¿Está pidiendo lo que no se debe la Registraduría?

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Floro Hermes Gómez PinedaPor Floro Hermes Gómez Pineda
Twitter: @Florohermes

He conocido un oficio circular de la Registraduría Nacional del Estado Civil suscrito por los Registradores Especiales del Estado Civil, en el cual se solicita a una institución de educación superior “los datos correspondientes a los funcionarios, estudiantes, contratistas, empleados, partidarios, etc. mayores de edad”. Dos de esos datos pedidos son la “filiación política” y el “puesto de votación”.

De inmediato quedan al desnudo unas peticiones improcedentes: los datos sobre contratistas, partidarios, la filiación política y el puesto de votación, tal como lo explicaré a continuación.

Si bien es cierto, la Registraduría Nacional del Estado Civil está autorizada por la Ley 163 de 1994, artículo 5, parágrafo 1, para solicitar las listas de las personas que pueden prestar el servicio de jurados de votación; esta solo debe entenderse como la lista de su personal y de sus estudiantes mayores de edad. En consecuencia, la Registraduría no puede solicitar información sobre los contratistas.

Pero, además, sabiendo que las empresas de conformidad con la Ley 1581 de 2012 están obligadas a proteger los datos sensibles de sus contratistas, quiere decir que ninguna empresa puede dar trámite a la petición de la Registraduría sin el consentimiento libre e informado de ellos, toda vez que Colombia es una democracia liberal y, por lo tanto, se obedecen leyes no hombres ni instituciones.

En cuanto a los partidarios, la filiación política y el puesto de votación, ninguna empresa puede entregarlos porque no están autorizadas legalmente para obtener estos datos sensibles, hoy protegidos por la Ley 1581 de 2012, salvo que el titular mediante consentimiento libre e informado los haya comunicado y, además, permitido que sean informados a un tercero, en este caso la Registraduría.

Pero allí no para la cuestión: en el repertorio de recomendaciones prácticas adoptado por la OIT, sobre la protección de la vida privada de los trabajadores durante la reunión efectuada en Ginebra, entre 1 al 7 de octubre de 1996, en cumplimiento de la decisión tomada por el Consejo de Administración de la OIT en su 264.ª reunión (noviembre de 1995), se dispuso que los empleadores no deberían recabar datos personales que se refieran a las ideas políticas, religiosas o de otro tipo.

Estas cuestiones de averiguar por partidarios, la “filiación política” y el “puesto de votación”, además de no estar respaldadas por la ley, significan una amenaza para la democracia colombiana que empresarios, políticos y ciudadanos debemos rechazar y abominar, porque son las bases sólidas para el establecimiento de una tiranía (que mucho desea el uribismo), la cual nos haría regresar a los sórdidos años de la violencia partidista durante los siglos XIX y XX, hoy olvidada por los menores de 40 años como consecuencia de haber eliminado la historia del pensum de nuestras escuelas.

En conclusión, el ente obligado a las más pulcras y transparentes prácticas en el manejo de los datos sensibles de un ciudadano, la Registraduría Nacional del Estado Civil solicita una información no debida, la cual pone en riesgo nuestra liberal democracia y le envía al mundo liberal desarrollado un mensaje que los llevará a mirarnos con desconfianza.

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