Estado, sociedad y medio ambiente

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Germán Ayala OsorioPor Germán Ayala Osorio

Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER

Universidad Autónoma de Occidente

Como referente de orden, el Estado colombiano  exhibe graves problemas. Eso es innegable. Históricamente el Estado colombiano ha sido incapaz de garantizar la convivencia pacífica dentro de su amplio territorio y por ese camino, permitió el levantamiento armado en circunstancias que hoy se mantienen porque están articuladas, dichas circunstancias, a un ejercicio concentrado del poder político y económico en una reducida élite.

Por ello, el fin del conflicto, como anhelo nacional, debe ser el punto de partida para la sociedad en su conjunto y para quienes en estos momentos guían los destinos del Estado, para repensar el orden social y político establecido, con el claro objetivo de modificar sustancialmente las condiciones de debilidad manifiesta en las que opera el Estado para enfrentar, por ejemplo, los desafíos ambientales que de tiempo atrás viene produciendo el boom minero en Colombia.

Si el Gobierno de Santos logra poner fin al conflicto armado con las Farc –y ojalá más adelante con el ELN–, deberá trabajar para hacer que el Estado enfrente con decisión y con autoridad  a multinacionales que violan las normas ambientales y las leyes; también, para acercarse al ciudadano del común para que éste confíe en las instituciones estatales y pueda recibir de estas la  prestación de servicios de alta calidad y por supuesto, la realización de los derechos de todos y de cada uno de los colombianos.

El reto, entonces, es mayúsculo en la medida en que hoy el Estado colombiano brilla por su ausencia en amplios sectores geográficos a los que suele llegar con actividades propias del asistencialismo y en el peor de los casos, con el poder coercitivo de sus fuerzas armadas.

El posconflicto, entonces, aparecerá como una enorme utopía si la élite empresarial y política no cede en privilegios y hace esfuerzos económicos y políticos que permitan que el Estado se legitime frente a millones de colombianos que hoy sufren por su ausencia y por su incapacidad para garantizar los derechos sociales, políticos, económicos y ambientales consagrados en la Carta Política de 1991.

Quizás sea la hora de pensar en un Plan Colombia para el posconflicto. Pero un Plan fundado en la variable socio ambiental y no exclusivamente en el ámbito militar tal y como sucedió con el Plan Colombia que ejecutó el gobierno de Pastrana Arango.

Las disímiles formas de entender el Estado que hoy exhiben funcionarios como el Procurador Ordóñez y sectores del Congreso, así como  las que promueve el propio Presidente y las que hoy tienen en mente los miembros de la cúpula de las Farc, claramente se oponen o no logran acercarse a la naturaleza o al espíritu que están consagrados en la Constitución Política de Colombia. Ese es, quizás, el mayor obstáculo que deberá enfrentar el país, para poder diseñar escenarios viables y perennes de posconflicto.

En la contienda electoral de 2014, los colombianos que le apuestan al fin del conflicto armado y a la búsqueda de la paz, deberán escoger muy bien a quienes desde el Congreso y desde la Presidencia, estén comprometidos con lograr un orden justo que asegure que en medio de las diferencias, podamos convivir todos dentro del biodiverso territorio nacional.

Ya sabemos que los sectores de derecha y de ultraderecha que acompañan las aspiraciones políticas del Uribe Centro Democrático (UCD), defienden la idea de un Estado mínimo y premoderno, que a todas luces lo único que garantiza es la permanencia de la guerra interna y la ilegitimidad del orden social establecido. La oportunidad para cambiar el destino de Colombia, está dada. Debemos actuar con inteligencia y decidir con criterio.

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