“El matrimonio entre homosexuales debería definirse en referendo”: Presidenta del Consejo de Estado

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Entrevista de Claudia Palacios
Twitter: @Claudiapcnn

Tiene muchas misiones, pero quizás de la que más se espera es de la de cambiarle el desprestigio a la Justicia. La nueva presidenta del Consejo de Estado es caleña, especialista en bioética y en Derechos Humanos, los dos temas transversales a los mayores desafíos de la sociedad colombiana: la inclusión de los desmovilizados tras la firma del acuerdo de paz y los derechos de las minorías y los marginados, como los homosexuales y las mujeres.

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Claudia Palacios: Magistrada, quiero empezar por la reforma a la Justicia. ¿Usted cree que los temas que se han hablado sobre la manera de hacer los nombramientos o algunos de los privilegios de los magistrados son en realidad los asuntos que debe tratar una reforma a la Justicia?

María Claudia Rojas: No. Una reforma a la Justicia tiene que obedecer a un estudio sobre los problemas reales y las soluciones. Unos de los problemas es la congestión; para remediar ese problema hay que buscar medida para que la gente no acuda tanto a la justicia, no porque no tenga problemas sino porque tenga otros medios. Por ejemplo, en la ley se creó la figura de la extensión de jurisprudencia, mediante ese mecanismo la gente puede pedirles a las autoridades administrativas que les apliquen la doctrina de otros casos en los que los asuntos sean iguales, ahí no habría que acudir nuevamente a la justicia.

Claudia Palacios: ¿Y eso que tal ha resultado?

María Claudia Rojas: Estamos empezando. Se trata de sentencias de unificación, no es cualquier sentencia.

Claudia Palacios: ¿Qué otros resultados ha dado la aplicación del nuevo código?

María Claudia Rojas: Estamos arrancando. La oralidad debería acelerar, hacer que los procesos se fallen mucho más rápido de lo que se fallaban antes. Pienso que es un resultado que empieza a verse.

Claudia Palacios: Pero aun así estamos lejos de darle a la justicia la agilidad que la gente espera…

María Claudia Rojas: Como le digo, es importante tener un diagnóstico real de la situación de la justicia. Yo me he propuesto hacer un estudio actualizado de la jurisdicción contencioso-administrativa. Necesitamos que al discutir la reforma a la justicia tengamos un diagnóstico claro.

C.P: Esto es, por supuesto, tardío; hace rato deberíamos tener un estudio de esas características.

M.C.R.: Yo entiendo que la Sala Administrativa ha venido también haciendo un diagnóstico, y eso le ha permitido tomar las medidas en materia de descongestión. Todas esas medidas son resultado de ese estudio que contrató la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

C.P.: Hablemos de los beneficios que tienen los magistrados, por ejemplo los permisos, que les permite trabajar en un crucero y esas cosas.

M.C.R.: Si se refiere a beneficios de la fallida reforma a la justicia, tenemos un periodo de ocho años, una edad de retiro forzoso. El Consejo de Estado nunca apoyó la ampliación del periodo. El permiso no existe solo en la justicia, no es exclusivamente de los magistrados, y viene hace más de 20 años. La función es estresante. Tampoco la usamos; si algún magistrado la pide alguna vez, en realidad es excepcional. Nadie utiliza esos permisos. Eso no nos lo inventamos nosotros ni hacemos uso de ella. Se hizo mucho ruido.

C.P.: ¿A usted le ha tocado leer documentos en un crucero?

M.C.R.: (Risas) Ni creamos la medida, ni hacemos uso de ellos.

Maria-Claudia-RojasC.P.: En cuanto al nombramiento de los magistrados, ¿cómo cree usted que debe ser?

M.C.R.: Es muy importante garantizar la independencia y para ello sería muy importante que el Congreso no interviniera en la elección de magistrados de las altas cortes. En ese sentido, sería importante que el Congreso no participe en la elección de magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.

Yo tengo una propuesta personal, que no es la del Consejo de Estado, pero no lo hemos discutido, y es que se haga una gran convocatoria nacional en la que participen todas las personas que cumplan los requisitos, y hacer una especie de concurso, en el que se evalúe la trayectoria personal y profesional, porque hay que mirar las condiciones personales, valores éticos, en fin. Nosotros lo hacemos en el Consejo de Estado, por ejemplo, para proponer candidatos a la Contraloría y otros, y nos ha permitido escoger buenos candidatos.

C.P.: Magistrada, usted llega a este cargo en un momento en que el poder judicial soporta un enorme desprestigio. ¿Usted cree que el desprestigio es proporcional al diagnóstico real de los problemas de la Justicia o se ha sobredimensionado?

M.C.R.: Está sobredimensionado. Uno de los propósitos fundamentales de mi presidencia es hacer todo lo posible para que la gente vuelva a creer en sus magistrados. Lastimosamente conductas aisladas de algunos magistrados o jueces se nos adjudican a todos.

C.P.: Pasemos al caso Petro, usted hizo unas declaraciones sobre el uso de la tutela. Ahora que empiezan a llegar al Consejo de Estado esas tutelas, ¿qué manejo le van a dar?

M.C.R.: La verdad, al caso Petro yo no me puedo referir. A la tutela de ese caso se le dará el mismo tratamiento que a todas las demás, con la diferencia de que se decidió revisarla en la sala plena. Ya está repartida y será decidida en la sala plena.

C.P.: Les van a llegar muchas. ¿Las van a acumular o qué piensan hacer?

M.C.R.: No se descarta, pero hay que ver si tienen los mismos supuestos y los mismos hechos.

C.P.: ¿Pero se ha hecho un buen o un mal uso de la tutela en el caso Petro?

M.C.R.: La verdad es que se ha abusado un poco. No las conozco directamente, pero uno sí se asombra que se hable de 300 tutelas y más.

C.P.: Con razón y sin razón, ¿esto implicaría que hay que hacer una reforma a la tutela?

M.C.R.: El Decreto 2591 tiene disposiciones muy claras, por ejemplo, en cuanto a quién puede interponer la tutela. Las normas están. No es tanto la norma sino el comportamiento de quienes las aplican.

C.P.: La Convención Americana dice que nadie más que un juez penal puede quitar los derechos políticos a una persona elegida por el voto popular, pero el Consejo de Estado les puede quitar la investidura a los congresistas. ¿Eso no contradice las normas de la convención?

M.C.R.: Es el fondo del asunto y no me puedo referir a ello.

C.P.: Me refiero, al margen del caso Petro, lo que pasa con los congresistas. El Consejo de Estado es el que decide si pierde o no pierde la investidura, pero el Consejo de Estado no es un juez penal. ¿Eso no va en contravía de las normas de la convención?

M.C.R.: La Constitución le dio esa función al Consejo de Estado. No hay contradicción, pero la verdad es que no quiero tocar ese punto porque implicaría meterme en el caso Petro y no puedo pronunciarme sobre ello.

C.P.: Le pregunto por el procurador, ¿usted cree que el procurador falla según la ley o según sus convicciones religiosas?

M.C.R.: No. Estoy convencida que lo hace con base en la Institución.

C.P.: El procurador puede tener procesos aquí en el Consejo de Estado, ¿usted se va a declarar impedida por el hecho de que su hijo trabaja en la Procuraduría?

M.C.R.: Ya me declaré impedida. Lo vengo haciendo en la sección primera desde que mi hijo entró a la Procuraduría.

C.P.: Usted fue ponente de la sentencia que anuló el decreto que facilitaba el acceso para practicar el aborto en los casos permitidos por la Corte Constitucional. ¿Qué se le dice a una mujer que, por ejemplo, ha sido violada para que tenga su hijo?

M.C.R.: Ese fue un fallo eminentemente jurídico. Ese decreto estaba reglamentando directamente una sentencia y no una ley. Me explico: la Constitución le da al presidente la facultad de reglamentar las leyes, en ese caso no había una ley para reglamentar y por eso se decretó la nulidad.

C.P.: Era un vicio de forma.

M.C.R.: Sí.

C.P.: ¿Y cuál es su posición personal respecto al aborto en esos tres casos?

M.C.R.: Yo respeto la decisión de la Corte Constitucional. Esos tres casos fueron despenalizados y hay que respetarlo.

C.P.: ¿Y la posición netamente personal?

M.C.R.: Como especialista en bioética, respeto la vida en cualquier caso. Respeto la sentencia pero amo la vida.

C.P.: Usted tiene un libro sobre las posiciones sobre el transexualismo, quiero conocer su postura sobre los debates alrededor de los derechos de las parejas homosexuales.

M.C.R.: Esa obra fue mi trabajo de grado en la especialización de bioética en la Javeriana, y lo que pretende es reconocerle los derechos al transexual, que no es el homosexual, el gay ni el travesti. Es una persona que nace de una manera pero que se comporta de otra manera. Por ejemplo, una persona nace mujer pero se siente hombre y se comporta como hombre, incluso llega al extremo de querer cambiar su cuerpo. Es una situación de orden sicológico y fisiológico muy complejos, y en ese libro trato las consecuencias jurídicas del transexualismo. Por ejemplo, qué pasa con el matrimonio de una persona que se transforma, cuál es el derecho que se le debe dar a esas personas que se transforman.

IMG_1244C.P.: ¿Y la conclusión?

M.C.R.: La respuesta es que el derecho tiene que tener en cuenta esa realidad: cambiando el nombre, un nuevo registro civil, permitiendo el matrimonio. Es algo distinto. La gente cree que transexual es el travesti que un día se viste de mujer y no es así.

C.P.: Claro que cuando uno habla con un gay ellos apuntan a lo mismo.

M.C.R.: Lo que te quiero decir es que técnicamente no es lo mismo.

C.P.: A ver si le entiendo bien. ¿El derecho debería solo reconocerle esos derechos  al transexual?

M.C.R.: Es difícil, es un punto de debate que es más científico, más profundo. Habría que analizar caso por caso.

C.P.: Pero entonces, ¿en relación con la adopción de las parejas homosexuales y el matrimonio?

M.C.R.: La Constitución es clara en señalar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso no admite interpretaciones. Si queremos admitir un matrimonio solemne entre personas de un mismo sexo, tenemos que cambiar la Constitución actual. Yo no creo que esa norma quisiera incluir a personas de un mismo sexo.

C.P.: Pero tampoco excluirlas. ¿O quizás sí?

M.C.R.: Quedó escrita así. Creo que tendríamos que hacer un gran debate. Esas son decisiones que comprometen a la Nación, y el pueblo colombiano tiene que ser escuchado.

C.P.: Hay que hacer un referéndum.

M.C.R.: Sí. El pueblo colombiano es un pueblo con unas costumbres muy arraigadas, que hay que respetarles.

C.P.: Magistrada, hablemos del tema de la ubicación de las estaciones de policía y la decisión del Consejo de Estado.

M.C.R.: La posición de la Sección Tercera ha sido distinta. Este fallo es de una subsección. Como parece, la posición mayoritaria de la sección es que tienen que moverse los puestos de policía. Ha habido una mala interpretación del fallo y de la sección.

C.P.: ¿Pero quedó escrito como quedó escrito?

M.C.R.: Yo pienso que la Sección Tercera tendría que unificar esa posición. Unificarla reiterando lo que hace muchos años ha dicho. No es que no pueda haber un puesto de Policía, no es que tenga que irse la Policía de donde está la población.

C.P.: Magistrada, usted es especialista en resolución de conflictos y quiero preguntarle su posición sobre las reglas de Justicia transicional que se van a construir en el proceso de paz.

M.C.R.: Ese es un tema sobre el cual tampoco me puedo referir. El Consejo de Estado seguramente tendrá una función muy importante en los acuerdos.

C.P.: Pero el perdón implica algún grado de impunidad…

M.C.R.: Algún grado, usted lo ha dicho.

C.P.: No me quedó claro si usted ha estudiado sentencias en un crucero…

M.C.R: No.

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