El muertómetro de Cali

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leo quinteroPor Leo Quintero

@CAmanecioCali

En Cali, el termómetro para conocer el número de muertes violentas se llama muertómetro. Además, corresponde a una ciencia creada hace veinte años por el hoy alcalde Rodrigo Guerrero, quien se consideró epidemiólogo de la violencia.

En su primera administración, el mandatario local estableció un sistema mediante el cual se conocía exactamente los lugares y las causas de las muertes violentas en la ciudad. El modelo, creado en Cali –como siempre– fue replicado a otras ciudades del país, comenzando por Bogotá, cuyo mandatario, Antanas Mockus, lo copió y lo aplicó como debía: diseñó una estructura de cultura ciudadana y otros elementos –que también habían sido creados primero en Cali– que permitieron reducir los indicadores de muertes violentas en la capital del país.

El muertómetro que manejó en su primera administración el programa Desarrollo y Paz  parece que se perdió en los últimos años en Cali. Las dos administraciones anteriores no hicieron epidemiología de la violencia, no hubo seguimiento al problema, y hoy en día los registros le dan a Cali el no muy honroso primer lugar, entre ciudades capitales, en las cifras de muertes violentas.

Hay muchas explicaciones para lo que está ocurriendo, muchas versiones, muchas ideas, pero hay una que claramente no ha sido tomada en cuenta, ni aplicada por la región. Los indicadores de impunidad en la ciudad son más que alarmantes. Los registros del Centro de Investigaciones en Salud y Violencia, que también surgió de las ideas del alcalde Guerrero, indican que ese es uno de los caldos de cultivo de lo que sucede en muchos de los barrios de Cali.

El marco de lo que pasa lo evidencia la vergüenza caleña porque después de más de cinco años no se ha entregado el Palacio de Justicia, que fue atacado por miembros de las Farc y le provocaron daños en quizás el punto que más le dolía en su momento: los archivos y el resto de la estructura de la edificación.

Pero no hay doliente claro sobre lo que sucede con esta sede, porque los trabajadores de la justicia están regados en más de 14 lugares, incluidos baños de viviendas desvencijadas que fueron alquiladas para  darles un albergue a los funcionarios judiciales.

Hoy en día no hay sede propia operativa, y ese es uno de los problemas más evidentes. Los procesos se traspapelan, las citas se pierden, las audiencias se corren, los plazos se vencen y todo ese ‘maregmanun’ de excusas ayuda a que no haya cumplida justicia. Para que la impunidad haga perder miles de audiencias cada mes en Cali y cada año salgan libres quienes están acusados de delitos de menor y mayor cuantía.

Por eso, la venganza personal es uno los motivos de mayor relevancia en las muertes violentas en Cali, sumada a la intolerancia; son los padres de los crímenes en muchos de los barrios populares de la capital del Valle.

Este es el caldo base para que entren a operar oficinas de cobro que, como dijeron los mandos policiales, operan en 29 puntos diferentes de la capital del Valle, ahora con pistoleros al servicio de las bandas criminales que entraron y se tomaron el microtráfico, la microextorsión y generan las llamadas fronteras invisibles que están generando un silencioso pero delicado desplazamiento intraurbano, el más alto en la historia de la ciudad. El mismo que no se ha medido, pero que registrará en su informe de esta semana la Defensoría del Pueblo de Cali, institución que le dirá a todos los actores de la seguridad en la capital del Valle que la crisis de violencia no da más tiempo  y que se debe atender, porque el muertómetro de Cali está en un nivel superior, al haber crecido durante este año en más de 10 % con respecto al 2012.

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