Espero que las víctimas no se dejen manipular por oportunistas: Ministro del interior

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Esta semana sale de su despacho otro decreto que reivindica derechos adquiridos por los indígenas en la constitución del 91 pero que no se han cumplido. Llama a las víctimas de las FARC a no dejarse manipular y habla de cómo este país se volverá un “Gran Hermano” para luchar contra la inseguridad. Además, expresa y explica sus dudas respecto a que Cali se vuelva una ciudad distrito.

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Claudia Palacios: Ministro, usted ha hecho en dos meses concesiones a los indígenas de todo el país respecto a su autonomía territorial y manejo de recursos. ¿Por qué?

Juan Fernando Cristo: Esas no son concesiones sino el reconocimiento a los derechos de los indígenas que están contemplados en la Constitución de 1991. Pese a eso, han pasado 23 años sin que el Congreso expidiera una ley para reglamentar esos derechos, por tanto el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en un hecho histórico, tuvo el valor de avanzar en el reconocimiento de esos derechos para que estas comunidades manejen sus recursos de salud y educación. Con el decreto, lo que se busca es que lo hagan con el control fiscal del Estado, a través de sus gobernadores y cabildos, respetando su cosmovisión y entorno. Eso se debe reglamentar. El otro decreto corresponde a la protección de los territorios ancestrales de los indígenas que es apenas justo que el Estado les de una garantía jurídica a estos territorios que han sido ocupados por ellos.

C.P.: ¿Cuándo sale ese decreto?
J.F.C.: Esta semana.

C.P.: ¿Eso no choca con los acuerdos de paz?
J.F.C.: En absoluto. Esos temas no se han abordado en la mesa de conversaciones de La Habana.

C.P.: ¿Eventualmente no serían territorios que podrían ser usados para Zonas de Reserva Campesina, por ejemplo?
J.F.C.: Ahí hay un tema de disputa territorial en algunas zonas específicas del país pero los territorios que hoy son reconocidos como cabildos indígenas no se pueden tocar para pensar en incluirlos en una zona de reserva campesina.

C.P.: ¿Usted les pidió algo a cambio? Se lo pregunto porque algunos funcionarios han llamado la atención sobre el abuso de los indígenas en temas como la aplicación de justicia, basándose en su cosmovisión?
J.F.C.: Aquí no hubo ningún proceso de negociación sino el desarrollo del gobierno de una norma constitucional de 1991. Les exigimos un compromiso muy claro en materia de inversión transparente y eficiente de los recursos, y serán vigilados por el gobierno nacional y la Contraloría General de la República.

C.P.: ¿De qué cantidad de dinero estamos hablando?
J.F.C.: No se puede contabilizar todavía la plata porque no es un proceso que lleve a que mañana se vayan a hacer giros. Depende de las comunidades, de si están organizadas y si cumplen unos requisitos para poder ser ‘acreditadas’ y recibir así los recursos e invertirlos. Por tanto, no se pueden cuantificar hoy los recursos pero sí decir que son los recursos de educación y salud del Sistema General de Transferencias.

C.P.: Otro tema sensible entre los que usted maneja es el de lucha contra la inseguridad. Entiendo que han instalado cerca de 4.000 cámaras de vigilancia en las calles desde que comenzó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. ¿Cuántas cámaras más instalarán en las calles para este segundo período de gobierno?
J.F.C.: Con base en la encuesta de seguridad del Dane, el Presidente Santos definió un plan de choque para las 11 capitales del país en donde se concentra el 82% de la criminalidad. Las 4.200 cámaras instaladas en primer período han demostrado una enorme eficacia en la lucha contra la delincuencia ciudadana, el microtráfico, las bandas de extorsión y el atraco callejero, entre otros delitos. Lo que queremos para este segundo cuatrienio es reforzar toda la inversión del Estado en materia de tecnología para la lucha contra el crimen. Obviamente es importante el aumento del pie de fuerza, los CAI y las estaciones de Policía pero las cámaras tienen una incidencia directa en prevención y capturas. Estamos haciendo en este momento una evaluación para determinar si en los siguientes cuatro años nos concentramos en los grandes centros urbanos para garantizar cobertura plena.

C.P.: ¿Sería cuántas cámaras más?
J.F.C.: Al menos unas 6.000 cámaras adicionales para llegar, en los ocho años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, a 10.000 cámaras instaladas con la más moderna tecnología. En las salas de monitoreo se puede captar hasta la placa del vehículo que va en la avenida o hasta lo que la señora saca del bolso, esto es el ¡gran hermano!

C.P.: Le van a decir que tenemos un gobierno espía…
J.F.C.: (Risas) He pensado en eso pero no porque esto es para los espacios públicos.
C.P.: Pero a pesar de los buenos resultados de los que usted habla, Cali no pasa por buenos días en materia de seguridad. ¿Cuál es el plan para Cali?
J.F.C.: El Ministro de Defensa estuvo allá en un consejo de seguridad para tomar medidas. Esta es la maldición del narcotráfico en el Valle del Cauca y la lucha entre las bandas pero nosotros esperamos que podamos ir acabando con ellas y capturando a esos criminales que le han hecho mucho daño al Valle. El plan de choque ya está funcionando, sin embargo, estas vendetas entre las bandas son difíciles de controlar.
C.P.: O sea que tenemos que resignarnos a vivir con narcotráfico?
J.F.C.: El país ha tenido un avance importante en la lucha contra el narcotráfico y hemos sido exitosos pero es una verdad que no podemos ocultar que el fenómeno no lo hemos podido derrotar. Buena parte de lo que se habla en la Habana en el punto tercero sobre el narcotráfico será muy importante a futuro si logramos que grupos que se lucraron de esta actividad abandonen el negocio. Hay que persistir en la lucha contra el narcotráfico por todos los medios sabiendo que logramos eliminar las bandas grandes y que las pequeñas aun le hacen mucho daño al país.
C.P.: ¿En qué va la intención de convertir a Cali en un distrito?
J.F.C.: Hemos querido dialogar con las autoridades departamentales y municipales junto con la bancada parlamentaria del Valle. Lo que queremos es ser muy eficaces en cuanto a expedir normas que luego no se queden en el papel. Hace un par de años el Congreso creó el distrito portuario y turístico de Buenaventura. En los últimos tres años se expidió una ley de ordenamiento territorial, una ley de áreas metropolitanas, un código de régimen municipal, se han creado distritos, pero tenemos muchos instrumentos de política territorial que no parecen mostrar resultados concretos. Se crean expectativas en la gente que al final no se cumplen o las leyes finalmente no generan el impacto positivo que uno quisiera. Por ello queremos mirar el proyecto en conjunto y comprometernos con la ciudadanía de Cali.
C.P.: ¿Pero la postura del gobierno es a favor o en contra de que Cali sea distrito?
J.F.C.: Debemos evaluar con toda concreción para no generar falsas expectativas en lo que significa que se convierta en distrito.
C.P.: ¿Qué es lo que cambiaría si Cali se convierte en distrito? ¿El gobierno le tendría que dar más recursos?
J.F.C.: Esa es la discusión. Hoy en día hay un Sistema General de Transferencias que distribuye los recursos entre los departamentos y unos pocos distritos: Santa Marta, Cartagena y Barranquilla fundamentalmente. Cuando en el Congreso se tramita la creación de un nuevo distrito se termina afectando el giro de recursos a todas las entidades territoriales. De eso surge un debate: si se crea un distrito para resaltar una vocación turística, industrial, cultural o educativa de un municipio, se pueden concentrar esas tareas sin tener implicaciones fiscales, pero se puede crear también para que reciba más recursos de la nación.
C.P.: Por lo que veo usted estaría más inclinado a que no, que a que sí…
J.F.C.: Ni lo uno ni lo otro. Hay que evaluar cuál es el propósito del distrito y buscar una concertación. Esos proyectos territoriales no son fáciles de tramitar en el Congreso.
C.P.: Tras el abucheo en el reciente foro de víctimas, y las críticas del Centro Democrático por el manejo que el gobierno le da al viaje de las víctimas a La Habana, qué piensa?
J.F.C.: ¡Primero hay que vivir para ver ese tipo de cosas!  Cuando uno ve a los dirigentes del Centro Democrático hablar de víctimas se sorprende porque el gobierno del ex presidente Uribe duró ocho años desconociendo un conflicto armado y por ende desconociendo que había víctimas producto del conflicto. Hundió el primer intento que tuvimos de hacer una ley en el año 2008 y no de manera discreta sino abiertamente y de cara al país diciendo que esa ley no era importante, que costaba mucha plata y que a las víctimas no se les podían garantizar todos esos derechos. Hoy los vemos rasgándose las vestiduras por los derechos de las víctimas y eso resulta curioso. El gobierno del Presidente Juan Manuel Santos está muy comprometido con la reparación de las víctimas en general, lo cual nunca se había hecho en la historia del país. Ojalá las víctimas de las FARC entiendan que ese es el compromiso del gobierno y que no se dejen manipular por oportunistas de última hora en este tema.
C.P.: Quiere decir oportunistas del expresidente Uribe para abajo?
J.F.C.: Oportunistas que nuca pensaron en las víctimas, que las ignoraron, que las menospreciaron en los últimos años y que ahora, simplemente con el propósito de torpedear el proceso de paz en La habana, pretenden utilizarlas. Estoy seguro que las víctimas no se van a dejar utilizar ni dividir.

C.P.: Y usted como víctima que también es, por el asesinato de su padre de parte del ELN, qué espera?
J.F.C.: Saber la verdad y por qué lo mataron.

C.P.: Y perdonó o perdonaría a los que lo asesinaron?
J.F.C.: No me han pedido perdón los directos autores materiales e intelectuales pero sí estoy dispuesto a perdonar.

C.P.: Y que vayan a la cárcel?
J.F.C.: Ante todo quiero verdad.

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