El papel de las cooperativas en el proceso de paz

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En el marco del proyecto “El cooperativismo: un modelo de desarrollo rural para la paz” que desarrollan el Instituto del Pensamiento Liberal y Cenicoop, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, reveló los avances que se han conseguido en el proceso de paz y precisó el papel de la asociatividad y de los modelos cooperativos en la construcción definitiva de la paz

Por Sergio Jaramillo:

sergio_jaramillo_0Quiero compartirles la visión del Gobierno respecto al proceso de paz, puntualmente sobre el desarrollo rural y el papel de las cooperativas que son centrales en el proyecto, razón por la cual es indispensable que las cooperativas tengan una visión clara sobre los acuerdos entre el Gobierno y las Farc.

El proceso que estamos desarrollando en La Habana es una oportunidad que no hemos tenido en los cincuenta años de conflicto que hemos vivido. Para que sea exitosa, todos los sectores debemos trabajar alrededor de ella. El entendimiento juega un papel fundamental para poder discutir y concertar la mejor manera de implementar los acuerdos finales para la paz.

Esto me conduce al primer concepto central del proceso: aquí se está discutiendo el fin del conflicto. La concertación con los diferentes actores hace que surja preguntase cómo llevamos todo lo acordado a la práctica. En el acuerdo general que firmó el Gobierno con las Farc en 2012 nació el primer paso: iniciar conversaciones fluidas, directas e ininterrumpidas con el fin de llegar a un acuerdo para la terminación del conflicto que contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Por ende, de ahí se deducen dos grandes pasos: la firma del acuerdo para terminar el conflicto y, segundo, la fase de construcción de paz.

Parece obvio que tras la firma de los acuerdos viene la paz: firmar los acuerdos, evidentemente, concluye con la fase de construirla. En este objetivo es en el que debemos enfocarnos conjuntamente, visualizarlo y trabajar mancomunadamente si queremos alcanzarlo. De tal manera, sería posible aseverar que la firma de un acuerdo final no es el fin del proceso de paz, sino que constituye una nueva etapa y el comienzo de un verdadero proceso de construcción de paz en el territorio nacional.

Ahora bien, vamos al segundo concepto fundamental. El territorio es la esencia de los diálogos de paz. Los acuerdos que estamos desarrollando tienen una aplicación en todo el territorio nacional pero su materialización es territorial. Es decir que los acuerdos hay que pensarlos desde las regiones y desde los territorios. La agenda acordada en 2012, que incluye el desarrollo rural integral, la participación política y el fin del conflicto se está pensando desde el punto de vista territorial. Una buena parte del trabajo relacionado con derechos de las víctimas será implementado desde los mismos territorios, así como se hará con el actual punto de negociación sobre drogas y cultivos. Porque, en suma, es alrededor de un territorio que se logra la articulación de los acuerdos y su implementación.

Puede que el primer punto acordado quizás no sea el más importante, pero es el que nos sirve de marco para el desarrollo rural integral, o como lo llamamos con las Farc: la “Gran Reforma Rural Integral”, y se compone de varios elementos de gran importancia. El primero es el acceso y el uso de la tierra: lo establecido radica en crear un gran fondo de tierras para distribuirlas entre quienes no tienen o tienen muy poca. Lo segundo es crear una serie de incentivos para darle un mejor uso a la tierra con el fin de minimizar la cantidad de tierra improductiva en Colombia, y que esto sea un acceso integral; es decir, que no solo sea distribuir tierra sino que haya programas que brinden asistencia técnica, infraestructura, programas de crédito, etc. El tercero es la formalización. En este punto se trabajará por medio de grandes programas de formalización de la propiedad para los pequeños agricultores, a través mecanismos legales que permitan proteger sus derechos sobre la base de un gran esfuerzo de establecer cuál es la propiedad rural en Colombia por medio del levantamiento de un catastro, para conocer de manera transparente la tierra y su respectivo poseedor. Con este catastro se tendrá una idea más precisa de la propiedad rural del país, incluidos los baldíos, que son propiedad del Estado y que han sido apropiados indebidamente. Según estudios del ministerio de Agricultura, dichos terrenos harán parte de esta distribución. De igual manera se asegurarán los derechos de propiedad de los pequeños agricultores para evitar desplazamientos futuros. Si las personas tienen su derecho a la propiedad asegurad, tendrá herramientas para defenderlo.

Un beneficio adicional de esta medida es que en los municipios se realizará un recaudo predial más justo y progresivo. Esto es: quien más tiene será quien más pague, acorde a una base técnica, para que en los municipios sea posible revertir el recaudo a favor de las comunidades para su desarrollo social.

Otro gran componente es el conjunto de los grandes planes nacionales. El objetivo resulta sencillo pero a la vez ambicioso. Se busca que el campo tenga convergencia con los estándares de vida en el mundo urbano. Desde el punto de vista de los derechos individuales, se busca que el Gobierno haga grandes inversiones en educación y salud, por ejemplo, supeditado a modelos que están pensados especialmente para las necesidades del campo.

Hay que reconocer que dicho aspecto no inicia de la nada; Colombia tiene una larga historia de esfuerzos en educación, desarrollo rural y demás. Lo importante hoy es ponernos al día con estos grandes programas para las necesidades del campo. Las vías terciarias o el gran déficit en riego pueden ser ejemplos de ello. En América Latina estamos en los últimos lugares del tema.

El apoyo a la productividad se suma a los conceptos fundamentales. El Estado apoyará al pequeño agricultor o, lo que llamamos también, la agricultura familiar. Dispondremos de líneas de crédito más amplias, más agresivas, con subsidios o capital semilla para respaldar algunos proyectos con asistencia técnica. Adicionalmente, habrá medidas especiales para asegurar la comercialización de productos de diferente tipo creando comercializadoras que las mismas asociaciones manejen para evitar la gran intermediación, que se queda con buena parte de los ingresos que deberían llegar al pequeño agricultor. Y una iniciativa adicional que se puede repensar es la idea de compras estatales en las regiones, para que se satisfagan las necesidades a nivel local.

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En este punto hago especial énfasis en la promoción del cooperativismo, la asociatividad y la economía solidaria. En conjunto, constituyen el marco del proceso de mejora de la productividad del pequeño agricultor. Lo que acordemos en La Habana son ideas concretas que tendrán recursos importantes detrás, pero su desarrollo implica la participación de todos. La promoción de la asociatividad es muy fuerte en los acuerdos. La visión del Gobierno es promover todo tipo de asociaciones, no habrá inclinación especial por una u otra forma, sino que lo importante es que la gente lo quiera hacer. La discusión está ligada a las zonas de reserva campesina. Esta fórmula, integrada en la Ley 160 de 1994, es una forma de asociación. El Gobierno la apoya si es la que quieren desarrollar los campesinos de una región. No obstante, no es la única manera de asociarse o de hacer cooperativismo, y las formas que la gente quiera poner en marcha serán apoyadas por el Gobierno, incluido no solo el marco legal sino la asistencia técnica a la hora de su constitución y demás.

Partiendo de estas ideas, debemos desmenuzarlas y volverlas más concretas. Las cooperativas y los campesinos serán grandes referentes para emprender acciones en este sentido.

Por otra parte, un gran subpunto del primer punto de la negociación en La Habana es la seguridad alimentaria. Esto buscará apoyar a las familias campesinas en su producción para que se alimenten mejor y así fortalezcan aspectos de nutrición. Debemos asegurar igualmente que el incremento en la productividad del pequeño agricultor o de la agricultura familiar beneficie a la gente en las ciudades y que contribuya a programas de seguridad alimentaria y de nutrición en las cabeceras municipales y en los centros urbanos.

El último gran componente se denomina “programas de desarrollo con enfoque territorial”. Con estos programas se desarrollarán instrumentos y se aplicarán con mayor rapidez para estabilizar y construir paz en las zonas que han sido especialmente afectadas por el conflicto y donde hay un mayor índice de necesidades básicas insatisfechas, en parte por la ausencia de desarrollo institucional del Estado o por presencia de cultivos ilícitos.

Por todo lo anterior, afirmamos nuevamente que el enfoque del Gobierno es el enfoque de los derechos de los habitantes del campo. Trabajaremos buscando la manera de satisfacerlos con mejor efectividad.

Así, ya que estos son programas muy ambiciosos, se ha establecido que el programa se implemente de manera participativa. Esto quiere decir que a la hora de escoger beneficiarios de los diferentes programas se hará en una consulta con las comunidades, quienes conocen mejor que nadie quiénes son los que tienen necesidades especiales o mayores. Por ejemplo, para establecer el catastro, las comunidades nos ayudarán a definir linderos. En los procesos de los programas de desarrollo con enfoque territorial se pondrán en marcha procesos con planeación participativa, ahí las comunidades y las asociaciones trabajarán de la mano con programas nacionales del Gobierno y con las autoridades locales. Serán los mismos campesinos quienes identificarán sus mayores necesidades y cuáles serán los proyectos que deberán ser priorizados. Asimismo, surgirán planes que sean más cercanos a los campesinos y serán apropiados por ellos; no serán planes hechos en una oficina en la capital del país, sino por la misma gente y en sus territorios.

Creemos que estos procedimientos nos permitirán usar de mejor manera los recursos. El cooperativismo tendrá un espacio importante ya que podrán asumir responsabilidades garantizando mayor efectividad; por ejemplo, en planes de construcción de vías terciarias, distritos de riego o acueductos en las veredas.  Seguido a esto, el sector cooperativo podría ser administrador, recaudador de recursos para mantenimiento y demás. Por ende, el papel de las cooperativas será fundamental.  

Una nueva etapa está por iniciarse: una alianza nueva entre instituciones del Estado y los campesinos con sus comunidades y asociaciones para crear instituciones particulares que funcionen en las zonas rurales que no hayan sido atendidas.

Lo más importante no es lo que se habla en La Habana; eso es una base o un marco. Lo primordial es imaginar conjuntamente territorios en paz, pensar cuál puede ser la contribución de cada actor o asociación en la construcción de la paz con el ánimo de que sea estable y duradera.

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