Estado, modelo económico y paz

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Germán Ayala Osorio

Comunicador Social – Magíster en Ciencias Políticas

Miembro del Centro Interdisciplinario de la Región Pacifico Colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente

Ahora que se abre la posibilidad para que grupos de la sociedad civil colombiana participen en el delicado diálogo de paz entre la cúpula de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, bien vale la pena que la universidad y otros sectores, señalen la necesidad de modificar o ajustar el modelo económico vigente, el mismo que el actual Presidente considera como no susceptible de negociación. La postura del gobierno de Santos cierra la posibilidad de revisar a fondo las circunstancias que de tiempo atrás le restan legitimidad no solo al Estado, sino al régimen político y al modelo económico neoliberal vigentes hoy en Colombia.

Con su postura, el Presidente valida no solamente las mínimas condiciones con las que hoy el Estado colombiano responde ante poderosos actores económicos privados y a una incontrolada inversión extranjera, sino que privilegia el asistencialismo como expresión política y social de un Estado precario e incapaz de garantizar condiciones de vida digna para todos sus asociados. Ejemplo de ello constituye la Ley 1532 del 7 de junio de 2012 con la que se regula el programa Familias en Acción. De esta forma, los recursos económicos entregados para familias pobres, durante los gobiernos de Pastrana, Uribe y Santos, en adelante se adjudicarán como parte de una política asistencialista de Estado que servirá electoralmente para que Santos y otros se reelijan.

Santos y sus voceros en La Habana parecen olvidar que el Estado colombiano, históricamente, se presenta como un orden social, político, económico y cultural precario y lábil, circunstancia que se manifiesta, atraviesa y sujeta los alcances de las políticas económicas y sociales implementadas por sucesivos gobiernos, cuyos planes de desarrollo suelen gravitar sobre un modelo económico extractivo, que a su vez alimenta un desarrollo agroindustrial con énfasis en monocultivos y prácticas ambientales insostenibles. La descarrilada locomotora minera es expresión de un modelo insostenible social y ambientalmente.

Así las cosas, los planes de desarrollo del orden nacional, regional y local están sujetos cada vez más a las relaciones de fuerza de poderosos actores locales y globales, interesados en un tipo de desarrollo que no asume responsabilidades socioambientales y menos aún está pensado para mitigar los riesgos que genera la implementación de grandes obras civiles (por ejemplo, carreteables), la entrega de licencias ambientales para proyectos de minería a cielo abierto en zonas frágiles de páramo y subpáramo, o en lugares en donde la minería generaría efectos negativos social, antropológica y culturalmente para una nación biodiversa desde la perspectiva identitaria.

Estas son, entonces, claras expresiones de un modelo de desarrollo extractivo que deja notables problemas socio ambientales, además de dudas frente a la capacidad estatal y a la responsabilidad privada de específicos actores de una sociedad fragmentada, para mitigar y manejar los riesgos que produce desarrollarse sin posibilidades de resiliencia; y claramente, en las circunstancias  y contingencias que ofrece un Estado débil, con unas instituciones frágiles y una institucionalidad que claramente beneficia a la iniciativa privada, nacional y transnacional, el resultado no puede ser más desalentador: el sometimiento de la oferta y los servicios ambientales de un país biodiverso, a las lógicas de un capital sobre el cual el Estado no ejerce control fiscal, ambiental y político.

Colombia asumió compromisos ambientales articulados a cumbres ambientales internacionales (Cumbre de la Tierra, 1992, y Cumbre Río + 20, 2012, entre otras), lo que le permitió en su momento crear instituciones ambientales para encarar una creciente e incontrolada inversión extranjera y nacional, empeñada en explotar los recursos del subsuelo.

Con el paso de sucesivos gobiernos, hay que decir que varias instituciones ambientales pero, sobre todo, la institucionalidad ambiental ganadas en los noventa con la promulgación de la Ley 99 de 1993 y la creación del SINA[1], hoy están profundamente debilitadas por acciones de gobiernos nacionales, departamentales y locales que, a través del clientelismo, la permisividad  y la deficiente vigilancia de instituciones de control (ministerio Público, especialmente procuradurías ambientales y la Contraloría General de la República), han permitido que hoy particulares tengan títulos mineros y permisos de exploración y explotación en zonas frágiles y de especial valor ambiental.

Mal hacen, entonces, el gobierno de Santos y sus voceros en continuar defendiendo un modelo económico extractivo con el que se garantiza un Estado mínimo y, por ese camino, la imposibilidad de cumplir con las responsabilidades propias de un Estado social de derecho. Si en esas condiciones las partes dialogantes firman la paz, lo más probable es que ésta solo se dará por el silenciamiento de los fusiles, pero no por la construcción de escenarios de un duradero posconflicto, que requiere de un Estado social de derecho fuerte, que enfrente con decisión los altos niveles de inequidad y de exclusión social que hoy exhibe Colombia. Esperemos que la academia y otros sectores de la sociedad civil presionen la discusión



[1] Sistema Nacional Ambiental.

 

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