El rompecabezas de la inseguridad en Cali

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El General Castañeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, anunció la semana pasada su decisión de retirarse del servicio activo. Lo hizo por razones personales, que están asociadas al enorme riesgo que es ser jefe de Policía de una ciudad en la que a pesar de los esfuerzos oficiales la violencia no cede.

Rompezabezas para el pueblo

Castañeda estuvo cerca de ser alcanzado por una onda explosiva en agosto del año pasado cuando acudía a atender un caso de terrorismo en el barrio El Refugio, en el sur de Cali. Cuando llegaba al lugar, otra bomba explotó, pero –por fortuna no lo alcanzó–. Se trató de un caso en el que los delincuentes usaron el método del “cazabobos”, que las autoridades creen que fue el mismo que usaron fállidamente en las Torres de Maracaibo el jueves en la noche.

Seis agentes, un reportero gráfico del diario El Tiempo que, como Castañeda, llegaban  a atender el hecho resultaron heridos. Ese día la familia del General lo obligó a jurarles que dejaría la Policía pronto. En forma indirecta, las organizaciones criminales habrían logrado doblar la resistencia del comandante policial de la ciudad, un oficial querido por las autoridades locales.

La incertidumbre generada por el hecho de tener que enfrentar una guerra sin fin, que parece vivirse en Cali desde hace casi dos décadas, lo llevó a prometerle a su hija de 9 años que dejaría la institución.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, pidió que se quedara mientras le conseguían reemplazo y le solicitó interrumpir las vacaciones, cosa que el general Castañeda aceptó. El viernes de la semana anterior llegaron a Cali el general José Roberto León Riaño, comandante de la Policía Nacional, y el Ministro de Defensa y convencieron finalmente a Castañeda de quedarse. El General aceptó, pero no será por mucho tiempo.

Por Cali han pasado más de diez comandantes de Policía, entre ellos el general Óscar Naranjo, sin que ninguno haya podido reducir en forma significativa la tasa de violencia homicida.

Los alcaldes, unos con mayor compromiso que otros, han adoptado políticas públicas de seguridad y convivencia ciudadana, con resultados marginales. En general, los gobiernos locales han tratado de minimizar el problema, de señalar que se trata de un fenómeno nacional con efectos en la ciudad, de destacar resultados operativos reales, pero sin efectos en las tasas efectivas de criminalidad.

Si se hace un análisis por departamentos, incluyendo a Bogotá, el Valle del cauca resulta ser de lejos el departamento con más homicidios. Sin embargo, las zonas del país que reportan mayores tasas de homicidio corresponden a los departamentos de Guaviare, Arauca, Putumayo, Valle del Cauca y Antioquia, donde hay entre 77 y 101 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Si se hace un análisis por departamentos, incluyendo a Bogotá, el Valle del cauca resulta ser de lejos el departamento con más homicidios. Sin embargo, las zonas del país que reportan mayores tasas de homicidio corresponden a los departamentos de Guaviare, Arauca, Putumayo, Valle del Cauca y Antioquia, donde hay entre 77 y 101 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Se han limitado a decir que son fenómenos aislados que las autoridades tienen controlados, como una especie de “vergüenza familiar” que se esconde, pero que no se resuelve. El alcalde Rodrigo Guerrero, en esa misma línea, expresó esta semana que caminar por Cali era como hacerlo por una ciudad europea, lo que causó una gran reacción en las redes sociales, donde la ciudadanía caleña reclama acciones efectivas de parte del gobierno local.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Carlos José Holguín, salió a replicar cifras reveladas por la Personería de Cali que muestran que en 2013 ha habido un incremento de los casos de homicidio en comparación con la situación del año anterior, que tampoco fue especialmente favorable. Las cifras le dan la razón al personero Andrés Santamaría, pero la actitud de Holguín muestra una vez más la intención de “barrer debajo de la alfombra”.

El pico más alto de muertes violentas por homicidio se presentó en Cali entre la semana del 25 de febrero y el 3 de marzo, pues según estadísticas de Medicina Legal en esos siete días hubo 50 muertes violentas, lo que responde a la  preocupación del personero Santamaría.

La Personería sostiene la tesis de que “más del 90 % de los homicidios cometidos involucran armas de fuego”. Lo que se corrobora al hacer un comparativo de entre enero y marzo de los últimos tres años.

Una de las falencias de las políticas de seguridad de Cali es que los secretarios de Gobierno no han logrado construir capacidades institucionales suficientes para liderar procesos exitosos. Por ahí han pasado Jorge Iván Ospina (ex alcalde) y Holguín, entre otros.

DATOS SEGURIDAD DOSEl actual Secretario de Gobierno, a los cargos que ha ocupado ha llegado como “cuota” de su padre, el exministro y exgobernador Carlos Holguín Sardi, pero no ha demostrado tener mérito propio. Su estilo arrogante le dificulta construir relaciones con las demás instituciones y sus fórmulas son repetitivas. Con lo que se asegura que ocurra lo que Perogrullo anunció: si seguimos haciendo lo mismo, los resultados serán los mismos.

La designación del caleño Francisco Lloreda, también heredero del prestigio de su padre, el exministro Rodrigo Lloreda Caicedo, como consejero presidencial de Seguridad Ciudadana generó expectativa. Promovió la adopción de un plan que se ha venido cumpliendo, pero que no ha implicado disminución en los índices de violencia que aquejan a la ciudad.

El general Castañeda dice que los resultados no “serán de la noche a la mañana”; sin embargo,  hay otras ciudades como Bogotá y otras de América Latina que han logrado reducciones significativas en corto tiempo.

DATOS SEGURIDAD TRESLos anuncios de grupos especiales, de más policías y trabajo con jóvenes en riesgo son repetidos. Se vienen haciendo en Cali hace casi 20 años. En la ciudad operó el Bloque de Búsqueda  a comienzos de los años 90, se puso en funcionamiento el Plan Cuadrantes, se mejoraron los equipos de transporte y comunicaciones de la Policía, y nada produce efecto.

La ciudad exporta observatorios de violencia a toda América Latina, así como metodología de interpretación de los fenómenos de violencia y delincuencia. Cisalva, el grupo de investigación creado por la Universidad del Valle, como resultado de la aplicación de los métodos de la epidemiología que trajo Guerrero hace 25 años en su primera Alcaldía, es uno de los más prestigiosos de la región en ese tipo de trabajo. No obstante, en Cali, a pesar de contar con buena información y análisis las fórmulas que se ensayan, no produce resultados.

Comparados con los esfuerzos de otras ciudades los aportes del gobierno local resultan exiguos. Bogotá aporta más de $200.000 millones de sus propios recursos al Fondo de Seguridad, mientras que Medellín llega a $100.000 millones. En el departamento del Atlántico y en Cartagena para la seguridad se cobran sobretasas en las facturas de los servicios de energía y telefonía, respectivamente. Y estos recursos superan los $40.000 millones.

En vez de un plan, en Cali parece haber programas inconexos que responden a interpretaciones diversas e incluso contradictorias de los fenómenos de violencia. Por una parte, se predica el fortalecimiento policial y se reclama eficacia judicial para incrementar el castigo a los delincuentes; y por otra, se proponen planes para que se les prohíba a los ciudadanos portar armas y se trabaja en intervenciones sociales en zonas con altas concentraciones de crimen y con jóvenes en situación de riesgo. Pero esas acciones no tienen un solo hilo conceptual.

A Cali le han dado muchos diagnósticos de criminalidad, varios muy detallados. Si bien los fenómenos están identificados, los remedios no producen efectos. Esta ciudad soporta la paradoja de tener un alcalde que es invitado a las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos a dictar conferencias sobre políticas de seguridad y convivencia ciudadana, las universidades tienen de profesores a varios de los más reconocidos expertos en materia de seguridad, el ministro de la Defensa y el comandante nacional de la Policía dan declaraciones y anuncian resultados, pero nadie consigue reducir efectivamente la criminalidad.

Andrés Santamaría Garrido

Recuadro Andrés SantamaríaPersonero municipal

En Cali no ha existido en los últimos años una disminución en términos porcentuales en materia de homicidios. Por el contrario, se ha mantenido una tendencia numérica parecida. Esto se debe, sin duda alguna, a que los últimos gobiernos locales no han tenido una política pública de forma continua en materia de seguridad.

Lo anterior lo podemos ver en temas como impulsar procesos de cultura ciudadana, cuando un porcentaje de ellos se cometen por intolerancia; una definición porcentual clara de los aportes continuos del municipio a la Policía, y no de manera coyuntural y a criterio del gobierno local, como ha venido sucediendo; la falta de definición de una posición de ciudad frente al porte de armas legales, ha provocado que sea la Tercera Brigada quien asuma esta postura, de forma autónoma. Contrario  a lo que  sucede en otras ciudades como Medellín y Bogotá, que han dejado expuesto sus posturas a las autoridades militares.

En adición, la autoridades locales no ha logrado impulsar la justicia; contrariamente, las cifras de impunidad en materia de homicidio van en aumento, el déficit en número de fiscales y policías está generando la falta de sanción judicial a los victimarios, y los gobiernos locales de Cali han  mirado el mejoramiento a los operadores de justicia como una función exclusiva de Bogotá, y aquí poco interés han mostrado.

Finalmente, al no existir una política pública de seguridad, no hay  tampoco un indicador de éxito en la disminución de homicidios, a manera de calificación clara para las autoridades, pues no cualquier disminución en la cantidad de homicidios merece la acción gubernamental.

Hugo Acero Velásquez

Consultor Internacional

El problema de Cali en gran parte es que se está ante una criminalidad organizada que desde la época del Cartel de Cali no se ha podido desarticular del todo, más bien se ha multiplicado en grupos más pequeño pero igualmente organizados. Tan organizados dichos grupos, que tienen una alta capacidad para corromper a funcionarios de seguridad, justicia de otras instituciones estatales, quienes con la información que les entregan hacen más difícil el trabajo de las instituciones que tienen la función de perseguirlos y ponerlos a disposición de la justicia.

Por otro lado, reconociendo que el problema no es responsabilidad exclusiva de la Policía, hoy en Cali y en la casi todo el país unos pocos fiscales están trabajando en equipo con la Policía de investigaciones, la mayoría se comportan como jueces de garantías y desafortunadamente algunos  jueces se están comportando como abogados defensores. Se podría decir que es temor, pero también puede haber problemas de corrupción.

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