuncien ante semejante decisión técnica y política. ¿Pero cuál es realmente el alcance de dicho llamado? ¿Cuál es el lugar que el ‘fracking’ ocupa en la sociedad colombiana? Más directo aún: ¿a quién realmente le importa el uso de esa técnica?

Lo cierto es que son tantos los problemas que el país debe afrontar, que este tipo de asuntos y decisiones no logran ‘filtrarse’ en la sociedad colombiana porque no resultan fundamentales para las grandes mayorías que, en otras circunstancias económicas, políticas, sociales y culturales, marcharían en contra de una técnica que ya ha sido condenada en otros lugares del mundo. Pero acá en Colombia las mayorías están resolviendo el día a día, la consecución del alimento; otros tantos en el rebusque y muchos interesados más en sobrevivir, al tiempo que se distraen consumiendo la empobrecida oferta cultural de la televisión privada.

Por ello, la carta enviada por Manuel Rodríguez Becerra, Mary Lou Higgins, César Rodríguez Garavito y Diana Rodríguez Franco, respaldada por otros académicos y replicada en redes sociales, no será más que el llamado a la prudencia de unos cuantos que sin ningún apoyo social pretenden que, ante el uso de una técnica que conlleva riesgos, el Gobierno de Santos dé marcha atrás.

En dos perspectivas se puede concluir sobre el lugar que tiene el medioambiente y el ‘fracking’ en las condiciones en las que opera el Estado colombiano.  La primera, que el tema ambiental no atraviesa la vida de la mayoría de los ciudadanos colombianos. Y no es un asunto transversal por cuanto aún no hay una conciencia ambiental consolidada en Colombia. Y no la hay no sólo por falta de educación, sino porque la sociedad colombiana aún no resuelve problemas básicos: comer, estudiar y trabajar en el contexto de un país que todavía sufre los horrores de un conflicto armado interno y las consecuencias sociales de múltiples formas de violencia urbana.

Y en una segunda perspectiva, se puede concluir que al revisar lo ocurrido en materia ambiental en Colombia desde el 2002, a la fecha, es claro que Uribe Vélez aplicó algo así como un “fracking institucional” para debilitar -quebrar-  las instituciones ambientales; y es claro también que Santos aprovecha esa labilidad gubernamental para autorizar el uso de una técnica que socialmente poco interés despierta, pero cuyos efectos pueden resultar en el mediano y largo plazo devastadores social y ambientalmente.

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