Estado débil, cultivos ilícitos y marginalidad regional

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Alejo-VargasPor Alejo Vargas

Hay dos grandes problemas que atraviesan en buena medida la conflictividad social colombiana: la debilidad del Estado y el narcotráfico. Los dos se relacionan, pues en buena medida el gran auge del narcotráfico en las últimas décadas tiene que ver con la profunda debilidad del Estado, que no se resuelve solo fortaleciendo la Fuerza Pública –eso solo es una parte del problema–; implica que el Estado esté presente en todo el territorio, esto es que haya una administración de justicia creíble y que opere, que haya escuelas, puestos de salud, partidos políticos, en fin, institucionalidad estatal y social. Y esto se encuentra lejos de darse.

 Podemos decir que hay dos Colombias totalmente diferentes, una es la del país andino del centro y de las grandes ciudades –donde hoy en día vive la mayor parte de los colombianos–, con una presencia por lo menos medianamente aceptable del Estado. Otra es la Colombia de las regiones y del mundo rural, la que parcialmente vemos y ‘descubrimos’ los colombianos urbanos cuando hay conflictos sociales como el del Catatumbo, pero que es similar en buena parte de la Orinoquía, la Amazonía, las zonas de la costa Pacífica y en general las regiones de colonización reciente; allí el Estado es una ficción y si hay algún vestigio es el de la Fuerza Pública, que la mayoría de veces va de paso, pero los compatriotas que allí habitan no tienen ninguna percepción y por lo tanto mínima identidad con eso que llamamos Estado –no existen vías de comunicación aceptables, los puestos de salud y las escuelas son impresentables, si existen, la autoridad es un rey de burlas frente a los poderes ilegales reales–. Allí la vida social y económica es regulada por el poder armado que exista –un grupo guerrillero, una banda criminal, un grupo armado de traficantes, etc.-. Y es en ese mundo donde el desarrollo de actividades ilegales como los cultivos ilícitos y toda la cadena del narcotráfico que se deriva y se vuelve, lamentablemente, una opción económica para muchos de los colombianos que allí habitan.

Y claro, el narcotráfico ha sido probablemente el factor más perverso para la sociedad colombiana, cambió en buena medida valores sociales, colocando el enriquecimiento fácil y a cualquier precio como referente para muchos colombianos; se convirtió en un dinamizador del conflicto interno armado al suministrar elementos de financiación fundamentales para la guerra; penetró instituciones del Estado, incluyendo personas y unidades de la Fuerza Pública, pero también la política, sectores de la economía, etc. Pero todo esto fue posible por la inexistencia y debilidad del Estado.

 Por eso hay tantas regiones marginalizadas y donde equivocadamente –aunque con la mejor buena fe– tratamos de adelantar un proceso de descentralización a las carreras y sin bases reales sobre las cuales sustentarse. Esto explica porque muchos de los gobernantes locales y regionales, si bien son elegidos, realmente no tienen una visión de desarrollo de sus regiones y menos de construir proyectos que generen consensos regionales, pero adicionalmente no cuentan con institucionalidad para adelantar de manera adecuada cualquier gestión de gobierno.

 Por ello podemos decir que la tarea más importante que debemos adelantar los colombianos, en lo que se ha denominado la implementación de los acuerdos con la guerrilla, o el postconflicto como lo denominan otros, es adelantar un proceso de construcción y fortalecimiento del Estado en múltiples regiones, para que no sean más los ilegales quienes regulen la vida en esos territorios; un Estado legítimo en la medida en que es útil y sirve al ciudadano. Hay que recordar que si no existe un Estado con legitimidad y por lo tanto aceptación social, tienden a llenar esos vacíos actores ilegales de diversa naturaleza.

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